La detención de Javier Duarte cierra el mayor escándalo de impunidad política de la etapa de Peña Nieto

La detención de Duarte se produce en una semana sin antecedentes en la lucha contra la corrupción en un país donde esta lacra está expandida como metástasis. A principios de semana era arrestado en Italia otro de los gobernadores prófugos, Tomás Yarrington, en busca y captura desde 2012. Al menos 20 gobernadores en los últimos 11 años –desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón- han sido investigados, detenidos o están prófugos de la justicia mexicana. Dos de ellos, hoy vistos como apestados, fueron considerados por el presidente, Enrique Peña Nieto, como estandartes de un nuevo PRI que no fue tal: el propio Duarte y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, todavía prófugo.

El arresto de Javier Duarte se da cuando queda mes y medio para que se celebren elecciones en tres Estados, entre ellos el de México, el más relevante del país, bastión del PRI desde hace más de 90 años y la casa de donde salió hacia Los Pinos Peña Nieto. Por primera vez, la victoria del PRI está en entredicho en el Estado de México. Ninguna de las encuestas da como ganador holgado al candidato, Alfredo del Mazo, que se disputa la gobernaduría con la candidata del izquierdista Morena, Delfina Gómez y la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Más allá de las elecciones en los Estados –Nayarit y Coahuila son los otros dos en disputa- las detenciones de Yarrington y Duarte se producen en un contexto en el que México otea los comicios presidenciales de 2018, en los que la lucha contra la corrupción es una de las banderas que enarbolan todos los partidos, incluido el PRI, el más afectado por su incapacidad en afrontarla, el más criticado y el que sale peor parado en todas las encuestas, que le sitúan en tercer lugar en la carrera hacia Los Pinos.

Duarte, el caso más emblemático de la historia corrupta reciente de México, fue arrestado en una pequeña localidad colonial de Guatemala, de apenas 11.000 habitantes, próxima al lago Atitlán, una zona turística con varios complejos hoteleros. Las imágenes de su detención, esposado, resignado, con aspecto desaliñado, contrastan con la vida opulenta de la que se vanaglorió en su época de gobernador de Veracruz, uno de los Estados con más peso electoral. Desmanes y excesos que han tocado a su fin.

El político priísta se fugó en octubre, después que se le acusara de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Unos días antes, había dejado su cargo, supuestamente para defenderse de las decenas de acusaciones que pesaban sobre él. La Procuraduría General de la República (PGR) le imputa el saqueo de 253 millones de pesos (13 millones de dólares) de los fondos públicos de las secretarías de Salud y Educación. Duarte fue detenido después de que el Gobierno de México solicitase al de Guatemala una orden detención provisional. De acuerdo a los tratados de extradición entre ambos países, el Ejecutivo de Peña Nieto deberá presentar formalmente la solicitud de extradición antes de un plazo de 60 días.

Duarte tendrá que hacer frente a las acusaciones que pesan contra él mientras los veracruzanos conviven con una herencia que más bien parece un parte de guerra. Dos meses antes de su fuga, se descubrió en las inmediaciones del Puerto de Veracruz la que, con los meses, se ha confirmado como la mayor fosa clandestina de México, con al menos 250 cuerpos. La violencia, por el control del narcotráfico entre Los Zetas y el cartel de Jalisco Nueva Generación, aumentó considerablemente desde la llegada de Duarte al poder, por no hablar de los ataques a la prensa: entre 2010 y 2016 fueron asesinados 17 periodistas. En el plano económico, el sucesor de Duarte, Miguel Ángel Yunes (PAN), afronta una deuda que asciende a 2.420 millones de dólares.

El ascenso y caída de Duarte o de Yarrington son dos ejemplos de cómo los partidos políticos mexicanos han mirado para otro lado ante la corrupción. El PRI, por ejemplo, expulsó a los dos exgobernadores de sus filas. En el caso de Yarrington, lo hizo en diciembre pasado. Lo que pretendía ser una decisión ejemplar no dejó de ser un gesto de cara a la galería, ridículo, pues suspendía de derechos a alguien que llevaba cinco años fugado de México, con órdenes de captura de su país y de Estados Unidos, por vínculo con el narcotráfico.

Las detenciones de Yarrington y Duarte –como la de Moreira hace más de un año en Madrid- se han producido fuera de su país, donde aparentemente han vivido sin mayores contratiempos, lejos de las turbulencias que sus casos han desatado. Ahora tendrán que hacer frente a la justicia de su país, tan en entredicho como la lucha contra la corrupción que se ha acelerado en plena época electoral.