El juez fija una fianza de 4,3 millones a 21 consejeros que usaron las ‘black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por un valor total de 4,3 millones de euros a 21 de los 27 exconsejeros de Caja Madrid que declararon como imputados por el escándalo de las tarjetas opacas al fisco de la entidad entre los días 16 y 18 de febrero pasados. El magistrado, en un auto –resolución razonada- conocido este viernes, considera que los miembros del Consejo de Administración de la entidad durante la presidencia de Miguel Blesa “debieran haber sabido, pudieron haber sabido, y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las tarjetas de crédito se les entragaban”. Entre 2003 y 2012, un total de 82 consejeros y directivos de la entidad crediticia madrileña cargaron a sus tarjetas de empresa un total de 15,5 millones de euros en gastos personales. Bankia, la entidad que sucedió a Caja Madrid, fue rescatada en mayo de 2012 con 23.465 millones de ayudas públicas.

En su auto, el magistrado instructor del caso Bankia –y de la pieza separada de las tarjetas black- rechaza de plano la teoría, presentada por varios exconsejeros, de que este medio de pago era en realidad un complemento retributivo. Andreu cita la declaración del antecesor de Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, que manifestó que la emisión de las tarjetas “respondía única y exclusivamente para que los miembros del Consejo pudieran efectuar (…) los pagos de aquellos gastos que se generase por las labores propias como miembros del Consejo”. Y recuerda que en aquella época se establecieron dos controles. El control “cualitativo” lo realizaba el entonces secretario general del Consejo, que examinaba los cargos y facturas que debían presentar los usuarios de las tarjetas. El control “cuantitativo”, a cargo de la auditoría interna, vigilaba que los consejeros no superaran el límite de 600 euros mensuales en sus gastos de representación, nunca personales.

El juez afirma que tras el nombramiento de Blesa, en 1996, el límite cuantitativo de las tarjetas fue aumentando al tiempo que desaparecía por completo el control de los gastos que hacían los consejeros. Blesa fue el candidato que José María Aznar, entonces presidente del PP, impuso para presidir Caja Madrid en 1996 cuando la izquierda había perdido su hegemonía electoral en la Comunidad de Madrid.

La fianza impuesta a los consejeros cubre la totalidad del gasto que realizaron con la tarjeta black y que hasta ahora no han devuelto. Esta cantidad se aumenta en un tercio, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La garantía más cuantiosa corresponde a José Antonio Moral Santín, ex vicepresidente de la entidad nombrado por IU, que deberá depositar antes de tres días habíles un total de 610.000 euros. Moral Santín cargó a su black un total de 447.769 euros, de los cuales 366.500 euros corresponden a 692 extracciones de efectivo en cajeros. En el extremo contrario, con la fianza más leve, se sitúa Virgilio Zapatero. El ex ministro de Relaciones con las Cortes en tiempos de Felipe González al menos 16.000 euros, de los 36.000 que figuran como cargo a su tarjeta.

El magistrado repasa todas las declaraciones efectuadas por estos imputados, que alegaron diversas explicaciones sobre las explicaciones que recibieron sobre el uso de la tarjeta. Hubo quien, como Moral Santín, se abonó a la teoría del complemento retributivo y otros, como Alberto Recarte –expresidente de Libertad Digital- lo consideró un uso mixto para gastos personales y de representación. El ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, por su parte, argumentó que la tarjeta black era para “disponer de ella discrecionalmente, con un límite, y sin necesidad de dar cuenta ni justificar su uso”. Romero de Tejada, usó la tarjeta –a la que cargó 208.000 euros- para echar gasolina a su coche y comprar tabaco y lotería, entre otros usos.

El juez Andreu considera evidente que el uso discrecional de las tarjetas, como si fuera un complemento salarial –que, por otra parte, no se declaró a Hacienda- “escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial”, y equipara las black a las llamadas “tarjetas de empresa” que se facilitan para que los empleados no tengan que adelantar de su dinero los gastos generados por el ejercicio de su trabajo.

Y no consta que ningún consejero, que entre sus funciones estaba la supervisión y control, ninguno se preocupase por conocer los concretos términos para los que las tarjetas se habían concebido. El juez recuerda la declaración de Francisco Verdú, fichado por Rodrigo Rato como número dos de Bankia, en la que aseguró que había avisado al presidente de la entidad que las tarjetas eran una mala práctica bancaria. Los consejeros, concluye Andreu, "debieron y pudieron conocer que el uso tal y como se llevó a cabo de las citadas tarjetas podía menoscabar los fondos de la entidad, de forma que pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma".

Andreu entiende que los exconsejeros incurrieron en un delito de administración desleal, que sanciona a los administradores cuyas conductas abusivas generen un perjuicio a la sociedad para la que trabajan, aunque incluye la posibilidad de que los imputados incurrieran en un delito de apropiación indebida. El juez advierte en su resolución que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de exconsejeros y exdirectivos.