El limbo de los narcobarcos

La lucha de España contra el narcotráfico internacional ha entrado en las últimas semanas en terreno pantanoso. La nueva ley de justicia universal —que el Gobierno del PP hizo aprobar en marzo por la vía de urgencia— ha desencadenado la confusión entre los jueces de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga, que discrepan en su interpretación jurídica y las consecuencias sobre las operaciones antidroga en aguas internacionales.

Esa diferencia de opinión se ha saldado, de momento, a favor del criterio judicial, que ha provocado ya la excarcelación de 29 supuestos traficantes de droga. La decisión, que acabará con toda probabilidad en manos del Tribunal Supremo, enfada a las asociaciones de lucha contra la droga y preocupa a los Gobiernos de la Unión Europea, alguno de los cuales está siguiendo el asunto “muy de cerca”, según fuentes judiciales.

Dos jueces de instrucción, Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, resolvieron a principios de abril que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringe la llamada justicia universal deja sin amparo legal operaciones antidroga en aguas internacionales siempre que no haya españoles en el barco abordado por Vigilancia Aduanera y la embarcación no tenga a España como destino de la droga. Con esa interpretación jurídica, Andreu y Gómez Bermúdez han puesto en libertad en sendos autos y “en estricta aplicación de la ley” a 16 narcotraficantes detenidos en dos operaciones recientes.

Avendaño: “Lo único que ha logrado la reforma es un cabreo universal”

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha deliberado esta misma semana sobre otra operación similar de hace un año en la que los 13 detenidos estaban a punto de ser juzgados. Y resolvió por amplia mayoría —13 votos contra tres— dejarlos en libertad.

La Fiscalía Antidroga, por su parte, insiste en que la reforma de la justicia universal y los tratados internacionales firmados por España permiten seguir deteniendo y juzgando a traficantes no españoles en alta mar. Pero, en el mejor de los casos, la nueva norma elaborada por el Ministerio de Justicia y aprobada sin consultas y en tiempo récord en las Cortes genera confusión e inseguridad jurídica entre sus intérpretes.

Carmen Avendaño, presidenta de la fundación Érguete [Levántate, en gallego] y una de las denominadas “madres contra la droga” que batallaron en los años ochenta contra las mafias del narcotráfico gallego, se muestra escandalizada con la reforma operada por el Ministerio de Justicia. “Qué nos va a parecer, el mundo se está poniendo patas arriba. Estamos muy cabreados en Galicia. He tenido la oportunidad de hablar con fiscales y jueces y lo que ha logrado esta reforma es un cabreo universal”, cuenta. “Poner a 30 individuos en la calle de organizaciones superpoderosas que trabajan para mafias echa por tierra el buen trabajo que se lleva realizando desde los años 80 en este país respecto a la formación y preparación de las fuerzas de seguridad y las modificaciones legislativas. ¿Está justificado? Hay 18.000 chavales de entre 18 y 23 años en la cárcel por delitos de seguridad vial y esta gente sale a la calle”, se lamenta Avendaño.

En la otra punta de la Península, Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra la Droga en el Campo de Gibraltar —otra zona especialmente castigada por la droga y puerta de entrada de gran parte de los estupefacientes que se consumen en España—, usa la misma palabra. “Cabreados, estamos muy cabreados; esta ley que deja impune el tráfico de drogas no es de recibo. Es un grave error. La lucha contra el narcotráfico es un compromiso a nivel mundial, y con esta ley parece que España se desentiende. Se echan por tierra muchos años de lucha y de logros importantes. Es un retroceso claro”, sostiene Mena.

La reforma de la justicia universal, con la interpretación que los jueces de la Audiencia Nacional hacen de ella, amenaza con dejar impunes muchas otras operaciones contra el narcotráfico internacional. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró el pasado martes en el Congreso que, aunque España no sea competente, la Audiencia Nacional denunciará los casos a los países que sí pueden juzgar a los narcotraficantes.

En la Audiencia Nacional no tienen noticia de que eso se vaya a producir y señalan que no se ha registrado ninguna denuncia en las tres operaciones antidroga en la que ya se ha resuelto la puesta en libertad de los detenidos.

Mena: “Se están echando por tierra muchos años de lucha y de logros”

Las asociaciones contra la droga plantean movilizarse contra esta reforma. “Nos parece un error garrafal. Vamos a hacer protestas desde la asociación por carta. Mariano Rajoy conoce el tema porque tuvo problemas en los años 80 en su partido, cuando entró en Alianza Popular Pablo Vioque [ex capo del narcotráfico que murió en la cárcel y manejó la ejecutiva local de Alianza Popular en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)] y tuvo que marcharse a Madrid porque no estaba de acuerdo con la situación”, subraya Carmen Avendaño. “Él me confesó que el día más feliz de su etapa como ministro del Interior fue cuando detuvieron a Sito Miñanco”, recuerda.

Francisco Mena compara la impunidad que, con la nueva ley, van a disfrutar en España los traficantes extranjeros capturados en aguas internacionales en barcos de pabellón no español con la mayor represión que sufrirán los consumidores de estupefacientes con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que tramita el Ministerio del Interior. “El borrador de esa ley prevé multas de entre 1.000 y 30.000 euros por llevar una pequeña cantidad de hachís para consumo personal y elimina la retirada de la multa en los casos en los que el infractor se somete a terapia de deshabituación en un centro acreditado”, remarca.

Los efectos perversos de la reforma de la justicia universal preocupan también a los Gobiernos de la Unión Europea que luchan con España contra el narcotráfico. Fuentes judiciales aseguran que la reforma interesa “al más alto nivel” en algunos Estados miembros ribereños del Mediterráneo que en ocasiones han facilitado a España información que ha permitido la captura de embarcaciones con droga. Estas fuentes europeas consideran que la Audiencia Nacional pudo haber hecho una interpretación más amplia de los tratados internacionales firmados por España para evitar la salida de prisión de los traficantes capturados en alta mar.

El pasado 22 de abril, en el Senado, Gallardón trató de sacudirse la polémica sobre la excarcelación de los traficantes ordenada por los jueces Andreu y Gómez Bermúdez con la siguiente frase: “Si pretenden que nos convirtamos en gendarmes universales en aguas internacionales de actividades delictivas que nada tienen que ver con España, evidentemente, eso no puede hacerse”. La semana pasada en el Congreso, y después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalara mayoritariamente las excarcelaciones, Gallardón matizó esta postura y negó que la reforma de la ley del Poder Judicial que restringe la justicia universal genere un espacio de impunidad en materia de narcotráfico. De momento, tres barcos con droga han quedado impunes.