La inflación no da tregua al Gobierno argentino

Argentina sufre una inflación superior al 10% anual desde 2007. Incluso está por encima del 20% desde 2010. Las agencias provinciales de estadística la situaban en el 23,1% en 2012 y en el 20,8% anual hasta mayo pasado.

La subida de precios no ha producido un colapso social porque los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández han impulsado la negociación salarial entre patronales y sindicatos, de modo que los trabajadores de la economía formal (que rondan los dos tercios de la total) mejoren la nómina por encima de la inflación. Pero en 2012 y 2013 los acuerdos salariales no mejoraron tanto el poder de compra de los empleados, aunque en junio pasado comenzaron a regir fuertes alzas de pensiones y ayudas sociales. El movimiento sindical, que antes apoyaba en forma mayoritaria al kirchnerismo, se ha dividido y el pasado 20 de noviembre Hugo Moyano, antiguo aliado y devenido rival a finales de 2011, concretó la primera y única huelga general contra Fernández.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, dijo en mayo pasado que "hay que prestarle atención a lo que pase con la inflación y el valor del dólar por un tema de competitividad de la economía". Ante el aumento de costes, el Gobierno de Fernández ha optado por proteger la producción local con barreras a la importación. Los exportadores, en cambio, han perdido rentabilidad, aunque no es la misma la situación de un agricultor que planta soja, principal producto del comercio exterior argentino, cuyo precio internacional sigue alto, que la de los productores de bienes y servicios menos tradicionales, desde las aceitunas y el vino hasta los servicios informáticos, a los que el Estado ha procurado asistir con créditos subvencionados.

Economistas de pensamiento ortodoxo recomiendan ajustar las políticas fiscal y monetaria para reducir la inflación, aún a costa de reducir el moderado crecimiento económico, mientras que sus colegas heterodoxos, como los del Plan Fénix, de la Universidad de Buenos Aires, coinciden en que debe bajarse el alza generalizada de precios por su impacto en el salario, la inversión y la competitividad de la tasa de cambio, pero recomiendan para ello el fomento de la expansión de la oferta, el combate de los oligopolios y la redistribución más equitativa del gasto público, entre otras medidas.

El Gobierno ha optado por moderar las reclamaciones salariales de los sindicatos amigos, mientras acordaba con los supermercados la congelación total de precios entre febrero y mayo pasados. El metalúrgico Antonio Caló, peronista kirchnerista, pactó un 24% para sus representados, mientras que Moyano, candidato de la oposición en las elecciones legislativas primarias del 11 de agosto próximo, acordó un 26% para sus camioneros. En junio, cuando la mayoría de los sindicatos ya habían pactado sus nóminas, los supermercados descongelaron los precios de 9.500 de los 10.000 productos que ofrecen y mantuvieron los de solo 500.

Habrá que ver qué nivel de inflación detectan las provincias ese mes. Sus estadísticas son más precisas que la del desprestigiado Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que la situó en junio en el 10,5% anual, o las de las consultoras privadas, que de media arrojaron un 23,7%, en ascenso después de la caída de los meses de congelación total en supermercados. Claro que las consultoras carecen de la capacidad para organizar encuestas tan amplias como las provincias.

Muchos economistas coinciden en que el primer paso para luchar contra la inflación consiste en admitir su verdadero nivel. El INDEC, que desde 2007 subestima la inflación, lleva años preparando un nuevo índice y la prensa argentina especula con que empezará a regir a finales de 2013.

El Banco Central también ha echado mano a una receta ortodoxa, la de subir los tipos de interés de sus colocaciones de deuda, aunque el objetivo de la medida no ha sido controlar la inflación sino bajar el dólar en el mercado ilegal. En un país con escasez de divisas por el déficit energético y el habitual ahorro en moneda norteamericana, las autoridades prohibieron la compra de divisas en 2011 y así se recreó una plaza paralela en la que el dólar llegó a valer 10,45 pesos en mayo pasado, pero con la subida de tipos y otras medidas ha bajado a 8,50, aún por encima de los 5,44 del segmento oficial.