Ninguna medida anunciada por Rajoy contra la corrupción está en vigor

Ninguna de las leyes contra la corrupción que prometió Mariano Rajoy hace 21 meses en el Congreso de los Diputados está en vigor. El 20 de febrero de 2013, en su primer debate sobre el estado de la Nación como presidente del Gobierno, prometió una batería de medidas de regeneración que, en el mejor de los casos, están atascadas en las Cortes, otras ni siquiera han pasado por el Consejo de Ministros y alguna ya no podrá aprobarse en el año que queda de legislatura.

El próximo jueves, Rajoy irá al Pleno del Congreso a defender por tercera vez las mismas medidas, especialmente dos de ellas —la ley de financiación de partidos y la de ejercicio de altos cargos— que llegaron el 22 de febrero de 2014 al Congreso y desde entonces están bloqueadas por decisión del PP. Ambos proyectos de ley han tenido hasta el momento 27 ampliaciones de los plazos de enmienda, una situación inusual.

Aquel día de 2013 Rajoy ya habló de la Ley de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y del Estatuto del Cargo Público. Las aprobó el Consejo de Ministros un año después, pero no han sido debatidas aún en el Pleno. "Una nueva norma que modificará algunas que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que propondrá nuevas exigencias a los partidos y más instrumentos al Tribunal de Cuentas" y "una norma, en definitiva, que transmita seguridad y certeza a los ciudadanos y a los políticos, para que todos los que ejercemos la política respondamos sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia, y tengamos claro las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades que tenemos que publicar y cómo tenemos que hacerlo; con unos estándares que todos debemos cumplir", dijo.

Sus propuestas se completaban con un Código Penal que llegó al Congreso el 24 de septiembre de 2013 y que ha tenido hasta 41 ampliaciones del plazo de enmiendas. Comparecieron expertos que dudaron de su efectividad contra la corrupción, entre ellos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pero el proyecto quedó atascado. Hasta el punto de que el Gobierno se plantea ahora dejar caer una parte e impulsar solo otras para que dé tiempo a seguir su trámite en el Congreso y luego en el Senado.

También prometió una "Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca". Ese proyecto ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros. Hubo una propuesta de una comisión de expertos que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, guardó en un cajón. Ahora ya no hay tiempo de aprobarla completa y, por eso, el Gobierno optará por una reforma parcial referida a limitar macroprocesos, al control de comunicaciones y a los procesos para las faltas. El Gobierno aprobará en breve el anteproyecto para recabar informes y no llegará al Congreso antes de febrero de 2015, con dificultades para aprobarlo en esta legislatura.

La Ley de Transparencia fue aprobada por el Gobierno antes de ese debate, pero no entrará en vigor hasta el 10 de diciembre, y una parte referida a la publicidad del patrimonio de altos cargos no se ha aplicado a los que fueron nombrados antes de julio de 2013, es decir, 257, por aplicación de un reglamento previo a la ley.

Tras aquel debate, el PP pactó con el resto de grupos una resolución para crear "una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia". Ni se intentó siquiera crear esa comisión.

La resolución hablaba de otras medidas como la "reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, medidas parlamentarias como regular las organizaciones de intereses o lobbies y puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales". No hay noticias de ellas.

Solo el lunes el PP presentó una propuesta para regular los lobbies en la ponencia de reforma del Reglamento, que se constituyó hace más de un año y que aún no ha cerrado ni un apartado.

El siguiente paso fue un grupo de trabajo interno en La Moncloa que en marzo de 2013 volvió a anunciar todas esas medidas y de forma detallada, pero tampoco se aprobaron entonces.

El 1 de agosto de 2013, en pleno apogeo del caso Gürtel y las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas, Rajoy volvió al Congreso y anunció de nuevo las mismas seis medidas, de las cuales ninguna está en vigor y algunas como las del Tribunal de Cuentas y la Ley de Enjuiciamiento ni siquiera han arrancado.

"Presentaré, a través de media docena de textos legales, un auténtico Plan Nacional de Regeneración Democrática, que deseamos que alcance el mayor nivel de consenso en esta Cámara", dijo ese día el presidente.

En septiembre de 2013, el Gobierno remitió el proyecto de Código Penal al Congreso que permanece bloqueado. En febrero de este año, las dos leyes que tampoco han avanzado y que Rajoy presentará el jueves en el Pleno nueve meses después, con una fórmula parlamentaria insólita en la que interviene el presidente para defender dos leyes en trámite. La oposición pretendía que fuera un pleno monográfico, pero el Gobierno prefirió este inusual procedimiento.

Sí hubo un intento de pacto con los partidos, con reuniones sobre todo con el PSOE, pero esta formación se negó al acuerdo

Antes, el pasado 31 de agosto, el Gobierno recuperó su plan de regeneración para anunciar en una nota de La Moncloa que abría un plazo de dos meses para negociar sobre ellas con los grupos parlamentarios. Se repetían las mismas medidas con tres añadidos: limitación del aforamiento, control sobre los indultos y limitar gastos de campañas electorales. Hace un mes que acabó ese plazo y ninguna de ellas ha avanzado en su tramitación, ni en el Consejo de Ministros, ni en el Parlamento.

Sí hubo un intento de pacto con los partidos, con reuniones sobre todo con el PSOE, pero este partido se negó al acuerdo porque el Gobierno insistía en incluir la reforma de la ley electoral para primar a los partidos más votados en los Ayuntamientos. Hace un mes que acabó ese plazo que se dio el Gobierno y tampoco hay noticias de ninguna de estas medidas y el Ejecutivo no ha vuelto a hablar siquiera de esa reforma electoral que impidió el pacto de regeneración que proponía.

"Se abrirá un plazo de dos meses para el desarrollo de las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en el mes de noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido", decía la nota de La Moncloa, pero ha terminado noviembre y eso no ha ocurrido.

Ahora solo queda un año de legislatura, lo que supone que únicamente hay un periodo de sesiones completo —el que va de febrero a junio de 2015— y en esos cinco meses las Cortes deben sacar adelante lo que en 21 meses el Gobierno del PP con su mayoría absoluta no ha aprobado.