Lesmes Vs. Gimeno
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Joan Manel Abril, juez instructor de la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, ha tardado nueve meses en citarles a declarar. Los tres comparecerán, según la providencia dictada por el magistrado, como "querellados", una figura jurídicamente inexistente. Lo que quiere decir el juez es que les cita como imputados (investigados a partir de mediados de octubre cuando entra en vigor la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Senado el pasado 9 de septiembre).
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentó la querella, por orden del entonces fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el 21 de noviembre de 2014, ya que hasta entonces se resistió a hacerlo por voluntad propia. El pleno de la sala Civil y Penal del TSJC, integrado por el presidente, Miguel Ángel Gimeno, y los magistrados María Eugenia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y Francisco Valls, resolvió admitirla a trámite el 22 de diciembre. El magistrado Abril, cuya especialidad es el derecho civil, fue nombrado juez instructor de la causa.
La presentación de la querella comenzó con mal pie. Torres-Dulce confió el asunto al fiscal jefe del TSJC, José María Romero de Tejada, sustituto de Martín Rodríguez Sol, a quien el fiscal general destituyó pese a ser un amigo personal y haberlo nombrado en el cargo. Torres-Dulce le apartó a raíz de unas declaraciones en las que el mallorquín Rodríguez Sol defendía la necesidad de dar encaje al derecho a decidir. Hubo también otros enfrentamientos. Como, por ejemplo, la apertura de diligencias informativas sobre la filtración de un borrador apócrifo atribuido a la UDEF en 2012 con referencias al expresident Pujol y al president Mas, días antes de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012. El Ministerio del Interior y la Policía, origen de la filtración, consideraron intolerable la decisión e Rodríguez Sol.
Bien.
¿Por qué el magistrado Joan Manel Abril ha tardado nueve meses en citar a declarar a Mas, Ortega e Rigau?
Ha ordenado múltiples diligencias. La causa no ha estado guardada en un cajón. Pero ello no contesta la pregunta. Una vez admitida a trámite la querella y pasado un tiempo razonable, el magistrado debía citarles a declarar. Y no lo hizo.
Situémonos ahora en el 23 de julio de 2015.
Han pasado siete meses desde la presentación de la querella.
Estamos en el Palacio de Congresos de Barcelona. El Rey preside la ceremonia de entrega de despachos judiciales a treinta y cinco jueces que han obtenido su licenciatura en la Escuela Judicial, la promoción número 65. Están presentes Artur Mas; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Miguel Angel Gimeno, presidente del TSJC, y otras personalidades (foto que abre esta entrada).
En cierto momento, Carlos Lesmes se acerca a Miguel Ángel Gimeno (ambos en la foto) cuyo mandato de cinco años al frente del TSJC vence en diciembre. Gimeno es visto por los conservadores como un magistrado progresista.
Y le dice, sin ocultar o aparentar cierta disconformidad, que la querella de la Fiscalía contra Mas conoce una lentitud pasmosa, parece que está paralizada. Qué estáis haciendo. Han pasado ya siete meses desde la admisión a trámite.
Gimeno le explica que el magistrado Abril ha ordenado muchas diligencias y ha librado oficios para reunir el material indiciario. La querella versa sobre desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N.
Tenemos un problema, le explica Gimeno, y es que hay elecciones en Cataluña. Y pensamos que no conviene interferir. Las elecciones del 27-S estaban anunciadas, pero no convocadas. Mas firma la convocatoria el 3 de agosto.
En el acto se encuentra, según se ha apuntado, el ministro Catalá. A Lesmes le falta tiempo para contarle lo que le ha explicado Gimeno.
Es evidente que el TSJC instruye con parsimonia, para decirlo suavemente, la querella.
No es una excepción. Nada tiene que ver, pero, por ejemplo, el juez Pedraz ordena una entrada y registro en las casas de Oleguer Pujol y de Luis Iglesias, en Barcelona y Madrid, respectivamente, el 24 de octubre de 2014. Y es el día de hoy en que no han prestado declaración. A su vez Rodrigo Rato no ha prestado declaración por los delitos fiscales y de blanqueo que se le imputa desde hace largos meses en el juzgado 31 de Madrid. Y hay un presunto testaferro suyo, Alberto Portuondo, en prisión preventiva desde el 18 de agosto. La Fiscalía no ha solicitado la comparecencia del exvicepresidente del Gobierno, pero tampoco este se ha ofrecido a declarar.
Pero lo que hubiese sido normal, que Mas, Ortega y Rigau, fueran citados enseguida, digamos un mes después de admitida a trámite la querella, ahora, dos días después de las elecciones del 27-S, se ha convertido en una nueva bomba.
Desde luego, el Gobierno aporta su granito de arena.
El ministro Catalá es el que da la explicación de que el tribunal no quería interferir. ¿Y por qué tiene que dar explicaciones el ministro sobre la decisión judicial? Aparece Catalá como el padre de la decisión, el que quiere desactivar el problema ignorando que la sola palabra del ministro en nombre de los tribunales es una nueva cerilla arrojada en una Cataluña que ya arde. Porque se arde con el 47,7% de los votos, sin llegar al 50% más uno. Se arde igual. La incompetencia pasa muchas veces a segundo plano. Porque el maquiavelismo político atrae más como interpretación que la ineptitud pura y dura.
¿Se podía decir algo?
Se podía. ¿Para qué está el fiscal jefe Romero de Tejada que ha presentado la querella?
La Fiscalía del TSJC podía haber explicado su posición. A saber, que no se quería interferir. Pero Catalá quiso ponerse la medalla.
El tema de la comparecencia encierra una paradoja. Mas hubiese festejado su convocatoria judicial después de la admisión de la querella. Allí ante el instructor Abril podía explicar las razones políticas de su decisión sobre el 9-N. Era su particular versión de La Historia me absolverá, que diría Fidel Castro. Y ahora mismo, Junts Pel Sí está urgiendo con la citación de Mas a la CUP para que deponga sus reticencias y le aporte en segunda votación los dos votos que necesita para ser investido president.
Bien.
Lesmes, para decirlo todo, quiere cambiar a Gimeno. Su mandato vence en diciembre. Pero Gimeno será uno de los cuatro o cinco negritos, que diría Agatha Christie, en salir. El presidente del Supremo y del CGPJ prepara el cambio en otros TSJ, como el de la Comunidad Valenciana, donde quiere cargarse a la conservadora y celosamente independiente Pilar de la Oliva (que preside el juicio de la corrupción Gürtel en su primera pieza, la de Fitur), y los de Andalucía y Castilla y León. En noviembre, el pleno del CGPJ será informado sobre este plan.
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