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Casper y el hombre sin vida

La Audiencia condena a 90 años al narco Ángel Suárez, especialista en robar alijos

Ángel Suárez, 'Casper', llega a la Audiencia Nacional en 2011.
Ángel Suárez, 'Casper', llega a la Audiencia Nacional en 2011.luis magán

“¿Le ocurrió a usted algo grave en diciembre de 2009?”. Pedro X. (nombre ficticio al ser testigo protegido) miró hacia los lados, luego a su espalda, e inmediatamente le dijo al inspector que acababa de preguntarle. “Mejor declaro en la comisaría, aquí no me fío”. La conversación se produjo el 1 de marzo de 2011 en el portal de Pedro X., en Algeciras (Cádiz). El interpelado tenía motivos fundados para desconfiar de cualquiera que se presentase como policía. Desde el 18 de diciembre de 2009, Pedro X. sufre “un miedo continuo” que lo tiene anulado profesional, personal, familiar y socialmente. No duerme. Está de baja. Un neuroestimulador y un tratamiento de morfina palían los fuertes dolores de cabeza que padece. Desde el 18 de diciembre de 2009, Pedro X. es “un hombre sin vida”.

Aquel viernes por la mañana, Pedro X., jefe de la empresa transitaria de buques Bernardino Abad, salió de su casa, en el centro de Algeciras, para dirigirse a su oficina, frente al puerto. Al llegar a la altura de la calle Lola Peche, y mientras hablaba por el móvil con un compañero de trabajo, dos guardias civiles, con placa, le abordaron por detrás, le comunicaron que estaba detenido y le obligaron a subirse a un vehículo que llegó en ese momento con un uniformado al volante, y otro de copiloto.

En el asiento trasero le esposaron las manos a la espalda y le pusieron una capucha. Ante sus protestas, le dijeron que le informarían en la comandancia. Los cuatro guardias no eran agentes de la ley, sino que eran Jorge Juan Berzosa, Javier Viñas, Bruno Morone y el jefe de todos ellos, Ángel Suárez. Este, conocido por los policías de verdad por su apodo de Casper, un traficante que lideraba una banda especializada en los volcados de droga, es decir, en el robo de alijos a otros narcos. La Audiencia Nacional acaba de condenar al grupo, formado por 16 personas entre miembros y colaboradores, y conocido también por desvalijar en 2001 el domicilio madrileño de la empresaria Esther Koplowitz, a penas que suman 261 años de prisión.

La banda de Casper manejaba información de que la agencia de Pedro X. había despachado dos contenedores que, bajo la tapadera de transportar madera de Bolivia, llevaban 211 kilos de cocaína. Los falsos guardias civiles, que habían vigilado durante días al intermediario de importaciones, usando para ello cámaras y dispositivos GPS, llevaron a este a una nave industrial que habían alquilado en el polígono Cortijo Real, de Algeciras. Allí sometieron al transitario -que ignoraba que los contenedores que traía de Bolivia llevaban droga- a una sesión de golpes, torturas y amenazas que duró diez horas. Los captores, todos encapuchados, querían saber dónde estaba la droga, y para ello desplegaron todo su arsenal de malos tratos. “Le dejaron en ropa interior, le envolvieron la cabeza con cinta diciéndole que era para que no se salieran los fluidos al dispararle, mientras le obligaban a tocar una pistola y le golpearon repetidas veces propinándole puñetazos y patadas”, se lee en la sentencia conocida esta semana. Pedro X. dijo a sus secuestradores que uno de los contenedores había sido ya despachado y no era posible ya hacerse con él.

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“Para estar seguros de que decía la verdad, le cortaron parcialmente el dedo pulgar del pie izquierdo con un machete”, relata el fallo judicial. Tras esta mutilación, el testigo protegido, facilitó a Casper la única información que podía serle útil: el nombre del encargado de tramitar los contenedores en el puerto de Algeciras, Rafael Quiñones. Sin embargo, no fue el único servicio que, bajo amenaza de muerte a su familia, tuvo que prestar a la banda. Pedro X. fue obligado a citarse al día siguiente con Quiñones en una cafetería algecireña. Después, sobre las ocho de la tarde de ese viernes anterior a navidad, el captor Berzosa llevó en coche a la víctima a las proximidades de su domicilio. Para entonces ya era el “hombre sin vida” que se presentó al juicio contra la banda como testigo protegido.

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El transportista Rafael Quiñones, a diferencia de Pedro X., sí era consciente de que los contenedores de Bolivia llevaban cocaína. La banda de Casper actuó con él del mismo modo. En la cafetería en la que había quedado con el transitario, aparecieron los falsos guardias civiles, que se lo llevaron a la nave industrial. Allí durante cinco horas le sometieron a un trato degradante con puñetazos y patadas y le mostraron la falange cortada de Pedro, mientras le preguntaban si él quería correr la misma suerte. La intimidación surtió efecto.

Quiñones, que había cobrado 300.000 euros por despachar los contenedores a sabiendas de que llevaban estupefacientes, puso a Casper sobre la pista de los traficantes que iban a recibir la droga en las instalaciones de una empresa de transportes en Jerez de la Frontera. Los contenedores, que ya iban marcados por la banda con un GPS, fueron despachados el 5 de enero de 2010. La banda de Casper no fue más delicada con los receptores legítimos del alijo.

El 10 de enero de 2010, en un cortijo de Lebrija (Sevilla), también vestidos de guardias, la banda torturó durante horas al grupo rival. Golpearon a todos, aunque fueron especialmente crueles con uno de ellos, le quemaron la espalda con un soplete, le amenazaron con sacarle los ojos con un cuchillo y le golpearon con una barra de hierro hasta que perdió la conciencia. Esta víctima fue abandonada en un centro de salud tras sufrir un aparente paro cardiaco y con una pierna rota. Finalmente el jefe de la banda cedió a la tortura y llevó a Casper y los suyos hasta la casa de los suegros de uno de sus compinches, donde estaban almacenados los 211 kilos de cocaína camuflados en planchas de madera.

Casper, que entre sus planes estaba fabricar un torpedo para introducir droga en España, fue detenido en mayo de 2011. El jueves fue condenado a 90 años de cárcel.

Una obsesión para la policía

F. J. P.

Poner a Ángel Suárez, Casper, fuera de la circulación fue durante años una obsesión de las fuerzas de seguridad. En junio de 2002, el conocido delincuente, fue sorprendido por la policía, que seguía de cerca sus pasos, cuando, junto con un compinche, trataba de vender en el mercado clandestino uno de los 19 cuadros robados en agosto del año anterior en el domicilio de la empresaria Esther Koplowitz, en el paseo de la Habana de Madrid. Aquel golpe, que dio fama pero no fortuna a Suárez, hubiera permitido llenar un museo de pequeño tamaño. Entre los lienzos sustraídos figuraban dos goyas, -El Columpio y la caída del Burro- un sorolla, un Brueghel, y Guitarra sobre una silla, de Juan Gris. El botín ascendía a decenas de millones de euros.

A diferencia de los volcados de droga, ejecutados con extrema violencia, el robo en el ático de la empresaria fue de guante blanco. Aunque el vigilante de la finca aseguró a la policía que unos encapuchados le habían golpeado y maniatado para acceder a la residencia, lo cierto es que se había compinchado con los ladrones para franquearles el caso. Las alarmas no funcionaron y en el piso de Koplowitz, los delincuentes no dejaron ni una sola huella.

Aquella operación policial permitió recuperar 10 de los 19 cuadros. En septiembre de 2002, las nueve obras que faltaban –así como 18 estatuillas orientales también pertenecientes a Koplowitz- fueron halladas en Platja d’Aro (Girona). Los ladrones habían seleccionado las obras más valiosas del patrimonio de la empresaria, lo que hacía sospechar a la policía que se trató de un robo por encargo.

Casper aceptó una pena de un año de prisión por la sustracción de los cuadros. Ya antes de aquella acción había tenido problemas con la justicia. Poco después del golpe en casa de la empresaria, en septiembre de 2001, Ángel Suárez se sentaba en el banquillo como supuesto encubridor del intento de asesinato, en 1999, del abogado Emilio Rodríguez Menéndez por encargo de la exesposa de este, Laura Fernández. En aquella ocasión, Casper salió absuelto porque no había quedado probado que cuando llevó a un veterinario al sicario que ejecutó la acción –frustrada por el escolta del abogado- para curarle de un balazo en el glúteo, supiera que estaba detrás del intento de homicidio.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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