La juez pone en duda “la justicia de la adjudicación” del AVE en Barcelona

La investigación sobre las obras del AVE en Barcelona va más allá de la presunta malversación de seis millones de euros y cuestiona, ahora, la bondad del concurso público. Tres semanas antes de la adjudicación, en febrero de 2008, la empresa Corsan “benefició económicamente a varios altos cargos de Adif” con un viaje a las pistas de esquí de Aspen, en Colorado. Esas dádivas a los funcionarios “suscitan dudas sobre la justicia de la adjudicación”, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue dictado el miércoles por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López.

Tres funcionarios de Adif, detenidos el pasado lunes en la Operación Yogui, viajaron el 2 de febrero de 2008 a Estados Unidos junto a Eduard P., un alto responsable de Corsan —la adjudicataria— y directivos de otras empresas. Según el auto, Eduard P. “gestionó el viaje y la estancia de todos ellos” en hoteles por un importe de 13.928 euros. El viaje fue pagado por una subcontrata de Corsan, que acabó denunciando las presuntas irregularidades a la fiscalía, harta de pagar sobornos y de no cobrar por sus trabajos.

Los funcionarios de Adif que viajaron a Aspen fueron Mauro B., Carlos P. y Jaime G. L. Este último era el director de obras de la línea noreste del AVE y ejercía como mano derecha del director de esa misma línea, Rafael R. G., que desde el pasado enero es un alto cargo de la empresa pública. Todos ellos y el resto de detenidos (hasta 10) permanecen imputados por malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental. En el auto, la magistrada acusa al alto cargo de Adif de “dictar las instrucciones a seguir para incrementar el importe de la certificación final” de las obras.

La Operación Yogui se centra en averiguar si funcionarios de Adif validaron obras de Corsan en el tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat por un importe muy superior al de los trabajos que se ejecutaron. De ahí la malversación de fondos públicos, cifrada en seis millones de euros. La juez detalla en el auto el mecanismo que permitió ese fraude. Corsan aprovechó “la modificación del proyecto inicial” —el presupuesto de la obra de 67,9 millones tuvo que incrementarse en 13,5 millones— para “realizar mediciones irreales, que fueron falsamente certificadas”, en primer lugar, por la dirección técnica, más tarde “validadas” por una empresa de control (Isaac C.) y, finalmente, “ratificadas” por el director de las obras, Jaime G. L. La actuación presuntamente delictiva se hizo “de acuerdo con el delegado de Corsan en Cataluña” (Eduard P.) de modo que “la mercantil percibió ilícitamente fondos públicos muy superiores a los que tenía derecho”.

Los trabajos para construir un tramo de vía junto a la futura estación barcelonesa de la Sagrera se prolongaron entre 2008 y 2012. En octubre de ese año, Adif elaboró la certificación final de la obra. Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de la juez, los imputados aprovecharon ese trámite para “disimular” lo sucedido y consignaron las obras “realmente ejecutadas” en distintas partidas. Los implicados, presuntamente, incluyeron en esas partidas “artificiosas” el importe del sobreprecio pagado a Corsan. De esa forma, lograron “dar amparo formal a las cantidades ilícitamente recibidas” y generaron “un saldo irreal a favor de Corsan que ronda los seis millones”

La tesis de la defensa es otra: los seis millones son un sobrecoste final de la obra que aún no se ha pagado a la constructora. La certificación de 2012, alegan, quedó en suspenso porque no fue validada por el Consejo de Administración de Adif. En 2013, tras recibir el requerimiento de información de la Guardia Civil —la fiscalía ya investigaba el caso—, los funcionarios revisaron la certificación de los trabajos.