“No habrá indultos a presos de ETA”

Llega a la cita con este periódico dos horas después de provocar en el Congreso su primer incendio como ministro. Ha justificado la reforma de la ley del aborto en la necesidad de proteger el derecho a ser madre. Y muchos que lo veían como el miembro más progresista del Gobierno lo están acusando de ultra en Internet. Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) se ha comprometido a impulsar una reforma total de la Justicia —contrarreforma, la llama el PSOE— en un plazo récord, pero ha empezado con un giro imprevisto en su discurso. Durante la entrevista no matiza sus palabras sobre el aborto, las ratifica. Y avanza su postura en otros frentes.

Pregunta. ¿ETA tiene una dimensión política, como dijo el ministro del Interior?

Respuesta. ETA es una banda terrorista que ha protagonizado el mayor ataque a la democracia en la historia de esta nación. Esa es la realidad. Alrededor de eso hay multitud de factores que colateralmente pueden ser objeto de análisis: penales, penitenciarios, sociológicos... La expresión “política” comprenderá muchos de ellos. Pero distraer la atención de lo que es ETA, una banda armada, es un error para cualquier Estado de derecho.

P. El Gobierno va a “cumplir la ley” con los presos de ETA. ¿Qué permite exactamente la ley?

R. Los beneficios penitenciarios no competen a este ministerio. En lo que corresponde a este ministerio, que es el derecho de gracia, la ley da al Gobierno un amplio margen de discrecionalidad. Dicho esto, le digo que el Gobierno no va a ejercer el derecho de gracia con los presos de ETA.

P. ¿No va a haber indultos a presos de ETA?

R. No.

P. ¿Tampoco individuales?

R. No. El Gobierno no se plantea ningún indulto a ningún preso de ETA.

P. Ha afirmado que el cese definitivo de la violencia responde a razones “estratégicas” de ETA. ¿No se lo cree?

R. No me lo creeré hasta que la banda se disuelva.

P. Hasta pocos días antes del 20-N, el PP estuvo diciendo que había indicios de sobra para ilegalizar Bildu. Ahora sostiene que no hay ningún indicio. ¿Ha cambiado Bildu o ha cambiado el PP?

R. Es que entre ambos momentos lo que ha habido es una sentencia del Constitucional. El PP tenía un discurso discrepante con el Constitucional, pero esa es la última voz. Nos guste o no, estamos obligados a acatarla.

P. Esa sentencia dice que en cualquier momento se pueden recabar nuevos indicios para la ilegalización, indicios que el PP sostenía que existían también con las listas de Bildu/Amaiur y por eso pedía su ilegalización. Eso fue después de la sentencia.

R. Estamos pendientes de que el Constitucional resuelva la sentencia de Sortu. Esa sentencia nos dirá cuál es el camino que debemos seguir. El Gobierno estará a lo que dictamine el Constitucional.

P. Defiende usted la reforma de la ley del aborto para proteger la maternidad. ¿Quién amenaza en España el derecho de las mujeres a ser madres cuando quieren?

R. Situaciones estructurales que, ante embarazos no deseados, les cierran puertas a la alternativa. Hay una violencia de género estructural. Si no existiese, la mujer podría optar por alternativas a la interrupción del embarazo.

P. ¿Qué violencia de género es esa?

R. Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo; pienso en la presión [que sufren] muchas inmigrantes; pienso en mujeres que en este tipo de situaciones carecen de apoyos de los poderes públicos para poder libremente optar por una alternativa a la interrupción de su embarazo. Existe una dejación de los poderes públicos, que se han conformado con establecer una despenalización y no la acompañan de medidas de carácter laboral, asistencial, ayudas en vivienda o transporte...

P. El Gobierno puede mejorar esas ayudas, o poner controles para que las mujeres no sean despedidas por el hecho de estar embarazadas. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con la ley del aborto?

R. Mucho. El legislador ha olvidado la necesidad de dar a la mujer ayudas que le permitan adoptar en libertad su decisión. Y me sorprende que una parte de la opinión pública devalúe la defensa del derecho de la mujer a la maternidad por el hecho de presentarla simultáneamente a una modificación de la ley del aborto.

P. Las críticas no son por presentarla simultáneamente, sino por apelar al derecho a ser madre para recortar el aborto, y por eso de la “violencia” que hace abortar.

R. Esa presión estructural se da en determinados casos. La inexistencia de ayudas lleva a muchas mujeres a perder la libertad de elección. Por eso debe tratarse en un proyecto integral: no solo los supuestos de despenalización sino la ayuda a la maternidad.

P. ¿Van a volver a una ley de supuestos o a una mezcla de supuestos y plazos?

R. El Tribunal Constitucional ha dicho tres veces, en 1985, 1996 y 1999, que el concebido y no nacido tiene derechos, como también los tiene la mujer. Cuando entran en conflicto, el legislador debe resolverlo. Lo que no puede hacer la ley es desamparar absolutamente uno de los dos durante un número de semanas.

P. La ley de 1983 tenía un supuesto, el de “riesgo para la madre”, sin plazo, que en la práctica permitía abortar en cualquier momento. En ese sentido la ley actual es más restrictiva: a partir de la semana 22 solo existe el supuesto de riesgo de muerte o enfermedad incurable del feto. Por eso le pregunto si van a volver a aquel sistema de supuestos o van a restringir el supuesto de “riesgo para la madre” poniéndole un plazo.

R. Nos hemos dado un año para hacer esa ley. Yo tengo claro cuál es el proyecto que a mí me gustaría. Rotundamente claro.

P. Dígamelo.

R. No. Porque mi obligación es escuchar antes a mucha gente.

P. Según la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que aprobó el PP, una chica de 16 años puede renunciar a tratamiento médico, o decidir si se opera, sin permiso de sus padres. ¿Por qué es madura para eso y no para abortar?

R. Por las consecuencias dramáticas que para la mujer tiene la interrupción del embarazo.

P. ¿No puede tener consecuencias igual o más graves renunciar a tratamiento médico?

R. Yo creo que el aborto es un trauma. Inevitable a veces, pero un trauma. No creo que deba compararse con esos otros casos.

P. ¿Por qué en la ley de matrimonios homosexuales esperan a saber qué dice el Constitucional y en la del aborto no esperan?

R. Porque el Constitucional ya se pronunció sobre el aborto.

P. Pero si la ley de 2010 vulnera esa doctrina constitucional será el Constitucional quien tenga que decirlo. Y en eso está, ¿no? Estudiando su recurso. ¿Por qué no esperan?

R. Su argumentación nos llevaría a que el legislador podría aprobar cualquier ley rotundamente contraria a la Constitución alegando que ya se pronunciará el Constitucional. Si es que el Constitucional ya se ha pronunciado...

P. Se pronunció sobre la ley de 1983. Si ahora avala la de 2010 y ustedes ya la han derogado, ¿no sería el PP el que vulneraría la doctrina constitucional?

R. No es un supuesto que se pueda dar, porque, en el momento en que se modifique la ley, el Constitucional se pronunciaría sobre una ley que ya no existiría.

P. Entonces lo que diga el Constitucional ahora, no en 1985, ¿le interesa o no?

R. Es que el Constitucional no tiene una doctrina variable, la Constitución no ha cambiado.

P. Parece que sepa ya lo que el Constitucional va a decir.

R. Lo que sé es lo que el Constitucional ya ha dicho.

P. Usted afirmó que, en su opinión, la ley de matrimonios homosexuales es constitucional. ¿Se equivocó el PP al recurrirla?

R. Nunca solicitar al Constitucional que se pronuncie se puede considerar una equivocación.

P. Si avala la ley, ¿se compromete a dejarla como está?

R. Sí.

P. Si no la avala, ¿quedarían anuladas las bodas de quienes se han casado en estos siete años?

R. Yo no entraría en hipótesis antes de conocer la resolución.

P. ¿Por qué es necesario crear la pena de prisión permanente revisable cuando España tiene uno de los Códigos Penales más duros, con cumplimiento íntegro de condenas y penas máximas de 40 años para los delitos más graves?

R. Porque no solo hay que pensar en el elemento retributivo de la pena, el “esto hiciste y por esto tienes este castigo”. Es verdad que en España el máximo de pena es suficientemente alto. Pero la prisión permanente revisable piensa, además, en si la reinserción se ha producido. Si se constata que la voluntad de un preso terrorista es reintegrarse en la banda para seguir matando, el Estado tiene derecho a defenderse.

P. ¿En qué casos se aplicará?

R. Excepcionales. Le he puesto el ejemplo del terrorismo. También delitos sexuales gravísimos si la previsión es que la excarcelación llevará a un nuevo delito.

P. ¿Cómo se averigua si el preso está reinsertado?

R. Es un proceso muy complejo en el que intervendrán muchos profesionales.

P. ¿Va a endurecer los requisitos para tener justicia gratuita?

R. Es la tercera vez que usa la palabra “endurecer”, que es peyorativa. No, lo que vamos a hacer es que accedan a la justicia gratuita aquellos que lo merezcan.

P. ¿Con requisitos distintos?

R. Con una adecuación de las cuantías. Que la utilicen quienes realmente no tienen recursos para litigar. Y que cada vez que se recurra a segunda instancia se vuelvan a evaluar las condiciones. A veces se producen abusos.

P. ¿Qué le parece que la Casa del Rey pidiera a Iñaki Urdangarin que dejara sus negocios irregulares, cuando tuvo conocimiento de ellos, en lugar de denunciarlo?

R. En primer lugar, eso es algo que ha sido publicado pero no oficialmente comunicado por la Casa del Rey. Y, en segundo lugar, el Gobierno, en todos los casos, apoyará siempre las actuaciones de la Casa del Rey.

P. Si lo hizo, ¿lo apoya?

R. El Gobierno apoya, por supuesto, cualquier actuación que realice la Casa del Rey.

P. ¿Lamenta que Baltasar Garzón haya sido apartado de la judicatura?

R. El Gobierno no se pronuncia sobre resoluciones del Supremo. Formule como formule la pregunta, no voy a pronunciarme.

P. Las víctimas del franquismo que acudieron al Supremo a pedir ayuda, ¿deben recibirla?

R. Cualquier víctima de cualquier hecho delictivo tiene acceso a la tutela judicial efectiva.

P. ¿Deben investigarse esos crímenes?

R. Esa no es una decisión que corresponda al Gobierno.

P. ¿Comparte la decisión del fiscal de no recurrir el veredicto del caso Camps?

R. Entiendo perfectamente los motivos que alegó: en las sentencias dictadas por jurado es muy limitada la viabilidad del recurso.

P. ¿Queda algo por investigar del 11-M?

R. Tenemos una sentencia. No pueden volver a juzgarse los hechos que fueron juzgados. Si aparecen datos nuevos, lo normal es que se investiguen.

P. ¿Qué va a hacer su ministerio para dar prioridad a la investigación de los robos de niños ocurridos durante décadas?

R. Vamos a coordinar el trabajo. Tienen que intervenir Interior, Sanidad, Justicia, las comunidades —porque muchos de los registros en sede sanitaria son custodiados por ellas ahora—, la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Toxicología. Es un asunto de enorme complejidad, pero hay que ayudar a estas personas y lo vamos a hacer.

P. Varias sentencias del Supremo y del Constitucional obligan a que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña junto al catalán, aunque no dicen cómo, y al final esa obligación no se cumple. ¿Hay forma de hacer que se cumpla?¿Prepara alguna medida el Gobierno o las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano solo tienen la salida de acudir cada vez a los tribunales?

R. Existen ya, como dice, varias sentencias que, como siempre, hay que respetar. Desde el Gobierno defenderemos siempre un bilingüismo integrador en las escuelas y en las instituciones, el mismo que se vive en las calles.

P. En España hay tres millones de pleitos por resolver, cientos de miles de sentencias por ejecutar. En plena crisis, hay decenas de miles de millones de euros retenidos en los juzgados por casos sin resolver. ¿Qué hará para combatir ese atasco?

R. En este momento de crisis, la solución no puede ser aumentar el número de jueces. Hay que adecuar la justicia al siglo XXI, sacarla de los anclajes del XIX. Vamos a sacar de los juzgados todas las actividades no judiciales.

P. Ya apuntó a los matrimonios y los divorcios. ¿Algo más?

R. Vamos a presentar un proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria y ahí se decidirá. En España se resuelven al año 9,5 millones de asuntos; en Francia, seis millones. En otros países hay sistemas alternativos para resolver conflictos. Tenemos que introducir un cambio de cultura en España, con proyectos como el de la mediación. La actuación jurisdiccional debe ser el último recurso.

P. En el caso de los matrimonios y divorcios, ¿cómo va a evitar que hacerlo en una notaría encarezca el trámite?

R. Se pondría un precio público máximo. Pero para el ciudadano esto no es un problema de coste. Casarse y divorciarse no es algo que se haga muchas veces.

P. En los casos de divorcios en los que hay menores, ¿se haría también por notario?

R. No. Si hay menores interviene el fiscal y eso debe ser ante un juez. Y en caso de conflicto tampoco se hará con notario. Hablamos solo de divorcios con mutuo acuerdo y sin menores.

P. ¿Van a subir todas las tasas judiciales?

R. Se adecuarán todas, aunque solo en las de segunda instancia [para presentar recurso] la modificación será sustancial. La justicia puede ser gratuita pero nunca es gratis: cuando el coste no lo soportan las partes, lo soportan todos los contribuyentes...

P. Eso se podría decir de todos los servicios públicos.

R. Sin duda.

P. ¿Hay que poner tasas en todos los servicios públicos?

R. No. Pero en este caso hablamos de cuando el ciudadano no se conforma con el servicio que ya se le ha dado. La segunda oportunidad, el recurso, no debe ir con cargo a impuestos. Si luego la segunda instancia da la razón al ciudadano, recupera el dinero.

P. ¿Cuánto costará poner recurso? ¿El doble que ahora? ¿Diez veces más? ¿Qué tope se pone?

R. Lo estableceremos en los Presupuestos.

P. El modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial que quiere cambiar porque dice que politiza la justicia lo pactaron PP y PSOE en 2003.

R. El modelo no ha funcionado como se pretendía, el sistema ha fracasado.

P. ¿Se corre el peligro de pasar de la politización al corporativismo, porque las asociaciones de jueces tendrán mucho peso con el nuevo modelo?

R. En modo alguno. Estableceremos un sistema de elección que garantice igualdad absoluta para todos los jueces, tanto si están afiliados como si no.

P. ¿Por qué en un Estado aconfesional sigue habiendo crucifijos en colegios y edificios públicos?

R. Porque la libertad religiosa permite la existencia de símbolos religiosos.

P. Pero solo están los símbolos católicos.

R. Yo hago mía la respuesta de Tierno Galván cuando era alcalde y el PCE le pidió que quitara el crucifijo del salón de plenos. Dijo: “Por encima de cualquier creencia, este es un símbolo de paz”. A nadie le puede molestar si se ve así.

P. ¿El ministro Gallardón es más de derechas que el alcalde Gallardón?

R. No (sonríe). Pensar eso es caer en la trampa del monopolio que se atribuye la izquierda sobre lo “progresista”. Yo tengo el mismo impulso de rebeldía que he tenido siempre.

P. Usted fue la cabeza de algo que se llamó el gallardonismo. ¿Lo echa de menos?

R. Echo de menos a las personas. El gallardonismo es más literatura periodística. Yo he estado toda mi vida liderando proyectos, pero, cuando el presidente me ofreció ser ministro, supe que eso era un cambio trascendente y definitivo. Sé que este es mi último espacio en política. Cuando Mariano Rajoy abandone la política, yo la abandonaré también.

P. ¿Renuncia definitivamente a intentar ser un día presidente?

R. Sí, rotundamente. La sucesión de Mariano Rajoy está en otra generación.

P. Y aquello del verso suelto está definitivamente enterrado.

R. Yo siempre dije que el verso suelto formaba parte del poema. Nunca he dejado de formar parte del poema.