Las otras víctimas

Ocurrió a la una de la madrugada del domingo 20 de enero de 1980. Liborio Arana acababa de entrar en el bar Aldana de Alonsótegui, un barrio de Barakaldo (Vizcaya), cuando estallaron seis kilos de Goma 2. Murieron Manuel Santa Coloma, el matrimonio formado por María Paz Armiño y Pacífico Fica y el propio Liborio. Otras 10 personas resultaron heridas. "Aquella bomba, con un dispositivo de relojería, se colocó con una intención muy perversa. Sus autores sabían que iba a haber una matanza porque la colocaron un domingo de madrugada, cuando el bar solía estar lleno", señala Iñaki Arana, hijo de Liborio.

Al día siguiente, los Grupos Antiterroristas Españoles (GAE) reivindicaron el atentado. El texto decía: "Por cada miembro de las FOP o Guardia Civil caerán cuatro componentes de la izquierda abertzale". Como otras tantos atentados de la ultraderecha en el País Vasco, el caso jamás llegó a juicio ni se detuvo a ningún sospechoso.

Las víctimas del 'otro terrorismo' piden un reconocimiento similar al que reciben las víctimas de ETA

El bar estaba regentado por el matrimonio formado por José Ángel González y Garbiñe Zárate, militantes del PNV. "Era un bar al que acudía mucha gente del pueblo, muchos de ellos nacionalistas. Los autores fueron grupos parapoliciales", señala Arana, ertzaina de profesión, profesión que ya desempeñaba cuando sucedieron los hechos.

Arana recuerda que entregó los restos de la bomba a un grupo de policías procedentes de Bilbao. Pero nunca llamaron a declarar por aquel asesinato ni a él ni a ningún vecino. Más tarde supo que encargaron la investigación al inspector José Amedo, que años más tarde sería condenado por pertenecer a los GAL. El caso fue sobreseído el 12 de mayo de 1981 y no hubo juicio.

Pese a ser ertzaina, Arana no logró la implicación del Gobierno vasco. "En aquel momento, la Administración vasca estaba en sus inicios. Todo lo que logramos fue que Xabier Arzalluz lo recordara en sus discursos". "Perdimos a mi padre. Quedamos mi madre y ocho hermanos. Salimos adelante sin que nadie nos ayudara", finaliza Arana.

El caso de Alonsótegui es representativo de una época que va de mediados de los setenta a finales de los ochenta, en que grupos parapoliciales realizaron atentados con distintas denominaciones (GAE, Triple A, Batallón Vasco Español, GAL...).

Un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, que encabezan Maixabel Lasa y José María Urquijo, encargado por el Parlamento vasco, ha contabilizado 74 actos terroristas de los grupos parapoliciales y de extrema derecha en el País Vasco en esa época, con un balance de 66 muertos. Los asesinatos del otro terrorismo fueron reivindicados por los GAL (24), Batallón Vasco Español (18), la Triple A (8), Grupos Antiterroristas Españoles (6) y otros. Sólo en 17 casos se llegó a una sentencia firme. El resto jamás se aclaró.

El informe del Gobierno vasco explica el contexto en que se produjeron estos crímenes: "La complicada situación vivida en Euskadi tras la muerte de Franco y en los años inmediatamente posteriores se vio agravada por una violencia intensa, protagonizada tanto por ETA, que se negaba a abandonar las armas, como por grupos, unos incontrolados y otros bien organizados, de extrema derecha que actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad con importantes sectores de los aparatos policiales de la época".

El informe precisa cómo "los antes citados sectores políticos de extrema derecha y elementos vinculados a los aparatos de unas fuerzas de seguridad del Estado aún pendientes de democratizar y con una incuestionable motivación política sembraron el terror en determinados sectores sociopolíticos vascos, normalmente vinculados a la izquierda, y sobre todo al nacionalismo vasco, mediante actuaciones violentas que provocaron importantes daños materiales y personales, llegando a los asesinatos".

Muchos de aquellos atentados provocaron víctimas en personas alejadas de la militancia de ETA y de la política partidista, sobre todo a comienzos de los años ochenta, como el de Alonsótegui o el de la plaza de Amézola de Bilbao el 23 de julio de 1980.

Sobre las 21.30 de ese día estalló una bomba de dos kilos de goma 2 a pocos metros de la puerta de la guardería Iturriaga-Haurtzaindegia que mató a María Contreras, de 17 años, embarazada; a su hermano, Antonio Contreras, de 11 años, y a Anastasio Leal, empleado del servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Bilbao, de 58 años de edad, que llevaba tan sólo ocho años en Euskadi.

La hija de Anastasio Leal, Ramira, recuerda la muerte de su padre: "Sabíamos que la bomba no iba contra él, pero lo que más me duele es que no se haya localizado a sus autores". Lo reivindicó la Triple A y las sospechas se centraron en que la bomba iba dirigida contra el propietario del centro, Antonio Artiñano, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ceberio (Vizcaya) por Herri Batasuna.

Ramira recuerda que en este atentado no hubo investigación policial y, pasado el eco mediático, todo se olvidó. La Administración no se puso en contacto con la familia. "Salimos adelante mi madre y mis hermanos, con nuestro esfuerzo. Lo que hoy lamentamos es que no haya un reconocimiento de estas víctimas, similar al de las de ETA", dice Ramira Leal.

Veinte años después, con la aprobación de la Ley de Víctimas del Terrorismo, las familias de los afectados en los atentados de Alonsótegui y de la plaza de Amézola fueron resarcidas con una indemnización.

Según el informe del Gobierno vasco, de los 74 atentados del "otro terrorismo", sólo en 44 casos se presentó ante el Ministerio del Interior la solicitud de reconocimiento de víctimas cuando se aprobó la Ley de Víctimas en 1999. Las 30 restantes no la presentaron, en su mayoría por desconocimiento. Y de los 44 casos presentados sólo se reconoció esa condición en 33 ocasiones.

No es el caso de la familia de María José Bravo. Pertenece a uno de los nueve casos denegados. Esta muchacha de 16 años fue asesinada la tarde del 8 de mayo de 1980 en el barrio de Loyola de San Sebastián. Acompañaba a su novio, Javier Rueda, en su visita a la aseguradora para hacerse la cura de una quemadura por un accidente de trabajo. Un testigo los vio por última vez sobre las seis de la tarde.

A las 19.20, Javier Rueda fue recogido en el camino de la Misericordia con una fractura del hueso craneal y hundimiento del parietal derecho. El cuerpo de María José Bravo apareció a las seis de la tarde del día siguiente, a unos 200 metros del lugar en que fue recogido su novio. Pudo saberse que un grupo salió al paso de ambos jóvenes y golpeó con un bate de béisbol a Rueda hasta dejarlo sin sentido. A María José la secuestraron y asesinaron por el mismo sistema tras violarla. El asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco Español.

En este caso tampoco hubo investigación policial ni actuación judicial, según el informe del Gobierno vasco. La familia Bravo lo confirma. Alberto, hermano de María José, recuerda que ni siquiera recuperaron la ropa de su hermana que se llevó la policía para la investigación. "El gobernador, Pedro de Arístegui, nos dijo que había desaparecido", afirma Alberto.

La familia no recuerda que acudieran autoridades al funeral. Nadie conectó con ella. No hubo investigación ni juicio ni indemnización. El informe citado del Gobierno vasco reivindica la condición de víctima de la familia Bravo, que está convencida de que su hermana y su novio fueron confundidos con otras personas por los asesinos. "La familia quedó destrozada. Era la hermana menor, y mis padres sólo vivían para ella. Mi padre ya no fue el mismo. Murió pronto. El novio también murió hace tiempo. No se recuperó de unas lesiones tan graves", recuerda Alberto.

El de María José Bravo fue una de la docena de asesinatos producidos en las cercanías de San Sebastián entre 1979 y 1981, atribuidos a grupos parapoliciales, reivindicados la mayoría por el Batallón Vasco Español. Fueron asesinados en la zona José Ramón Ansa, Tomás Alba, Carlos Saldise, Felipe Sagarna, Jesús María Etxebeste, Miguel Arbeláiz, Joaquín Antimasbere, Víctor Fernández, Javier Ansa y Pablo Garayalde.

Algunos de estos casos fueron esclarecidos con la detención en 1981 de Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, de ideología de extrema derecha. Se les juzgó y condenó por siete de estos asesinatos.

El informe del Gobierno vasco precisa que de los 74 actos terroristas, sólo en 33 casos se tramitaron diligencias en la Audiencia Nacional y sólo en 17 culminaron con sentencia firme. Menos de la cuarta parte. El informe del Gobierno vasco admite que "la escasa y deficiente investigación policial en una parte muy importante de estas acciones violentas impide el esclarecimiento de un dato de especial relevancia, cual es el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales".

Otro de los numerosos casos en que no ha habido juicio ni sentencia es el del asesinato de José Antonio Cardosa, joven cartero de 22 años. Fue un asesinato cometido el 20 de septiembre de 1989, en Renteria (Guipúzcoa), cuando ya estaba prácticamente extinguida la actividad de los grupos parapoliciales.

A las 14.25 de ese día, Cardosa trataba de introducir un paquete en un buzón de un domicilio de Renteria. El paquete estalló y el joven cartero murió. La explosión produjo un boquete en la pared justo encima del buzón de Ildefonso Salazar, militante de Herri Batasuna, que había sido detenido cinco veces y había cumplido un año de prisión por colaboración con ETA.

María José Cardosa, hermana de José Antonio, recuerda que el funeral se celebró en un clima de bronca por el impacto del asesinato. Sobre el crimen se ofrecieron distintas versiones, aunque Cardosa fue reconocido como víctima del terrorismo por la ley de 1999. No hubo investigación hasta que en octubre de 1997 el juez Baltasar Garzón abrió un auto al hilo del sumario de los GAL. Fue sobreseído en 2000.

María José Cardosa lamenta que 20 años después no se haya hecho justicia con su hermano porque sigue sin conocerse la autoría del crimen. Lo mismo reivindicó un hijo de Liborio Arana, asesinado en Alonsótegui, en una asamblea de víctimas del terrorismo, convocada por el Gobierno vasco, en mayo de 2008: "No podemos olvidar que el atentado que mató a nuestro padre quedó impune. Nos duele que la investigación policial no finalizara con un acto de justicia. Desgraciadamente sucedió en demasiadas ocasiones en Euskadi con este tipo de terrorismo".

De esta situación se hizo eco Leonor Regaño, viuda del policía nacional Manuel Jódar, asesinado por ETA, y ex presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Euskadi. El 29 de septiembre de 2009, en un acto organizado por el Gobierno vasco en Vitoria, ante 500 personas -víctimas de ETA y familiares de asesinados-, reivindicó a "las otras víctimas, afectadas por grupos terroristas diferentes de ETA, que están pasando hoy por una situación similar a la que vivimos las víctimas de ETA hace años: la indiferencia de la sociedad, el abandono de las instituciones y la falta de reconocimiento".