La UE sitúa a España como ejemplo de control de flujos migratorios

Italia y Malta afrontan hoy la mayor presión migratoria en Europa, pero España vivió situaciones de gran tensión —sin llegar a las cifras italianas— hace 10 años. Europa trata ahora de emular la receta española que contuvo la llegada de inmigrantes a partir de 2006. El primer ministro británico, David Cameron, citó a España como ejemplo en política migratoria, según confirman cuatro fuentes que siguieron la discusión monográfica de los líderes europeos el pasado jueves en Bruselas. Algunas de las decisiones adoptadas en esa reunión están inspiradas en el modelo español, asegura un alto cargo del Consejo Europeo.

Lo que hoy son barcos cargueros que transportan a cientos de inmigrantes desde los puertos de Libia hacia Italia eran en 2006 rudimentarios cayucos que se aproximaban a Canarias. Aquel año llegaron a las islas cerca de 32.000 personas provenientes de África, un flujo que desbordaba las capacidades de esa comunidad, aunque quede lejos de los 170.000 que alcanzaron en 2014 la costa italiana. Ante esa crisis migratoria, el Gobierno español puso en marcha el llamado Plan África, que incluía programas de cooperación económica, desarrollo democrático y, sobre todo, medidas de control de fronteras entre países africanos y con el continente europeo para evitar que los extranjeros se embarcaran en la ruta marítima. Las llegadas se redujeron drásticamente.

Además de los acuerdos con Marruecos, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero firmó esquemas de cooperación con Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea Bissau y otros de la zona. A grandes rasgos, se trataba de ofrecer mayor cooperación económica, facilidades para la tramitación de visados y entrega de medios para el control de fronteras a cambio de que los países dejaran de ser coladeros de extranjeros irregulares que recorrían parte del continente con el fin de tomar un barco y llegar a Europa. España abrió embajadas en muchos de esos territorios y firmó acuerdos de readmisión que permitían devolver a todos los inmigrantes a los que se les negara la condición de demandantes de asilo.

“Ahora mismo llegan cero barcos a las costas españolas”, presumió el jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante sus colegas europeos. Más que una solución completa al problema migratorio, el plan permite sellar el punto de partida más cercano al país afectado, en este caso España. Pero en situaciones de crisis como la actual, quienes necesitan salir buscan otras vías rutas menos vigiladas. Es el caso de Libia, país en descomposición desde el que parten ahora principalmente sirios, eritreos y somalíes. Esa permeabilidad de la frontera libia hace hoy mucho más difícil cualquier estrategia de contención del éxodo.

Con esa idea española como referencia, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron el jueves una iniciativa que no suscita gran entusiasmo entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se trata de “la puesta en marcha de acuerdos nacionales de readmisión con países terceros para favorecer la readmisión de inmigrantes económicos en situación irregular”, asegura la declaración conjunta aprobada por los países miembros.

En la mente del Consejo Europeo están las cifras sobre readmisiones que publica Frontex, la agencia europea de fronteras. De las alrededor de 250.000 órdenes de expulsión que se emiten al año en los países comunitarios, los retornos reales se cifran en el 70%, una proporción bastante elevada pero poco homogénea geográficamente. Ningún país africano está entre las cinco nacionalidades que encabezan el número de expulsiones. Fuentes del Consejo Europeo atribuyen esta anomalía a la falta de acuerdos con países de ese continente para poder devolver a los extranjeros que tratan de abrirse camino en Europa.

Como primera toma de contacto para intentar forjar este tipo de acuerdos, los Veintiocho decidieron organizar una reunión en Malta en los próximos meses con la Unión Africana, organización que aglutina a 54 Estados de la región. La intención es “reforzar la cooperación política con los socios africanos a todos los niveles para atacar las causas de la inmigración ilegal y de luchar contra el tráfico de inmigrantes”.

Frente a las promesas de cooperación, los Veintiocho fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre la forma de repartir mejor a los solicitantes de asilo en el continente europeo. Alemania, que recibe un tercio de todas las solicitudes de la UE, abogó por quitar del texto final la referencia a que esas acogidas sean voluntarias, pero no prosperó. Ahora será la Comisión Europea la que tenga que presentar un modelo para repartir de alguna manera a los potenciales refugiados. La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró ayer en un acto de campaña que el sistema actual de asilo, denominado Dublín, no ha funcionado y abogó por rediseñarlo. Merkel sugiere que la acogida de extranjeros esté ligada al tamaño del país y al producto interior bruto (PIB), algo que otorgaría a España e Italia más solicitantes de los que acoge ahora.