Argentina evita la suspensión de pagos

Un tribunal de apelaciones de EE UU dejó este miércoles en suspenso el fallo de un juez que bloqueaba el 15 de diciembre el pago de la deuda que Argentina refinanció en 2005 y 2010 si antes no desembolsaba 1.330 millones de dólares (1.027 millones de euros) a los acreedores que no aceptaron las restructuraciones y que sigue litigando por la suspensión de pagos de 2001, la mayor de la historia. El tribunal de apelaciones del Segundo Circuito federal, con sede en Nueva York, estableció que la decisión del juez Thomas Griesa debe quedar en suspenso hasta examinar a fondo la apelación argentina.

El juez Griesa había establecido en febrero pasado que una cláusula llamada pari passu (al mismo ritmo) que estaba contenida en los bonos impagos en 2001 determinaba que los acreedores litigantes, a los que Argentina no ha pagado nada en 11 años, tenían derecho a recibir el mismo tratamiento que los que habían aceptado los canjes de deuda. El tribunal de apelaciones aceptó ese criterio en octubre pasado, pero le pidió a Griesa que le propusiera una manera de poner en práctica el pari passu. El juez contestó la semana pasada que Argentina debía pagar el 100% de lo demandado el 15 de diciembre.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y dos fondos norteamericanos tenedores de bonos reestructurados, Gramercy y Fintech (accionista del grupo de medios de comunicación Clarín), apelaron esta semana la decisión de Griesa y consiguieron una respuesta favorable más rápido de lo que planeaban. Fernández dice que no quiere pagar el 100% de la deuda aún impagada desde 2001 porque eso constituiría un agravio para el 93% de los acreedores de ese pasivo que en 2005 y 2010 aceptaron quitas de más del 50%. No obstante, este lunes Buenos Aires admitió la posibilidad de reabrir el canje de deuda para que los litigantes puedan aceptar la reestructuración y cobrar así una parte de lo debido. Los acreedores de la deuda refinanciada alegaron que la decisión de Griesa afectaba sus intereses, y ni siquiera el juez les había dado la oportunidad de sostener sus argumentos. También el Gobierno de Barack Obama y la Reserva Federal de Nueva York habían apoyado a Argentina para evitar el impago del pasivo reestructurado porque consideraban que esto podría constituir un mal antecedente para otros procesos similares, como los que tal vez afecten a países europeos.

El tribunal de apelaciones finalmente decidió este miércoles suspender la orden que había dado Griesa de pagar el 15 de diciembre a parte del 7% de los demandantes que rechazaron los canjes de Argentina. Los magistrados basaron su decisión en dos dudas: una, sobre la forma de aplicación del pari passu que propuso el juez de primera instancia y dos, sobre cómo se afectarían los intereses de terceros, desde los acreedores de deuda reestructurada hasta los agentes financieros de Wall Street que estaban contratados para girar el dinero de Argentina hacia esos inversores. Sucede que Griesa había advertido que estos agentes serían sancionados en caso de enviar los recursos solo a los acreedores del pasivo refinanciado.

El tribunal de apelaciones este miércoles fijó un calendario para la entrega de documentos de las partes en los próximos tres meses, con una presentación de argumentos orales el 27 de febrero próximo, según la decisión del tribunal. Es decir, hasta esa fecha Argentina no corre riesgos de caer en un impago de su deuda, que además en términos netos supone menos del 20% del PIB, frente a más del 90% en el caso de España.

"Estamos satisfechos con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito por haberse tomado este tema seriamente", dijo a la agencia Efe Sean O'Shea, abogado del fondo Gramercy. O'Shea afirmó que los acreedores que aceptaron los canjes de deuda argentina son "las víctimas" y los demandantes "estaban intentando quitarles su propiedad". Añadió que esta decisión logra que "la gente que aceptó una quita en su momento no sea discriminada aún más". A su juicio, la suspensión temporal del fallo de Griesa supone tomar las decisiones con tiempo "y no deprisa y corriendo", y celebró que la corte de apelaciones haya concedido a los tenedores de bonos reestructurados participar en las próximas audiencias, "lo cual nos había denegado el juez".

Del 7% de la deuda que no se ha reestructurado, y que supone unos 11.000 millones de dólares, el 60%, unos 6.600 millones, tiene legislación de Nueva York y por lo tanto tramita en el juzgado de Griesa. Casi la mitad de esa cifra está en manos de los llamados fondos buitre, que compraron los bonos después de la suspensión de pagos de 2001, cuando valían solo monedas, pero desde 2002 vienen litigando por el 100% del valor nominal de los títulos. Otros demandantes en EE UU son inversores institucionales de ese país y ahorradores argentinos. El 36% de la deuda impaga tiene legislación europea y el 2%, argentina.