La caja b de Bárcenas envenena al PP

El partido que gobierna en España con mayoría absoluta sigue envenenado por una caja b que durante 18 años gestionaron sus tesoreros nacionales en beneficio de la formación conservadora, según la investigación judicial.

Diez meses después de que EL PAÍS sacará a la luz el contenido de esa contabilidad opaca al fisco del PP, con la que los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta pagaron sobresueldos y financiaron servicios contratados por el partido conservador durante 18 años, el juez Pablo Ruz ordenó en la noche del jueves pasado la entrada policial en la sede donde se cometieron esos supuestos delitos.

El juez pretendía requisar documentación sensible sobre los hechos que está investigando porque el PP no se la ha facilitado pese a que la pidió hace meses. La orden judicial que permitió la entrada de la policía en la sede del PP para recoger documentación de todo tipo durante 14 horas es una etapa más en la instrucción de una causa que pone bajo sospecha la buena imagen y honorabilidad del partido de Gobierno.

Aunque el juez se centra ahora en el supuesto pago con dinero negro (no declarado a Hacienda) de parte de las obras de reforma del edificio del PP en el número 13 de la calle de Génova, de Madrid, hace meses que considera acreditada la existencia de una contabilidad paralela a la oficial, que llevaba el que fue gerente y tesorero del partido, Luis Bárcenas, con la complicidad de quien fue su jefe mucho tiempo, Álvaro Lapuerta.

El magistrado apunta ya en su auto a la existencia de varios delitos

Esa contabilidad paralela permitió, según escribe el juez Ruz en su último auto y ha reiterado en otros anteriores, pagar dinero negro a dirigentes del PP (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Matas, Cristóbal Páez...) por distintos conceptos, y a distintos profesionales (arquitectos, asesores políticos, economistas...) por sus servicios para el partido.

Si el juez se afana en los últimos días en destapar la corriente de dinero negro que financió parte de las obras de reforma de la sede del PP es porque se trata de uno de los apuntes de los papeles de Bárcenas que, por las fechas en que se produjo aún no ha prescrito y, por tanto, puede formar parte del auto de procesamiento con el que concluya la instrucción judicial.

Las obras del PP son uno de los apuntes que no habrían prescrito

El juez Pablo Ruz apunta ya en su auto a la existencia de varios delitos en relación con la actuación de los responsables del PP que manejaban las cuentas del partido tipificados en el Código Penal.

•  Falsedad contable: “Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa”. Durante 18 años, el PP ingresó diversas cantidades en su caja b como donaciones anónimas de empresarios, la mayoría constructores, que estaban prohibidas por la Ley de Financiación de Partidos, y las ocultó al fisco, según cree acreditado el juez Pablo Ruz. Las pruebas recabadas durante la instrucción sobre esta financiación ilegal han sido varias. Además de la confesión de los hechos delictivos por parte de su autor principal, el extesorero Luis Bárcenas, al menos media docena de dirigentes del PP que recibieron el dinero no declarado a Hacienda así lo han confirmado por distintas vías (Cristóbal Paez, exgerente; Jaime Ignacio del Burgo; ex diputado nacional; Calixto Ayesa, ex consejero navarro; Eugenio Nasarre, diputado; Santiago Abascal...). Con ese dinero negro, Bárcenas no solo pagó a dirigentes del partido —el extesorero añade a esa lista a toda la cúpula del PP—, sino también a distintos profesionales (arquitectos, abogados...) por servicios prestados a la formación.

•  Delito contra la Administración. El juez señala la posibilidad de que la investigación destape la existencia de pagos al Partido Popular como consecuencia del trato de favor en contratos y adjudicaciones a empresas por parte de Administraciones gobernadas por esta formación. Las acusaciones populares personadas en el caso Bárcenas han pedido que se investigue si los empresarios que donaron grandes cantidades de dinero al PP, según registro el extesorero en su contabilidad paralela, recibieron contratos de Administraciones gobernadas por este partido.
• Tráfico de influencias. “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años”. El juez cita este artículo 428 del Código Penal en relación a las investigaciones relacionadas con la supuesta presión que el extesorero pudo hacer a cargos públicos del PP con capacidad de adjudicar contratos a empresas que, a su vez, devolvían el favor en forma de donación anónima.