Navarro rechaza utilizar la ley de consultas para el referéndum catalán

El Partit dels Socialistes de Catalunya marcó ayer distancias con la ley catalana de consultas que promueve el parlamento autónomo y que Convergència i Unió quiere utilizar para dar amparo legal al referéndum de autodeterminación. Los socialistas catalanes participan en la ponencia que debe redactar la ley, pero el primer secretario del PSC, Pere Navarro, rechazó ayer que ese texto se utilice para amparar la consulta catalana. “Es una ley para hacer consultas desde el punto de vista democrático, pero no para hacer la consulta de la que todo el mundo habla”, aseguró. Navarro entiende que hay que dar voz a “una parte muy mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña que quieren opinar sobre su futura relación con el resto de España”, pero rechaza que la vía para hacerlo sea una ley. Según el PSC la consulta deber ser fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y el catalán, y “no con subterfugios”, según dijo Navarro en declaraciones a La Sexta.

Esta posición de Navarro matiza algunos de los posicionamientos de su partido los últimos días. Sin ir más lejos, el portavoz parlamentario del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, sí admitió el pasado martes que se pueda utilizar la ley de consultas para que los catalanes se pronuncien sobre su futuro con relación a España. Dijo que la consulta podía ser un “subproducto” del texto.

CiU y ERC logran mayoría soberanista en el Consejo de garantías estatutarias

La ley catalana de consultas verá la luz antes del verano y regulará las consultas no refrendarias. En un intento de evitar que el Tribunal Constitucional la tumbe a la primera, CiU está estudiando fórmulas como no utilizar el censo electoral sino el padrón. Podrían votar los mayores de 16 años y los inmigrantes en situación regular. Con todo, los detalles no se conocerán hasta dentro de unas semanas.

Sin embargo, Convergència i Unió y Esquerra Republicana están ya preparando el terreno para aprobar esta ley con el mínimo de impedimentos posibles. Uno de los posibles problemas que podrían tener antes del previsible recurso del Gobierno es que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña dictaminara que la ley es inconstitucional. Esto pondría en un serio aprieto al Gobierno de Artur Mas. El actual consejo, con 12 miembros elegidos a propuesta de los partidos y del Ejecutivo catalán, no tiene mayoría soberanista, pero esto cambiará en breve. CiU y ERC prevén votar en el próximo pleno de la cámara catalana la renovación de tres de sus miembros. Según un acuerdo entre ambos partidos que ayer confirmaron los republicanos, uno de los actuales miembros de este consejo, elegido a propuesta del PSC, dejará el puesto en favor de uno elegido a propuesta de ERC. Con ello el consejo pasará a tener mayoría soberanista. Los socialistas lamentan que el cambio se haga sin negociación entre todos los partidos y sospechan que el movimiento tiene que ver indefectiblemente con el futuro de la ley de Consultas.

Pero en el corto plazo el proceso soberanista catalán está marcado especialmente por la dimisión forzada del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, tras sus declaraciones sobre la posibilidad de la celebración de una consulta legal en Cataluña. También en este punto quiso desmarcarse ayer Pere Navarro de los nacionalistas catalanes. El dirigente socialista aseguró que sus declaraciones “no eran propias de un fiscal”. Eso sí, aseguró también que la reacción del fiscal general Eduardo Torres-Dulce, abriéndole un expediente, tampoco ha sido positiva. “Ha habido una política de separación, de crispación mutua, de intentar que unos vayan por un lado y otros por el otro, y el resultado es este”.

El presidente de la Generalitat defendió de nuevo ayer al dimitido fiscal. Aseguró de él que “es muy buen profesional” y que “se le ha quitado la confianza y prácticamente se puede decir que ha sido destituido”, Según Artur Mas, las tesis de Sol son “matizadas y muy equilibradas sobre una cosa que es de puro sentido común y de puro sentido democrático”. “Cualquier pueblo del mundo, no solo Catalunya, tiene derecho a expresarse de acuerdo con los marcos legales”, señaló el presidente de la Generalitat.

También salió en defensa de Rodríguez Sol el Síndic de Greuges, Rafel Ribó, el equivalente a Defensor del Pueblo en Cataluña. En su opinión, el cese del fiscal es un atentado contra la democracia que recuerda a otras épocas: “Es como si volviésemos al autoritarismo, con una visión muy cerrada de España”, dijo.