Que actúen las Cortes

La cuestión catalana se ha convertido, como nunca, en el primer problema político español. Como tal debe enfocarse. Y por tanto las instituciones comunes deben implicarse en su resolución. Si el Gobierno es incapaz de hacerlo, la responsabilidad recae en el Parlamento.

Antes incluso que un chantaje al Estado, el borrador de la ley de desconexión para la independencia elaborado por la exigua mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la antisistema CUP es una agresión. Una agresión frontal y múltiple a los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes y a sus libertades reconocidas en el Estatut y la Constitución. Por eso no debe extrañar que el procés registre en encuestas como las que hoy publicamos su más ralo registro de simpatía y adhesión.

Los derechos amenazados son relevantes: a unos jueces independientes, a la información libre y sin censura, a la cooficialidad lingüística de catalán y castellano, a la separación de poderes que impida la omnipotencia del ejecutivo.

El proyecto clandestino revelado por EL PAÍS destruye incluso el llamado “derecho a decidir”. Al convertir el referéndum en mero trámite para ratificar las decisiones adoptadas por una exigua mayoría de diputados (que representan una minoría social) y no una opción libre, la ley de desconexión también lo secuestra. Los partidos y entidades que lo defienden deben retirar su confianza a quienes perpetran este desaguisado expropiatorio. No lo harán ni la Asamblea Nacional, ni Omnium, ni el pujolismo, ni Esquerra si prefieren la servidumbre real a la liberación retórica. Allá ellos.

Pero el desafío a las libertades de los catalanes —parte entera, y sustantiva, de la ciudadanía española— no puede quedar sin la respuesta de las instituciones comunes. Si los derechos de millones de sus ciudadanos corren peligro a manos de conjuras antidemocráticas y autoritarias, deben actuar. Si el Gobierno de Rajoy renuncia a tomar la iniciativa, como le hemos pedido en numerosas ocasiones, hará bien el legislativo en tomarla.

Porque en el Parlamento reside la soberanía por todos codecidida, y por tanto a este le compete la protección de los derechos de los ciudadanos. Esa función no solo recae en unos diputados territoriales, sino en el conjunto: es toda la Cámara quien representa a todos, de cualquier ideología, procedencia o condición social.

En los últimos meses se han registrado distintos amagos de llevar la cuestión a las Cortes: la invitación al president a sustituir una conferencia de propaganda por un diálogo político en el Senado (como la invitación a la conferencia de presidentes), la idea de constituir una comisión o subcomisión sobre la cuestión catalana en el Congreso, la reciente sugerencia a que acudiese a él a presentar sus proyectos.

Negado el diálogo por el Ejecutivo catalán, puede y debería el Congreso realizarlo con todas las fuerzas en él representadas. Y con los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica. Con el objetivo de salvaguardar los derechos amenazados: si la Generalitat no se ocupa del conjunto de los catalanes y ningunea a los no independentistas, ¿alguien se opondrá a este legítimo designio? ¿O es mejor abandonar a los catalanes al mal hado de un aventurerismo arbitrista?