Los veterinarios se rebelan contra la apertura de otras cinco facultades
La mitad de los graduados de los 12 centros existentes no tienen hueco en el mercado laboral. Ningún organismo controla la proliferación de titulados
El 17 de diciembre a mediodía, veterinarios de toda España se concentrarán contra la apertura de cinco nuevas facultades. Protestan porque las 12 ya existentes hacen de España el país europeo con más oferta junto con Italia, y porque cada año hay unos 1.200 graduados de los que la mitad, unos 600, no tienen hueco en el mercado laboral. Son los cálculos de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España, que temen que la proliferación de nuevos centros sature el mercado y aumente la precariedad. Su queja evidencia un recurrente debate en el panorama universitario: ningún organismo controla la oferta global de títulos universitarios.
Lagunas en el mapa de empleo
El Ministerio de Educación presentó ayer a los rectores parte del primer mapa de titulaciones y salidas profesionales que presentó parcialmente a la prensa en octubre. Una de las conclusiones fue que casi la mitad de los titulados (45%) tiene un trabajo por debajo de su cualificación cuatro años después de acabar la universidad. Para elaborarlo, el departamento rastreó los últimos cuatro años de vida laboral de más de 190.000 universitarios de centros públicos y privados de 146 titulaciones que acabaron sus carreras en el curso 2009-2010. Cruzaron sus datos con su vida laboral en la Seguridad Social. Los rectores replicaron que eso deja realidades laborales fuera, como los mutualistas o quienes se fueron a trabajar al extranjero.
“Como arquitecto nunca he estado en la Seguridad Social hasta que volví a la universidad, así que yo aparecería en el mapa como desempleado”, explica José Luis García Grinda, vicerrector de la Politécnica de Madrid. “Las públicas consideramos que es un estudio parcial y que se debe completar porque no es la empleabilidad real. Hay áreas que salen al revés de como son”, asegura García Grinda, quien asistió ayer a la presentación del ministerio. “Para completar los objetivos de este estudio y poder sacar conclusiones, hay que afinar y completar con más datos”, añade Julio La Fuente, rector de la Universidad Pública de Navarra y presidente de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores (Runae).
Un portavoz del ministerio señala que se trata del primer documento oficial con este nivel de detalle y que el informe final sí advertirá que no refleja la realidad de quienes trabajan fuera y que los mutualistas tampoco figuran. Admite que ambos computan como parados a la hora de elaborar los porcentajes, aunque señala que ello varía solo unas décimas el resultado final. Educación colgará los datos en su web (mecd.gob.es) para su consulta pública.
La previsión es abrir tres facultades públicas en Lleida, Valencia y Vitoria y dos campus privados en Alicante y Madrid a lo largo de los dos próximos cursos. Las comunidades autónomas de Madrid y Valencia (los Gobiernos regionales son los que dan el visto bueno), no tienen constancia de la apertura de los dos privados. Pero los colegios de Veterinaria sí, porque aseguran que están llamando a sus profesores para hacerles ofertas laborales. Calculan que eso supondrá unos 350 nuevos alumnos por año, algo que conllevaría una situación “aún más insostenible”. “Veterinaria ha pasado de ser una profesión que casi no tenía paro y con empleos dignos a una en la que aumentan las situaciones de subempleo y trabajos muy precarios”, explica Antonio Rouco Yáñez, presidente de la conferencia y decano de la Universidad de Murcia.
Los veterinarios están regulados por una Directiva Europea e incluidos en una asociación —European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)— que acredita y homologa los centros. Según estos organismos, es suficiente una facultad por cada 7-10 millones de habitantes. España tiene ya el doble frente a las cuatro de Francia, las cinco de Alemania o las seis de Portugal. Solo Italia está por delante, con 17 centros.
La protesta de los veterinarios es la última de la lista. España ha pasado de 28 a 40 facultades de Medicina en apenas ocho años; ocho de ellas privadas. Los decanos de Medicina pusieron el grito en el cielo a principios de 2014 ante el anuncio de que iban a abrir otras siete, asegurando que no habría ni prácticas ni hueco para todos.
En Cataluña, por ejemplo, salen cada año titulados más de 500 criminólogos “que el mercado laboral no puede absorber”, explica el vicerrector de Programación Académica de la Autónoma de Barcelona (UAB), Juan Jesús Donaire. Su comunidad abrirá una nueva facultad de Veterinaria. “Son estudios para los que Europa fija estándares de calidad muy exigentes. Si queremos mantener muchas facultades así, la subvención y el gasto será enorme y probablemente inútil, porque estaremos sobreproduciendo veterinarios”, añade. La formación de un alumno de Veterinaria cuesta entre 9.000 y 12.000 euros anuales, según las estimaciones de la Conferencia de Decanos. Tanto este organismo como el vicerrector de la UAB reclaman un control del Ministerio de Educación que ahora no existe.
Con las competencias educativas transferidas, son las comunidades autónomas las que dan el visto bueno a los centros y a las titulaciones, que deben pasar un control de las agencias de evaluación —está la nacional ANECA y hay varias comunidades autónomas que tienen una propia—. Ni las regiones ni las agencias tienen en cuenta la oferta ya existente a la hora de acreditar un título nuevo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay dos centros privados de Veterinaria. Se prevé una nueva pública y se habla de una privada que aún no ha iniciado los trámites. Un portavoz de la Consejería de Educación señala que aprobarán la de la Universidad de Valencia porque no tienen oferta pública. Admite que, a la hora de aceptar el nuevo título, no tienen en consideración que haya otros 10 más allá de los límites de su región.
Un portavoz del Ministerio de Educación alega que la normativa prevé que sean las universidades y las comunidades autónomas las que controlen la apertura de nuevos centros y que no hay previsión de cambiarla.
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