La fiscalía pide que todo el ‘caso Nóos’ pase al Tribunal Superior de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción impulsó ayer a través de un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un vuelco en la investigación del caso Nóos, el escándalo que aborda los supuestos negocios sucios del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres.

El fiscal reclamó en su escrito la imputación por cuatro supuestos delitos del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos diputados autonómicos y por tanto aforados, por lo que solo pueden ser encausados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. A la vez, el fiscal Pedro Horrach solicitó que si esa instancia judicial acepta investigar la implicación penal de esos dos aforados en los hechos, debe asumir por completo la competencia del caso, cerrar su instrucción y celebrar la vista oral para todos los imputados, entre ellos el propio Urdangarin. El fiscal se basa en pronunciamientos del Tribunal Supremo para reclamar que todo el caso Nóos pase a Valencia.

Si el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana acepta esta tesis, el juez del caso Nóos, José Castro, perderá el timón de la causa y se quedará sin poder concluir el sumario que lleva más de tres años construyendo. Entre las últimas decisiones que tiene pendientes está la nueva imputación de la infanta Cristina, por lo que ha solicitado a la Agencia Tributaria distintos informes fiscales.

El fiscal Horrach ha cambiado su criterio por sorpresa

El juez Castro remitió meses atrás una pieza separada de la causa al Tribunal Valenciano, porque ve indicios de delito en la actuación de Camps y Barberá, que habrían dado un trato de favor a Urdangarin mediante contratos públicos sin concurso.

El juez Castro entendía que podía quedarse con la causa abierta por los contratos adjudicados al Instituto Nóos desde el Gobierno balear. Por su parte, el fiscal Pedro Horrach mantenía inicialmente la misma postura que el juez Castro, de fragmentar en dos el caso. Pero por sorpresa, según personas conocedoras del proceso, cambió de criterio en los dos últimos meses.

El fiscal señala ahora, apoyándose en múltiple jurisprudencia, que la presencia de los dos imputados aforados arrastra todo el caso desde Palma hasta el Tribunal Superior valenciano. No se puede juzgar dos veces, en paralelo, al mismo imputado (Urdangarin, por ejemplo) por episodios casi idénticos, y podrían darse sentencias adversas en dos tribunales en paralelo.

“Los casos de conexión delictiva entre personas con fuero y otras que no ostenten dicho privilegio, cuando no pueda escindirse la causa, se [deben tramitar] en el Tribunal Especial que arrastre para sí la competencia”, señala el escrito de Anticorrupción. El fiscal solicita que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordene a Castro que se inhiba si se imputa al expresidente Camps y a la alcaldesa Barberá.

Desde los orígenes del caso Nóos, el instructor Castro y el acusador Horrach han actuado a la par, con aparente complicidad personal, desarrollando numerosos registros in situ de empresas e interrogatorios en Barcelona, Valencia y Madrid. Solo el tema de la imputación de la Infanta fracturó la química de ambos profesionales. Ahora se ha reiterado el desencuentro. El juez molestó al acusador primero con la imputación de la Infanta, y ahora es a la inversa. Horrach siempre se ha considerado un profesional independiente, aunque jerárquicamente dependa del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El fiscal sostiene en su escrito que el expresidente Camps y la alcaldesa Barberá atendieron, de manera ilegal y sin control de los fondos públicos, a las peticiones del Instituto Nóos, propiedad de Urdangarin y su entonces socio Diego Torres. Con esa actuación, destinaron más de tres millones de euros de las arcas públicas a beneficiar los negocios del duque de Palma.

Antes mantenía que Castro debía quedarse con la causa de Baleares

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, manifestó ayer que asumía “con toda serenidad y normalidad” la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputarla en el caso Nóos, decisión que ha definido como “una fase más del proceso”, informa Cristina Vázquez. La alcaldesa de Valencia se quejó de que escritos como el remitido ayer por la Fiscalía Anticorrupción al Tribunal Superior de Justicia “se conozcan antes por los medios de comunicación que por las partes” del proceso, y volvió a reiterar su argumento de los últimos meses: “No he firmado nada y no he aprobado nada”. Barberá sugirió que seguirá como alcaldesa de Valencia aunque el Tribunal Superior admita la competencia sobre la causa y la cite como imputada.

En la Comunidad valenciana, el PP cuenta con numerosos cargos públicos imputados en casos de corrupción que no han dejado sus funciones, entre ellos la alcaldesa de Alicante y una decena de diputados.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que sustituyó a Camps cuando fue procesado por el caso Gürtel —posteriormente un jurado popular le absolvió— expresó ayer su “tranquilidad a todos los niveles” tras conocer la petición de la fiscalía. Fabra defendió a los dos dirigentes: “Camps y Barberá se han dedicado a poner en valor la Comunidad valenciana”.