“Me pegaron mientras se reían y me meaban encima”

La cuesta abajo en la vida de Maria Ángeles comenzó hace unos ocho años. Cuenta que las malas compañías la introdujeron en la cocaína base. Y que la droga le llevó a conocer amistades aún peores. Hace un año, la violenta pareja con quien vivía esta mujer de 54 años le dio una tremenda paliza: “Me reventó”. El agresor acabó en la cárcel. Ella, en la calle al no poder pagar el alquiler. Convirtió un cajero automático de Torrent (Valencia), donde residía, en su dormitorio. Y allí tocó fondo. Dos chavales entraron de madrugada hace un mes, la orinaron y la insultaron mientras la pateaban y se mofaban de ella. “Yo solo quería salir de allí corriendo y pedir socorro”.

Este jueves, un día después de que la Policía Nacional detuviera a los dos agresores e hiciera pública la vejación, María Ángeles se encontraba al pie de la torre del antiguo castillo que preside la plaza Mayor de Torrent, donde se ha instalado desde aquel día. Sentada en un colchón forrado de plástico para aislarse de la humedad, rodeada de mantas y embutida en un anorak y varios forros polares, rememora aquella noche, la madrugada del 4 al 5 de enero. “Serían las tres de la mañana cuando entraron en el cajero dos chavales de aspecto totalmente normal. Fueron hacia una esquina para hacer pis y entonces me vieron”.

Tiene las manos hinchadas, llenas de sabañones. Mientras habla se desescama las heridas producidas por el frío. Primero los dedos de una mano. Luego los de la otra.

“Al verme, se acercaron y entonces empezaron a mearme encima, a escupirme y a insultarme”, prosigue. “Comenzaron a gritar ¡guarra!, ¡puta!, ¡cerda!, ¡asquerosa!, y a darme patadas”. Apenas recuerda el acto reflejo de tratar de protegerse la cara con las manos y las risas de los dos jóvenes mientras la humillaban. “Me sentí como una mierda”, relata. Tras ser agredida, la mujer salió en busca de ayuda. Una pareja que paseaba por la zona llamó a la policía y los agentes la trasladaron al ambulatorio para atenderle de las lesiones.

María Ángeles dice que aunque no le rompieron nada, lo pasó muy mal y que aún no se ha recuperado de los golpes. No solo por el dolor de las contusiones. Explica que las cicatrices y llagas que tiene en la nariz, en las mejillas y el labio son parte de las secuelas del ataque. Y que los restos de crema que tiene en la cara se deben al tratamiento que le recetaron para que se cierren las heridas. “Es una pomada que me consigue una vecina con la receta que me dio el médico”.

Los dos agresores, un menor y un joven de 18 años, han sido detenidos

Los dos detenidos son vecinos de Torrent, una localidad que se encuentra a tan solo 9 kilómetros de Valencia y que, con sus 80.500 habitantes, es la segunda localidad más poblada de la provincia. Uno de los implicados tiene 18 años y ya contaba con antecedentes policiales, pero “no relacionados con los hechos de los que se le acusa ahora”, indican desde la policía. El otro es menor de edad. Ambos están ya en libertad acusados de delitos contra la integridad moral y de lesiones.

Desde entonces, María Ángeles duerme al raso, muy cerca de donde sufrió el ataque. Antes de la agresión, la acompañaba un amigo, y no estaba tan sola. “Congeniamos bastante. Se llamaba Luis y era mayor que yo. Tenía 58 años. Estábamos juntos de noche, pero nada más. Él aún estaba enamorado de su mujer, que había fallecido hace algún tiempo. Hace como un mes le dio un infarto y se murió”. Ahora pasa las noches aterrada. “Es el peor momento del día, hasta el simple ruido de un papel arrastrado por el viento me sobresalta”. Reconoce que combate el miedo con el alcohol. “Sé que la bebida es mala, pero no hago daño a nadie”.

María Ángeles aún sufre las secuelas en su cuerpo del ataque sufrido

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, comenta que las agresiones contra las personas sin hogar —“las peores, contra los más débiles y vulnerables”— son más frecuentes de lo que pueda parecer ya que solo salen a la luz las más graves.

Por ejemplo, casos sonados como el chaval de 17 años que en 2009 quemó a un ex vigilante jurado en paro que dormía en un cajero de Alicante. O la brutal agresión que sufrió Rafael Santamaría en 2009, un mendigo que dormía en un fotomatón en la zona de Moncloa de Madrid. Cinco jóvenes de estética skinhead le propinaron tal paliza que pasó año y medio en el hospital.

Frente a estos episodios, Esteban Ibarra explica que se dan muchos otros que pasan inadvertidos por el miedo de la víctima a denunciarlos. Además, sostiene que detrás de estos comportamientos suelen estar grupos de ideología neonazi. “Es una pauta común que encaja en su ideología: ataques a las personas que consideran que no tienen valor, que no sirven para nada y a los que hay que humillar, golpear y matar”, señala.

Los protagonistas de estos sucesos encajan con la ideología neonazi

Por ello, entre sus reivindicaciones se encuentra incluir como agravante en el artículo 22.4 del Código Penal (que ya contempla aspectos como cometer el delito por motivos racistas, antisemitas o por motivos discriminatorios relacionados con el sexo, la etnia o padecer una discapacidad) que el delito se cometa contra personas sin hogar.

Este sería uno de los perfiles del agresor contra los indigentes: “Miembros de bandas radicales o de orientación neonazi que agrede a la gente vulnerable para mostrar su deprecio”, según Vicente Garrido, profesor de profesor de psicología de la Universidad de Valencia y criminólogo. Pero Garrido añade otro grupo. Se trataría de personas que sin tener motivos ideológicos detrás y marcados por una psicopatología de rasgos impulsivos, violentos y de falta de empatía emocional “aprovechan la ocasión para vivir una experiencia emocionante y sentir el placer que les da ejercer el poder contra el débil”.

María Ángeles sigue en la calle a pesar de las ofertas que ha recibido de los servicios sociales municipales: “Fui una vez a un piso compartido, pero no lo aguanté”.

“Ojalá sus hijos

Ahora, su máxima aspiración es cobrar una ayuda. Una portavoz del Ayuntamiento de Torrent indica que están tramitando la renta garantizada de ciudadanía, que asciende a 436 euros al mes. “Hemos tratado de integrarla en nuestros programas de atención pero siempre se ha negado”, añaden. Incluso relatan que la sometieron a un proceso de incapacitación para poder tutelarla. Pero el juez consideró que María Ángeles se encontraba en plenitud de facultades mentales y rechazó la petición del municipio.

“Contra su voluntad no se puede hacer nada”, añaden desde el Ayuntamiento. Y ella, pese a todo, quiere vivir en la calle. “La convivencia es dura, por eso prefiero seguir así”, apunta. “Solo espero que me den la ayuda”, insiste. “Y que el día de mañana, si [los agresores] tienen un hijo, que no se vea en la situación en la que me encuentro”.