Los ‘tories’ endurecen su mensaje antiinmigración de cara a las elecciones

La ministra británica del Interior, Theresa May, ha lanzado este lunes un duro mensaje contra la inmigración. En su intervención ante las bases conservadoras, reunidas en Manchester en el congreso de otoño, la jefa del Home Office anunció que los tories incluirán en su programa de las generales de 2015 la promesa de eliminar la ley británica de Derechos Humanos. Y recordó que sigue abierta la posibilidad de que Reino Unido abandone directamente la Convención Europea de Derechos Humanos “si es lo que hace falta para arreglar nuestras leyes de Derechos Humanos”.

May aseguró también que en el proyecto de ley de Inmigración que está preparando, el Gobierno recortará a cuatro las actuales 17 vías de recurrir una orden de deportación, lo que reducirá a la mitad el número de casos que se ven en apelación, que el año pasado ascendió a 70.000. También anunció que se extenderá el número de casos en los que la apelación no implicará la suspensión de la orden de expulsión.

La ministra pareció asociar este endurecimiento en materia de Derechos Humanos con las dificultades que han encontrado tanto la actual coalición de conservadores y liberales-demócratas como el anterior Gobierno laborista para deportar a sospechosos de terrorismo a los que no ha querido juzgar para no revelar en qué material de los servicios secretos se fundamentan esas acusaciones.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esas medidas no son un reducidísimo número de sospechosos de terrorismo, sino miles de inmigrantes ilegales o demandantes de asilo que intentan quedarse en Reino Unido y que consiguen a menudo evitar su deportación o retrasarla durante años amparándose en las leyes británicas o en la interpretación que los jueces británicos o el Tribunal de Estrasburgo hacen de las leyes que protegen los derechos humanos.

May citó, como suele hacer, la cuestión específica del artículo 8 de la Convención Europea, que se refiere al derecho a la vida familiar. Un asunto que en el pasado le valió un rifirrafe público con el entonces responsable de Justicia y único político conservador que no se avergüenza de ser europeísta, Ken Clarke. Los Comunes endurecieron la normativa para sortear ese problema, “pero algunos jueces han decidido ignorar al Parlamento y siguen poniendo la ley del lado de los criminales extranjeros en lugar del lado del público”, se quejó Theresa May.

El tono demagogo de la ministra se explica por la importancia que la cuestión de la inmigración puede tener en las elecciones de 2015. Sobre todo si, para entonces, el partido protesta UKIP aún tiene la fortaleza que mostró en mayo en las elecciones locales.

El otro caballo electoral será la economía. El responsable del Tesoro, George Osborne, ha prometido mantener congelados los impuestos energéticos en lo que queda de legislatura si encuentra la forma de compensar con recortes la caída de ingresos que sufrirá el Tesoro. Es la respuesta, más bien tímida, a la promesa laborista de congelar las tarifas eléctricas durante 20 meses si llegan al poder. También en clave electoral, Osborne prometió, entre otras cosas, que seguirá habiendo austeridad aunque mejore la economía. Es su manera de decirle a los británicos que si los laboristas vuelven al poder, volverá también el desbarajuste en las cuentas públicas.