Castilla-La Mancha llevará al juzgado el nuevo trasvase del Tajo

La autorización, este viernes, de un nuevo trasvase desde los pantanos de cabecera del Tajo hacia el sureste español en plena guerra del agua y en época de sequía volvió a encender los ánimos en Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno anunció su intención de recurrir tanto este desembalse como el autorizado en julio. Mientras allí hablan de “expolio”, los regantes murcianos califican de “agresión” el hecho de que el trasvase sea menor de lo que esperaban. El Consejo de Ministros aprobó ayer de urgencia tres millones en obras para paliar la sequía en la cuenca del Segura.

Los embalses de la cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía (entre Guadalajara y Cuenca), han bajado en una semana 14,4 hectómetros cúbicos, con lo que almacenan 379,2 hectometros, apenas el 14,4% de su capacidad. Y de ellos sale el agua que, mediante los 300 kilómetros del acueducto Tajo-Segura, llega hasta Alicante y Murcia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se autoriza un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía para el mes de agosto.

Pese a que la cantidad trasvasada es menor que la de julio (20 hectómetros), la decisión del Gobierno provocó las airadas protestas del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que anunció su intención de recurrir los dos desembalses. El próximo Consejo de Gobierno, el martes de la semana que viene, autorizará el primer recurso. “Ningún castellanomanchego entiende lo que está pasando, que se estén haciendo trasvases cuando los embalses de cabecera están peor que nunca, por debajo del 15%, y cuando se está incumpliendo de manera flagrante la normativa por la que no se puede trasvasar por debajo de los 400 hectómetros cúbicos”, aseguraron desde el Gobierno regional.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, también anunció este viernes que su Gobierno va a estudiar un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Montes que aprobó el Gobierno, que incluía “de tapadillo” en una disposición adicional el acuerdo del trasvase Tajo-Segura aprobado en 2013.

En Valencia y Murcia tampoco ha gustado el nuevo trasvase, pero por lo contrario: los regantes aseguran que se queda corto. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) lo calificó de “agresión a los regantes del trasvase, un golpe a la actividad económica y un mazazo al empleo”. También el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, mostró su “descontento” porque son “cinco hectómetros menos de los que se hubieran podido aprobar por ley”. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, intentó rebajar el tono de la polémica. Aseguró que no quiere “guerrear con el tema del agua, sino dialogar”, pero recordó que el trasvase responde a la “aplicación de la legalidad actual”.

El portavoz del PP en la Asamblea de Murcia, Víctor Martínez, expresó la “satisfacción” de su formación por la aprobación del trasvase al Segura, con el que cree que se palían las necesidades hídricas de la cuenca. También Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, habló sobre esta nueva autorización. Las cuencas hidrográficas “se tienen que poder compartir”, dijo. “Tenemos que ser solidarios con respecto a aquellos que viven en otras zonas que tienen menos recursos hídricos”, añadió, pero esa solidaridad “tiene que ser compatible” con un cauce “mínimo y exigible” del río Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid. El trasvase “tiene que respetar los cauces mínimos”, aseguró.

Esta polémica se produce en plena época de escasez de agua. El Gobierno declaró oficialmente la situación emergencia por sequía en dos cuencas, la del Júcar y la del Segura, en mayo pasado, lo que impuso restricciones del uso del agua en un área de siete millones de habitantes. Las inversiones —acondicionamiento de pozos, mejora de las conducciones— recogidas en los dos reales decretos, que el Ministerio de Agricultura ya anunció en junio pasado, se materializaron este viernes. El Consejo de Ministros autorizó 20 actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua en estas dos cuencas. La inversión supera los 40 millones.