Las anomalías del 'caso Rato'

La denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales (uno por cada ejercicio entre 2009 y 2013), blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, ha llegado cargada de interrogantes sobre el origen de la investigación, de dudas ante el modo de actuar en relación con la detención durante siete horas del ex vicepresidente económico, y de incertidumbres respecto a si los hechos destapados por la Agencia Tributaria eran suficientes para abrir un proceso judicial o no.

La investigación a Rato. La Agencia Tributaria, dependiente del ministerio de Hacienda, y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del ministerio de Economía, son los dos organismos que poseen supuestamente el expediente fiscal de Rodrigo Rato. La Agencia Tributaria abrió su particular investigación al detectar sospechosas diferencias entre lo declarado por Rato en 2012 para acogerse a la denominada amnistía fiscal y lo que sólo un año después (2013) incluyó en su declaración especial de bienes en el extranjero. Esa investigación de la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda, pasó al Sepblac hace varios meses para que estudiara si Rato había cometido un delito de blanqueo de capitales. "Es imposible que ese trabajo haya concluido. El Sepblac es muy concienzudo y cuando tiene todos los datos a su disposición y estos apuntan a la existencia de un delito, entonces se lo pasan a la Fiscalía", cuenta un ex funcionario que ha trabajado en el Sepblac. En este caso, fue la Agencia Tributaria quien se dirigió el pasado miércoles a la Fiscalía de Madrid pidiendo que actuase contra Rato para evitar un supuesto alzamiento de bienes. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla donde pedía de urgencia el registro de distintos inmuebles propiedad de Rato y la detención del ex vicepresidente.

La queja de Anticorrupción. Al conocer la operación, la Fiscalía Anticorrupción se quejó de que la Agencia Tributaria se hubiera dirigido a la Fiscalía de Madrid y no a ellos. Unos meses antes, la Agencia Tributaria había presentado ante la Fiscalía Anticorrupción el expediente de Rodrigo Rato, pero este departamento entendió que las pruebas fiscales aportadas no eran suficientes para abrir un proceso. Lo que Anticorrupción consideró inmaduro hace varios meses, la Fiscalía de Madrid lo consideró suficiente el pasado miércoles para presentar una denuncia contra Rato por tres delitos graves. "Es bastante extraño que si la Agencia Tributaria remitió el caso a Anticorrupción hace meses, no hiciera lo mismo ahora. Pero su decisión de poner el asunto en manos de la Fiscalía de Madrid en función de los delitos investigados, alzamiento de bienes o delito fiscal, entra dentro de la normalidad y de las competencias de ese órgano", explican magistrados consultados por este periódico. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha resuelto la controversia en 48 horas al decretar que Anticorrupción asuma el caso y vincular el supuesto delito de alzamiento de bienes con la fianza fijada en el caso Bankia.

La detención, el registro y la libertad. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, José Javier Polo, dieron su visto bueno a la propuesta del fiscal encargado del caso, Carlos García Berro, para interponer la denuncia contra Rato por tres delitos y solicitar al juez el registro de sus propiedades y la detención del ex vicepresidente económico. García Berro tenía la intención de que Rato continuara detenido hasta que finalizasen los registros y, por tanto, pasara la noche en los calabozos de Plaza de Castilla. Pero sus superiores le quitaron la idea y Rato quedó en libertad a las siete horas de ser detenido, mucho antes de que terminarán los registros. Un fiscal en activo sostiene que tanto la postura del fiscal encargado del caso -mantener la detención de Rato- como la de sus superiores -dejarle en libertad- son defendibles.

El alzamiento de bienes. "Lo que en realidad encierra toda esta operación es un intento de evitar el escándalo que hubiera supuesto saber que tras el impago de los 133 millones de euros de la fianza, Rato pudiera declararse insolvente. Eso después de conocer todo lo que Rato ha ganado en este tiempo, hubiera sido inaceptable. De ahí esta actuación tan urgente y tan irregular", señala un conocedor de todo el proceso abierto al ex vicepresidente. Rodrigo Rato fue imputado en el caso Bankia en julio de 2012 por supuesta estafa a los accionistas en la salida a Bolsa de la entidad. El juez no impuso fianzas en este caso hasta marzo de 2015, casi tres años después, por 800 millones de euros, de los que una sexta parte (133) correspondería a Rato.  La Agencia Tributaria, según El Mundo, detectó hace tiempo movimientos sospechosos en el patrimonio de Rato que podrían sugerir un intento de ocultar parte de sus propiedades o de traspasarlas a sus hijos con la intención de evitar el pago de la deuda/fianza. La doctrina sobre el alzamiento de bienes sostiene que este delito se puede cometer incluso antes de que se haya determinado o sea exigible la fianza. Del supuesto patrimonio (27 millones de euros) Rato habría "movido/ocultado" en este tiempo 2,9 millones. El ex vicepresidente asegura que no ha vendido nada en los últimos 13 meses y que su patrimonio es tan embargable ahora como antes. En las cuentas de la Agencia Tributaria publicadas por El Mundo se apunta que el patrimonio de Rodrigo Rato permaneció estable entre 2009 (28 millones de euros) y 2013 (26,6 millones de euros). Fue en estos años cuando más dinero ganó Rato por sus trabajos de asesoría en Lazard, Santander, La Caixa y tras ser nombrado presidente de Caja Madrid y Bankia. Esos ingresos multimillonarios, según Hacienda, apenas alteraron su patrimonio.