La izquierda acusa al PP de utilizar a las mujeres “por un puñado de votos”

A 10 meses de terminar la legislatura que empezó en 2011, el Gobierno popular, a través de su grupo parlamentario, no directamente, y después de muchas vueltas, modifica la ley de despenalización del aborto del gobierno socialista, aprobada en 2010, para un aspecto muy concreto: prohibir el aborto de las jóvenes de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus progenitores.

Este debate se ha producido en el Congreso con la presentación de una proposición de ley que tiene el rechazo de todos los grupos parlamentarios salvo los seis diputados de Unió Democrática de Catalunya, del diputado de UPN, Carlos Salvador, de Eduardo Álvarez Sostres, de Foro Asturias, de la popular Eva Durán y del líder del PSOE, que ha protagonizado la anécdota del día al votar a favor de la proposición del PP. Otros tres diputados del PP se han ausentado de la votación. Todos los grupos parlamentarios, algunos con enorme dureza, singularmente el PSOE, Izquierda Plural, y los partidos de izquierda del Grupo Mixto, junto a UPyD, el PNV y CDC, consideran innecesaria esta modificación y la explican por razones electorales.

No es electoralismo, defiende el PP, sino la necesidad de terminar “con una aberración”, en tanto que para el resto no es creíble después de las vueltas que ha dado la anunciada reforma de la ley del aborto socialista en el seno del gobierno. “Son ustedes unos trileros que trafican con la salud y los derechos de las mujeres”, ha acusado Carmen Montón del Grupo Socialista. Ahora empieza la tramitación parlamentaria que no culminará hasta una semana después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.

La oposición confiaba en que no llegara ninguna modificación de la actual ley del aborto una vez que el gobierno “retiró la ley y retiró al ministro”, como ha señalado el diputado del PNV Joseba Andoni Agirrechea. “Es un proyecto cobarde; el gobierno no se ha atrevido a traer su ley”, ha reprochado el peneuvista, cuyo grupo se sumó a la aprobación de la ley socialista ahora en vigor.

Los argumentos a favor de esta reforma los ha defendido la diputada del Grupo Popular, Marta González, basándose en el afán de corregir “la aberración de que las menores aborten sin la autorización, opinión, consejo y apoyo de los progenitores para llevar a su máxima expresión el proyecto ideológico de convertir el aborto en un derecho”. Los padres tienen el derecho de conocer la situación de sus hijas y el deber de aconsejarlas y apoyarlas, ha señalado la diputada como razón superior a cualquier otra. De paso ha recordado que su partido presentó un recurso de inconstitucionalidad contra siete preceptos de la ley por lo que aprovechó para invocar la necesidad de que el alto tribunal se pronuncie. Precisamente, la socialista Carmen Montón, ha pedido al PP que retire ese recurso al defender en su integridad la ley del gobierno de Zapatero, llevada a efecto desde el Ministerio de Igualdad que dirigía Bibiana Aído.

Ha pasado el tiempo y ya hay datos sobre en qué medida las jóvenes entre 16 y 17 años han acudido a interrumpir el embarazo sin el consentimiento y acompañamiento de sus progenitores. Este ha sido uno de los argumentos utilizado por la diputada del PSOE y por las portavoces de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, del BNG, Olaia Fernández Davila, Onintza Enbeita de Bildu, y los diputados de Compromis – Equo, Joan Baldovíy, y de ERC, Joan Tardá. Un 0,4% de las jóvenes entre 16 y 17 años que abortaron en 2013 no fueron acompañadas de sus padres. Estos casos se han amparado en la ley actual que establece lo siguiente: “En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas [...]. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre o tutores deberá ser informado. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos [...]”. Ahora, con el cambio del PP, la situación queda así: "Para la interrupción del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".

Aunque ha sido inevitable que el debate en general sobre el aborto haya sido invocado en este debate, se ha puesto el énfasis en las “consecuencias” según la oposición que traerá la eliminación de esta facultad de las pocas jóvenes que abortan sin consentimiento de los padres. “Se las aboca al aborto clandestino e inseguro porque cualquier joven accede a los fármacos que pueden provocar aborto con hemorragias”, ha señalado la diputada socialista. “Con esta reforma una joven que sufre maltrato de los padres y no se atreve a pedir permiso ni mucho menos a contar con su familia, consigue las pastillas en el mercado negro y puede desangrarse en solitario”, ha clamado la diputada socialista en medio de un fuerte murmullo de la bancada popular.

Con suma indignación han expresado argumentos similares el resto de los diputados y diputadas de la oposición de los partidos de izquierda, al dar por sentado que si estas jóvenes abortan sin el consentimiento de sus padres es porque el conocimiento de su situación puede ponerlas en peligro. Ahora empieza la tramitación puesto que esta reforma tiene la mayoría para ser tomada en consideración.