El PSOE traslada a Ruz la sentencia que ratifica los sobresueldos de Aznar

La pelea esta semana entre la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por los sobresueldos en el PP se encamina a una guerra de demandas cruzadas en los juzgados. El PSOE va a pedir al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Bárcenas, que investigue el pago de sobresueldos en el PP que ha avalado otro juez de Pozuelo (Madrid).

Los socialistas vinculan dos circunstancias: primero, la constatación de que el extesorero Luis Bárcenas blanqueaba para el partido conservador donaciones ilegales desde 1990 (bien porque superaban el límite permitido o porque procedían de empresas que contrataban con la Administración), troceando las cantidades en ingresos inferiores a 60.000 euros, y consignándolas en una cuenta del Banco de Vitoria (hoy Banesto) como aportaciones anónimas.

En segundo lugar, ese dinero pasaba a formar parte de la contabilidad oficial, la transparente, desde la que se abonaban los sobresueldos que los cargos orgánicos populares recibían para completar su salario de diputados en la oposición. De este modo se podría inferir, según el PSOE, que el flujo de dinero negro terminaba formando parte de la masa monetaria desde la que se retribuía a la cúpula.

El instrumento que utilizará el PSOE en la batalla que ha levantado agrios comentarios entre ambas formaciones es la sentencia que desestima la demanda que Aznar presentó contra EL PAÍS por una información publicada el 10 de mayo de 2013. La noticia aseguraba que el líder popular había recibido tres pagos de su formación en 1996, tras tomar posesión como presidente del Gobierno, algo que estaba expresamente prohibido por la Ley de Incompatibilidades.

Antes, y desde el año 90, completaba su sueldo de diputado con cantidades fijas mensuales que se duplicaban en los meses de junio y diciembre a modo de pagas extraordinarias. El expresidente demandó a este periódico por usar la palabra “sobresueldos” para referirse a esas cantidades, pero la sentencia determina claramente que lo que el partido conservador llama “gastos de representación” encaja más “con la idea de sobresueldos”. El juez de Pozuelo profundiza en esos pagos posteriores a la toma de posesión, que el expresidente en ningún momento niega haber recibido, y aclara que, en cualquier caso, la ley del IRPF los califica como “dinero recibido fiscalmente hablando a cambio de trabajo”.

El magistrado desmonta otro de los argumentos utilizados por el abogado de Aznar, que en el juicio alegó que su representado había ingresado esas cantidades del partido cuando ya estaba en La Moncloa por una liquidación de gastos generados antes de su llegada al poder. “Lo que sí es cierto es que, por su naturaleza de finiquito, el saldo a su favor ha de hallarse debidamente documentado sin que se nos haya aportado documento o papel alguno [por parte de Aznar] que refleje la suma de las tres percepciones discutidas y la fecha de su devengo”. En la contabilidad en manos del Tribunal de Cuentas no figura ningún otro pago del partido a miembros que ejercían cargos en el Gobierno.