El Gobierno choca con Torres-Dulce

El Gobierno está inquieto por la poca celeridad con la que la fiscalía está tramitando la querella relativa a la celebración de la consulta alternativa del 9-N, según fuentes de los ministerios de Justicia e Interior. El Ejecutivo hubiera preferido que se presentara antes para no dar imagen de vacío político en la reacción ante el desafío soberanista. Pero el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidió marcar su propio camino y mantener los tiempos con los que se trabaja jurídicamente, y no los que marca la actualidad política.

Fuentes de la fiscalía admiten haberse sentido presionados después de que se filtrara que estaban “ultimando” la querella contra Artur Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega, y que la propia líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, incluso fijara los plazos y los supuestos delitos que se iban a imputar.

Torres-Dulce no se ha planteado su dimisión. Y el Gobierno no le puede destituir porque, por ley, el mandato del fiscal general del Estado tiene una duración de cuatro años y antes de que concluya únicamente puede cesar a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones, por incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cesa el Gobierno que lo ha propuesto.

Pese a que se trata de un nombramiento del Ejecutivo, el fiscal general tiene autonomía y, a su vez, primacía jerárquica sobre el resto de fiscales españoles. Aun así, existe la posibilidad de que el Gobierno pida a la fiscalía que promueva “las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”, como recoge el propio Estatuto fiscal. “Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse directamente al mismo”, señala la misma ley. Pero no ha sido así porque ese requerimiento precisa de publicidad y de la convocatoria de una Junta de Fiscales para estudiar la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas.

“El fiscal no tolera presiones de nadie”, añadieron las mismas fuentes que, junto a otras de la Fiscalía Superior de Cataluña, sostienen que también la Generalitat se está empleando para que, en su caso, la acusación no siga adelante. “La justicia debe tomar distancia de los acontecimientos”, consideran fuentes del ministerio público, que añaden que “cada uno debe hacerse cargo de su responsabilidad”. Al igual que hizo el Tribunal Constitucional, que no quiso pronunciarse sobre una advertencia que el Gobierno pidió hacer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, si incumplía las resoluciones judiciales, la fiscalía considera que tampoco está para resolver problemas políticos.

Con todo, las mismas fuentes destacan el pronunciamiento que se hizo el mismo domingo, al admitir las denuncias presentadas por UPyD y la Plataforma per Catalunya al considerar que había indicios de criminalidad que debían ser investigados.

La situación de Torres-Dulce no resulta nueva, ya que en los últimos años ha tenido una relación difícil con los dos sucesivos ministros de Justicia: Alberto Ruiz-Gallardón y ahora Rafael Catalá. Hace poco más de un año, se revelaron esas discrepancias por decisiones concretas del anterior ministro que orillaban la opinión de la fiscalía. Por ejemplo, decisiones sobre nombramientos, renovación de instituciones y reformas legales, entre otras.

Torres-Dulce no ocultó esas diferencias públicas, por ejemplo, para cuestionar la necesidad de elevar las penas en el nuevo Código Penal como hizo Gallardón o en el acierto de las medidas para luchar contra la corrupción que propone el Ejecutivo. Tampoco veía con buenos ojos el anteproyecto de Código Procesal Penal, que preparaba el anterior ministro, y no logró ver cumplidas sus peticiones de aumento de plantilla de la carrera fiscal.

Esa relación no ha mejorado con el actual titular de Justicia y se ha agravado estos días por la falta de sintonía en la tramitación de la querella, por su plazo de presentación y por su alcance.