Las autonomías afrontan con críticas la reforma de las bajas médicas

Las comunidades autónomas afrontan de manera muy dispar la reforma en la gestión de las bajas médicas que entrará en vigor el 1 de diciembre. La mayoría afirma que todavía está en proceso de preparación del nuevo sistema informático y que los médicos están informados de los cambios, aunque algunas critican que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no se haya "esforzado" en lograr un consenso y que el organismo haya desaprovechado esta reforma para eliminar la burocracia que existe en la gestión de la incapacidad laboral temporal.

EL PAÍS ha consultado a los portavoces de las consejerías de sanidad de las 17 comunidades autónomas por los posibles problemas de adaptación a un sistema que no cambiaba desde tiempos preconstitucionales. Tras contactar por distintas vías con sus respectivos departamentos, las comunidades de Castilla y León, País Vasco y Canarias no han respondido a las preguntas de este diario.

¿Está preparada su comunidad autónoma ante la reforma?

Las autonomías afirman que están en proceso de preparación, algunas creen que estarán preparadas para el mes que viene y otras creen que necesitan algunos meses más. Casi todos los portavoces consultados subrayan las dificultades que supone la adaptación a los cambios en el sistema de bajas médicas: "Las continuas, y a veces cambiantes, instrucciones están exigiendo un enorme esfuerzo a Cantabria para adaptarse a las exigencias del decreto", especifican desde la consejería cántabra.

"Nos hubiera gustado disponer de un período de tiempo que nos permitiera hacer pruebas", explica un portavoz navarro. Solo esta comunidad y Cataluña afirman estar preparadas para aplicar ya los cambios: "El impacto del cambio en Navarra no será tan alto como el que sufrirán otras comunidades autónomas, puesto que nosotros ya cambiamos el sistema recientemente", explica un portavoz. En otras autonomías, que no habían modificado el sistema, les será más complicado adaptarse, como son los casos de Aragón y Cantabria, que han calculado que hasta febrero del próximo año no lograrán tener el programa informático completamente preparado.

Si bien hay comunidades autónomas que defienden el real decreto, la mayoría de ellas se quejan de que hubieran necesitado más tiempo para adaptarse: “Compartimos la preocupación de los profesionales por esta decisión del Ejecutivo que es probable que complique la gestión de las bajas, ya que su propuesta genera dudas que no están lo suficientemente resueltas”, afirma un portavoz de la consejería asturiana. “Los procedimientos deberían unificarse, preguntaremos por estas cuestiones en la próxima reunión con el INSS”, se justifica un portavoz riojano. Otras hacen referencia a la falta de consenso: "Es especialmente inadecuado abordar un cambio organizativo de esta magnitud sin el consenso de los servicios autonómicos de salud ni de las sociedades científicas", critica un portavoz de Castilla-La Mancha.

Si aplicamos el real decreto tal y como está es una locura que fomenta la burocracia" Portavoz de la Consejería de Sanidad extremeña

Algunas comunidades ponen el dedo en la llaga de la burocracia: “Se ha perdido una oportunidad de oro”, afirman desde la Consejería de Salud andaluza, señalando que podría haberse simplificado el sistema: “Los cambios dificultan en gran medida el seguimiento de las bajas concedidas y control de los procesos de incapacidad temporal”, añade. Estas críticas se refieren al aumento de informes complementarios preceptivos que los facultativos deberán rellenar para la inspección, que en bajas de más de un año podrá llegar hasta ocho o nueve informes anuales: “Es un tema demasiado burocrático y al margen de lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno”, afirma los responsables de Aragón. La consejería extremeña admite estar acometiendo los cambios, pero reconoce que este sistema no conseguirá reducir la burocracia: "Esperamos que en la práctica todo sea un poco más flexible, porque si aplicamos el real decreto tal y como está es una locura que fomenta la burocracia", lamenta un portavoz extremeño.

Los médicos, informados; los pacientes casi

Todas las comunidades afirman haber informado a los médicos de los cambios que se avecinan, y especifican el método que han elegido, como reuniones, charlas por los hospitales y envíos de documentación. La mayoría de ellas también aportan pinceladas de cómo plantean estrategias de comunicación para informar a los pacientes en los próximos meses, como trípticos o páginas en Internet.

A pesar de las críticas, los portavoces de las consejerías sanitarias no creen que la reforma vaya a suponer un problema entre los médicos: “Siempre que hay cambios se crea una situación de disconformidad temporal”, explican desde Cataluña. “Como todo, requiere un tiempo de adaptación al cambio”, afirma un portavoz de Galicia. “Todo cambio en la burocracia genera dudas, pero pensamos que no tiene por qué ocurrir: la nueva aplicación informática soluciona algún problema anterior y no genera ninguno nuevo”, defienden los responsables de la Comunidad Valenciana.

El enigma del fémur roto

El nuevo sistema estipula que el primer facultativo que reconoce al paciente es el que debe extender bajas, altas y parte de confirmación, por lo que ahora médicos especialistas y de urgencias podrán hacerse cargo de una tarea tradicionalmente en manos de los médicos de cabecera. No obstante hay ciertos casos que el real decreto no especifica. EL PAÍS ha trasladado a las consejerías el enigma que plantea el Foro de Médicos de Atención Primaria: “Si un paciente se rompe el fémur, el médico de urgencia le da la baja de un mes y una cita con el traumatólogo a los 14 días, ¿Quién debe extender el obligatorio parte de confirmación al séptimo día que estipula el real decreto? ¿El médico de cabecera (que no ha reconocido al paciente), el médico de urgencia (que podría no ser la misma persona que le atendió) o el traumatólogo (que aún no ha visto al paciente)?

Parece que hay cierto consenso (10 de las 14 comunidades consultadas) en señalar al médico de cabecera como responsable de extender el parte de confirmación. Las cuatro restantes (La Comunidad de Madrid, Valencia, La Rioja y Asturias) no han respondido concretamente a esta cuestión.