Una “corriente financiera” de dinero b

Las diez páginas de exposición razonada del juez Pablo Ruz confirman que en el principal partido político español había una “corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo” al margen de la contabilidad oficial. El magistrado llega a esa conclusión tras acreditar la veracidad de decenas de apuntes anotados durante 18 años, de 1990 a 2008, por Luis Bárcenas, el extesorero ahora en prisión.

Que sus papeles eran ciertos lo empezaron a probar ante el juez los propios receptores de sobres. Entre 1990 y 1995 el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo fue el encargado de entregar el dinero negro que pagaba el PP a Calixto Ayesa, que formó parte del Gobierno de Navarra y negoció una compensación por tener que cerrar su consulta médica para dedicarse al partido. La caja b también sirvió para compensar a una concejala de UPN, Elena Murillo, cuya vivienda había sido destrozada por un atentado de ETA.

El PP se nutría con donaciones ilegales que el extesorero apuntaba minuciosamente en sus cuadernos y, en parte, ingresaba troceadas en una cuenta del Banco de Vitoria para eludir el tope legal de 60.000 euros. Llegó a transmitir a esa cuenta del partido hasta 1,3 millones en pequeñas entregas, algo que quedó acreditado durante la investigación.

El dinero fluía hacia el partido. En Galicia, Pablo Crespo, exsecretario de organización en esa comunidad, encarcelado dentro de la investigación de Gürtel, admitió una devolución de 126.213 euros de un préstamo al también extesorero Álvaro Lapuerta. Ocurrió en mayo de 1999. Poco después Bárcenas apuntó en su cuaderno la cantidad de dos millones de pesetas (12.000 euros) junto a la reseña: “Entrega a Álvaro Lap. (País Vasco) para Abascal”. Era Santiago Abascal Escuza, entonces miembro del PP en Álava que estuvo en la diana de ETA. “No recuerdo nada de todo aquello, solo que me dieron el dinero”, admitió durante los interrogatorios. Otra víctima de ETA, Encarna Oviedo, viuda del asesinado Francisco Cano, recibió un sobre con 18.000 euros tras el asesinato de su esposo, concejal en el Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona) en 2000.

Otra persona que confirmó los apuntes fue el presidente del Senado, Pío García Escudero, que admitió que el partido le concedió un préstamo de 24.000 euros para unas obras en su domicilio tras un atentado de la banda terrorista.

Entre 2003 y 2004 Bárcenas anotó en sus papeles dos pagos de 70.000 euros en negro a la Fundación Humanismo y Democracia: “Son correctas las cantidades y las fechas”, reconoció Eugenio Nasarre, diputado del PP y patrono de esa fundación. La suma de los 55 apuntes que fueron confirmados durante la investigación arrojan pagos de 1,7 millones, a los que se suma el millón que según el juez cobró el arquitecto Gonzalo Uquijo.