Los desahucios en su laberinto

En el año 1989 Gabriel García Márquez escribió una personal visión de los últimos días del libertador Simón Bolívar, una visión amarga y desesperanzada que tituló El General en su Laberinto. La novela es una reflexión sobre el poder, sobre la soledad, también sobre lo complicado que es librarse de algunos laberintos; la metáfora puede ser útil para intentar aproximarse a la situación de las ejecuciones hipotecarias, de los llamados desahucios, a finales del año 2013.

Hace poco más o menos un año los medios de comunicación se hicieron eco de los movimientos sociales surgidos en torno a la plataforma Stop Desahucios. La imagen de personas que se veían obligadas a abandonar sus casas por imposibilidad material de pagar los préstamos hipotecarios, los portales llenos de cajas a medio hacer, maletas destartaladas, familias enteras esperando con rabia la llegada de la comisión judicial, se convirtieron en las estampas más amargas y representativas de los efectos de la crisis económica.

La fortaleza de esos movimientos y de quienes lo lideraban, capaces de denunciar abusos e injusticias, de plantear la alternativa de una modificación legislativa por medio de la llamada dación en pago – la pérdida de la vivienda con cancelación de la totalidad de la deuda -, coincidió con un severo varapalo de las autoridades de la Unión Europea a las políticas españolas en materia de préstamos hipotecarios. Primero en noviembre de 2012, después en marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la legislación española no tutelaba suficientemente a los consumidores en los procesos de desahucios.

Fruto de aquellas movilizaciones se forzó una reforma legislativa que tenía por objeto adecuar la legislación nacional a las exigencias comunitarias, también se proponía dar una respuesta en clave social al problema de la ejecución hipotecaria. Se aceptaba así algo evidente: Que en la concesión de muchos préstamos y en otros aspectos de la contratación financiera se habían cometido abusos que habían colocado a los consumidores en una evidente situación de desequilibrio.

Un año después la tensión social parece haberse diluido, las plataformas ya no ocupan los titulares de los medios de comunicación y algunas entidades financieras, no todas, han aceptado fórmulas alternativas al desahucio judicial.

No puede decirse, sin embargo, que hayamos salido del laberinto, cierto es que se ha dado un breve respiro a los consumidores pero desde el gobierno siguen empeñados en no dar una solución a problemas enquistados.

El anuncio de creación de un gran “parque de vivienda social” no se ha concretado en iniciativas reconocibles, los juzgados siguen inundados con miles de demandas en las que los particulares denuncian abusos y atropellos en la contratación, no se permite de modo defectivo que los deudores puedan negociar su deuda para que se reduzca a cantidades razonables, muchos de ellos siguen condenados de por vida a hacer frente a unas sumas que les resultará imposible saldar y que comprometerán el futuro también de sus familias.

¿Qué ha ocurrido durante estos meses? Cierto es que las reformas legales tanto de mayo de 2013 como de septiembre de 2013, la llamada Ley de Emprendedores, introducen ajustes que, a la postre, pueden resultar remedios provisionales, sin efectividad.

Seguimos sin tener una legislación de tutela del consumidor sobre endeudado que sea equiparable a la que existe en países como Francia, Alemania o el Reino Unido.

Mientras se publicitan estas reformas lo cierto es que muchas entidades financieras han transferido sus riesgos, los préstamos pendientes de cobro, al llamado Banco Malo, y el precio de transferencia en muchas ocasiones ha sido menos de la mitad de la deuda, es decir, las entidades financieras han aceptado recuperar menos del 50% de lo que se les debía y han saneado sus balances.

En otras ocasiones las entidades han preferido vender los créditos a fondos extranjeros de inversión por menos del 20% del valor de la deuda lo que quiere decir que las familias verán en un futuro como ya no les reclama el banco al que pidieron el préstamo, sino uno de estos fondos saneadores.

Se podrá decir que no hay obligación legal de comunicar al consumidor el detalle de estas transferencias, que no tiene por qué saber que su hipoteca se ha vendido a un precio muy por debajo de la deuda. Sorprende, sin embargo, que una entidad financiera esté dispuesta a deshacerse de hipotecas que considera de dudoso cobro por un precio de derribo y no haya estado dispuesto a aceptar una dación en pago o una rebaja de la deuda en un 15% o 20%. Parece como si conceder préstamos hipotecarios hubiera dejado de ser un negocio apetecible.

Se obliga a los consumidores a perderse en procedimientos judiciales o administrativos de compleja comprensión para obtener, en el mejor de los casos una mínima rebaja en los intereses, una moratoria de un par de años en el pago, poco más. Ni el analista más optimista puede asegurar que España pueda tener a corto o a medio plazos niveles económicos que permitan que los particulares disfruten de una situación similar a la que teníamos en 2006. Incluso mejorando algunos indicadores macroeconómicos, las perspectivas para los consumidores siguen siendo tenebrosas, se ha desmantelado el estado del bienestar, se han diluido los derechos de los trabajadores y la austeridad es una receta que se impone sobre todo a los más débiles.

Mientras no se adopten medidas estructurales que permitan a cientos de miles de ciudadanos una segunda oportunidad, mientras no se aborde con vocación de futuro una política razonable en materia de acceso a la vivienda, el laberinto de las hipotecas y el drama de los desahucio seguirá lastrando las expectativas de recuperación efectiva de la gente de la calle. A la vuelta de cualquier vericueto podemos descubrir que, lejos de salir del laberinto, nos encontramos todavía más perdidos en él.

José María Fernández Seijó es magistrado del juzgado número 3 de lo mercantil de Barcelona.