El agujero político de Caja Madrid

Caja Madrid, que llegó a ser la cuarta entidad financiera de España con más de siete millones de clientes y ganó en el tiempo del desenfreno inmobiliario más de 2.000 millones de euros en un solo año, se convirtió durante las últimas dos décadas en un refugio bien remunerado de decenas de políticos a los que los grandes partidos premiaban por su poder interno o fidelidad. Aquellos privilegios, muchos años después, han desencadenado un colosal escándalo y una cascada de ceses o destituciones por el uso sin control de las tarjetas de crédito.

La naturaleza de una institución financiera gobernada por los partidos polìticos, que imponían al presidente y elegían a la mayoría del consejo de administración, generó unas dinámicas que hicieron de Caja Madrid una fuente de recursos económicos para las tres formaciones (PP, PSOE e IU) con representación en las instituciones madrileñas. Estos partidos podían liberarse de pagar sueldos a decenas de dirigentes (que cobraban de Caja Madrid) y financiaban otros gastos (sus fundaciones se repartían un millón de euros al año) a cuenta de la entidad financiera que gobernaban ellos mismos. En algún caso, los privilegios alcanzaron a familiares de políticos colocados en alguno de los múltiples organos de Caja Madrid. Las esposas de Salvador Victoria y Francisco Granados, dos consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre, ocuparon puestos en el consejo de administración de Caja Madrid Pensiones a razón de 1.800 euros brutos al mes. Ninguna tenía conocimientos financieros para ocupar esos puestos, como muchos de los políticos del consejo de administración.

En 1999, EL PAÍS publicó que Caja Madrid regalaba tarjetas de crédito a sus consejeros con un límite de 900 euros al mes (10.800 euros al año) para gastos que no tenían que justificar. “Yo nunca toco mis fondos del Ayuntamiento para gastos de representación, para eso uso esta tarjeta”, reconoció entonces el alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, consejero de Caja Madrid.

Otros beneficiados llegaron a explicar que pagaban con esa tarjeta el alquiler de locales donde sus partidos celebraban actos.

Aquella noticia y otras parecidas sobre el cobro de dietas por parte de diputados y concejales en empresas públicas llevó al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, a incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2000 un freno a esas prácticas: “Cuando la participación en consejos de administración la ejerzan diputados nacionales, senadores, diputados regionales, altos cargos de la Comunidad de Madrid o de las corporaciones locales, solo se abonarán indemnizaciones por gastos de desplazamiento y comidas, pero se eliminarán las dietas por asistencia a los órganos”. José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, anunció aquel año una medida ejemplarizante en el programa electoral de su partido: “Promoveremos la supresión de las retribuciones a altos cargos por asistencias a los consejos de administración de los entes y sociedades de titularidad pública, sin perjuicio de la continuidad y reforzamiento de los mecanismos de supervisión de aquellos".

El escándalo no pasó al campo de los responsabilidades políticas ni motivó iniciativas parlamentarias para eliminar el privilegio de la visa sin control. Durante la siguiente década, la tarjeta de crédito gratis total a costa de Caja Madrid circuló sin reparo entre los 43 políticos, media docena de empresarios y 10 sindicalistas que se sentaron en distintas etapas en el consejo de administración.

El límite mensual de la tarjeta de crédito para gastos sin justificar pasó de 900 euros en 1999 a 2.000 euros en plena crisis económica, cuando la entidad financiera ya estaba al borde del naufragio. No había contrato escrito que estableciera las condiciones de ese privilegio, era una comunicación verbal.

La quiebra de Bankia, entidad creada por la fusión de Caja Madrid con otras seis cajas para huir de la bancarrota, ha destapado ahora aquellas prácticas que todos los partidos conocían — “cuando pagábamos comidas, el partido sabía que lo hacíamos con la tarjeta de Caja Madrid”, señala un ex consejero—, consentían y disfrutaban.

La Fiscalía Anticorrupción considera que detrás de esos gastos se puede esconder una apropiación indebida. Las conclusiones del informe elaborado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sobre el uso de tarjetas desbordan los límites de lo asumible en concepto de gastos de representación: de los 15,6 millones entre 2003 y 2012 casi seis millones corresponden a dinero sacado en efectivo de cajeros o compra de ropa, complementos y alimentación en grandes superficies. El informe no detalla el nombre de las personas que utilizaron la tarjeta de esa manera tan irregular. 28 políticos del PP, 15 del PSOE, cuatro de Izquierda Unida y 10 sindicalistas, además de varios empresarios, entre ellos quién fue presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán; y el actual jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández, figuran en la lista de los que se beneficiaron.

Cinco consejeros sin cargos ejecutivos en Caja Madrid han negado a EL PAÍS que sacaran dinero en efectivo con esa tarjeta, que nunca supieron que se podía hacer, que sólo pagaron comidas o viajes y que entendían que todo era legal aunque no tuvieran que justificar sus gastos. “La tarjeta deja un rastro del establecimiento dónde se ha usado y, por tanto, el control era perfectamente posible. Nos dijeron que con la tarjeta podíamos pagar viajes cuando estábamos fuera de Madrid y éramos convocados a alguna reunión, para comprar libros relacionados con los asuntos de la caja y para otros gastos de representación como comidas o algún regalo que tuviéramos que hacer relacionados con nuestro cargo".

El PSOE ha puesto en marcha una investigación interna para definir si los 15 afiliados a su partido que en distintas etapas ocuparon puestos remunerados en Caja Madrid hicieron “uso indebido” de las tarjetas de crédito. La respuesta se esconde en un archivo que guarda la Audiencia Nacional donde supuestamente figuran detallados los gastos con tarjeta que hicieron los 65 implicados.