EE UU cree que la corrupción en España ha creado “sensación de impunidad”

El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura en su informe anual de 2013 (aunque se centra en 2012) sobre la situación de los derechos humanos en España que los casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios o cargos públicos han creado una "sensación de impunidad". El informe subraya en su página 10 (el documento consta de 21) de que, a pesar de las leyes para impedir este tipo de casos, los "procedimientos y las sentencias [sobre corrupción] fueron escasos". Sin embargo, señala que en los últimos tres años las sentencias por casos de corrupción se han incrementado un 151%. Estados Unidos señala dos asuntos como especialmente llamativos: el de Luis Bárcenas y el de los ERE de Andalucía.

El informe subraya el caso del senador y extesorero del PP Luis Bárcenas y destaca el descubrimiento de sus cuentas en Suiza, así como otras dos más en Nueva York y Connecticut, estas últimas con un total de 10,6 millones de euros. El Departamento de Estado destaca como en el caso de los ERE se han visto involucrados miembros del PSOE de Andalucía, así como miembros del Gobierno de la Junta.

El documento, por otro lado, explica que los problemas más significativos respecto a los derechos humanos en 2012 fueron las "informaciones sobre maltrato de detenidos y prisioneros por la policía", las "acusaciones de corrupción contra funcionarios gubernamentales" y la "violencia contra las mujeres y los niños".

Otros problemas mencionados en el informe anual son el hacinamiento en algunas prisiones, la circulación de mensajes antisemitas y de odio en internet, la "discriminación social" contra minorías étnicas o musulmanes y gitanos, así como el tráfico de mujeres y la explotación sexual.

El Departamento de Estado asegura que "no hubo informaciones sobre prisioneros o detenidos políticos" y menciona que el gobierno permite como norma general la supervisión de las prisiones y centros de detención por parte de observadores no gubernamentales independientes, incluido el Coordinador para la Prevención de la Tortura y el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura.

Menciona igualmente la decisión de las autoridades de poner en libertad a 60 presos, 36 de ellos miembros de ETA, en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.