Bruselas y la banca limitan el alcance de la reforma de los desahucios

Se habían generado unas enormes expectativas. Tanto que el Gobierno y el PSOE estaban impactados y asustados por la enorme presión social y mediática. Después de casi un mes de debate, dos semanas de intenso cruce de declaraciones en el que participó incluso el presidente del Gobierno y casi cuatro días de negociaciones hasta el último minuto con el PSOE, que terminaron sin acuerdo, el Gobierno se decidió este jueves a aprobar una limitación a los desahucios pero muy acotada.

De momento no habrá reformas legales importantes ni grandes cambios, pero sí se frenarán los desahucios de las personas en situaciones especialmente difíciles. Es lo que ya se prometió cuando se aprobó el código de buenas prácticas para la banca, el pasado marzo. Sin embargo, las limitaciones entonces eran tan profundas que no funcionó, según admitió el propio Mariano Rajoy.

“Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas del trabajo o de actividades económicas y también de otros bienes con que hacer frente a la deuda”, exigía ese código. Y dejaba fuera a casi todo el mundo. Ahora el Gobierno ha decidido aprobar de urgencia una moratoria de dos años para frenar los desahucios. El número de potenciales beneficiarios se amplía, pero sigue siendo limitado. Las familias tendrán que cumplir dos condiciones difíciles. Primero, que la renta de toda la unidad familiar sea inferior a 19.200 euros. Y, además, que sean familias numerosas, o tengan dos hijos a cargo en familias monoparentales, o tengan un menor de tres años en casa, o un discapacitado o un enfermo grave. O que sean parados, pero no todos: solo los que hayan agotado la prestación por desempleo. Además, se creará un parque de viviendas con alquileres bajos para los desahuciados, aunque aún no hay mucho detalle sobre eso.

Según el Gobierno, la moratoria incluirá a mucha gente, aunque no aclara a cuánta. El problema del Ejecutivo, en este momento, es que los desahucios no están afectando ya solo a la clase más baja, sino también a la clase media. De hecho, ninguno de los tres suicidas que han generado una enorme alarma social habría entrado en las categorías ahora definidas por la nueva moratoria.

En privado, el Gobierno insiste en que se trata de un asunto socialmente explosivo pero también delicadísimo para la imagen exterior de España, para los mercados y para los bancos. De hecho, el equipo de Rajoy ha dado algunos pasos adelante y atrás en los últimos días. Fuentes del Gobierno admiten que la preocupación es enorme no solo en la banca, que ejerce como grupo de presión como siempre ha hecho, sino también en Bruselas. Olli Rehn ha estado muy encima. A Bruselas lo que le preocupaba, admiten en el Ejecutivo, es que España hiciera una profunda reforma de la ley hipotecaria, ya que Europa va a dar a los bancos españoles 40.000 millones. Un portavoz oficial de Rehn señaló: “El asunto de los desahucios ha sido discutido en numerosas ocasiones en el pasado entre la Comisión y las autoridades españolas y estábamos informados de las medidas que se han adoptado hoy”.

En público, preguntado expresamente, el Gobierno no admite esas presiones ni de Bruselas ni del BCE ni de la banca española. En privado algunos sí señalan que el asunto es muy delicado y hay muchos intereses en juego. Las presiones han llegado incluso al PSOE, a quien la banca quería ver pactando con el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, principal interlocutor del sistema financiero, participó el miércoles en unas jornadas organizadas por el Banco Santander y tuvo ocasión de hablar con su presidente, Emilio Botín. Otros banqueros relevantes como Francisco González del BBVA o Isidro Fainé, que además de presidir La Caixa lidera la CECA (que agrupa a las cajas de ahorros), tienen acceso directo y frecuente al presidente del Gobierno.

El pacto entre el Gobierno y el PSOE se buscó hasta el último minuto. Incluso empezado el Consejo de Ministros hubo conversaciones entre Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano. Pero, además de diferencias sobre las condiciones de la moratoria, había un asunto de fondo: el PSOE quería garantías de cambios profundos en la ley hipotecaria, y el Gobierno quería evitar ese mensaje. Sobre las hipotecas están construidas en España muchas otras deudas y la estabilidad de los bancos, explica el Ejecutivo. Guindos recordó que en España se pagan las hipotecas, que solo hay un 3% de mora, y el Gobierno quiere lograr que siga así.

El PSOE cree que las medidas anunciadas por el Gobierno son “un mero parche” que beneficiará a muy pocas familias, según dijo la responsable de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Fuentes del PSOE aseguran que en estos días de negociación ha habido “presión de los bancos” para no tocar la ley hipotecaria, informa Vera Gutiérrez Calvo. En cualquier caso, los socialistas siguen abiertos a negociar. Y el Gobierno aclaró que ellos también están abiertos a reformas de las leyes en cuestiones clave como las subastas, los intereses de demora abusivos, dar más independencia a las sociedades de tasación o poner límites al porcentaje de endeudamiento máximo.

La CECA valoró “muy positivamente” lo aprobado, la Asociación Española de Banca dijo que “entiende” la moratoria aunque se quejó de que el sector cargará “en exclusiva” con las medidas y grupos de consumidores y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lo calificaron de “parche”.