La Fiscalía de Venezuela anuncia ocho fallecidos durante los disturbios

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reconoció en su programa de radio semanal la muerte de ocho personas y las lesiones de 137 durante las protestas en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. La cifra representa el primer parte oficial desde la semana pasada, cuando asesinaron a tres personas en una concentración convocada por la oposición para conmemorar el Día de la Juventud.

La declaración de la fiscal agrega los nombres de dos personas más que hasta ahora no habían sido computadas por la prensa, que contabilizaba seis. A ese saldo fatal se suma el nombre del fiscal tercero del Estado Carabobo, Julio González, quien falleció mientras trataba de esquivar una de las tantas barricadas humeantes utilizadas para cerrar las calles, y de otra víctima en el Estado Lara que la funcionaria no identificó.

El Ministerio Público registra 24 personas con privativa de libertad por las jornadas de protestas y para este viernes serán presentadas otras 80 aprehendidas por los hechos del jueves en distintos Estados del país. Los daños a la infraestructura son muy evidentes. Ortega Díaz hizo una lista: las sedes del Ministerio Público, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), del Ministerio para el Transporte Terrestre, así como a estaciones del Metro de Caracas, los bancos Venezuela y BBVA Provincial, las casas de los gobernadores de los Estados Táchira y Aragua y los vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), viviendas y vehículos de personas particulares.

La manera de contener la violencia ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos venezolanas y extranjeras. En un comunicado emitido este viernes en Nueva York, Human Rights Watch criticó la actuación de las fuerzas de seguridad por utilizar una excesiva fuerza contra los manifestantes opositores en varias ocasiones, que incluyen golpes a detenidos y disparos contra las multitudes desarmadas.

Este diario ha verificado denuncias de varias personas que aseguran haber sido dispersadas a balazos por civiles armados. Ocurrió en la urbanización Horizonte, en el este de Caracas. La Guardia Nacional, siempre según esas voces, disparó una bomba lacrimógena contra un piso de oficinas.

El comunicado de Human Rights Watch también se hace eco de la decisión del presidente Nicolás Maduro de censuras a los medios de comunicación. El último objetivo en el intento de prohibir la difusión de versiones que lesionan su credibilidad es la cadena estadounidense CNN en Español. En un comunicado la compañía anuncio que Caracas había revocado el permiso de trabajo a su equipo en Venezuela: los enviados especiales Patricia Janiot y Rafael Romo. En paralelo el Gobierno ha anunciado procedimientos para prohibir que la señal pueda verse a través de los servicios de televisión por suscripción.

“El Gobierno venezolano ha utilizado abiertamente las clásicas tácticas de un régimen autoritario al encarcelar a sus oponentes políticos, amordazar a los medios de comunicación e intimidar a la sociedad civil”, dijo José Miguel Vivancos, director de la división para las Américas de la organización. El caso más emblemático es el del líder opositor Leopoldo López, que está detenido desde el martes en una prisión militar en las afueras de Caracas, acusado de liderar los disturbios ocurridos en la capital venezolana desde el 12 de febrero.