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Parlament secuestrado

El secesionismo catalán presiona a los disidentes y vacía las instituciones

Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat
Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat

Hasta hace poco el Parlament era bastante eficiente y progresista. Desde 1980 destacó —en contenidos y a través de una forma cortés— por su efervescencia legislativa, en legislaturas de distinto signo ideológico; y como corresponde, en su función declarativa. Y ello, no solo en la defensa y promoción de la lengua y cultura y otros asuntos del autogobierno catalán. También en el impulso a los derechos humanos —muerte digna, derechos de la mujer, minorías, afectados por la pobreza—, legislando sobre el testamento vital, el derecho civil propio o las leyes de protección social en el ámbito de su competencia. Y proclamando la solidaridad política con las más diversas iniciativas que lo requerían.

Por eso —por ser un Parlamento democrático y porque solía ser ejemplar— es doblemente lamentable la creciente presión contra la amplia (y plural) minoría no independentista; la negación o minimización de sus derechos; la jibarización de la Cámara, en fin, a través de procedimientos secretos, ocultistas y siempre contrarios al principio de transparencia que la mayoría (en el hemiciclo, no en la sociedad) de Junts pel Sí dice defender.

El episodio de vaciar de contenido a la comisión de investigación parlamentaria sobre la actuación del exjuez —exsenador de Esquerra e íntimo de Oriol Junqueras— Santiago Vidal resulta ominoso y sin precedente en las anteriores 23 comisiones de este tipo creadas desde 1980.

A instancias de Esquerra —antes partidaria de las “manos limpias” y de la transparencia total—, el bloque secesionista acaba de bloquear las 155 comparecencias previstas. Tenían por objeto conocer el grado de exactitud de las declaraciones de Vidal asegurando que la Generalitat había construido una base de datos fiscales ilegal, o la confección de listas de jueces militantes de la causa secesionista.

Junts y la CUP alegan que la comisión parlamentaria podría aflorar realidades utilizables por la fiscalía contra la secesión. Excusa no solicitada, autoinculpación manifiesta. Este secuestro de facto de la comisión empieza a provocar reacciones en otras creadas en paralelo (como la de la Operación Cataluña sobre el juego sucio de Interior), donde los socialistas han abanderado el abandono en protesta.

A cada nuevo paso, el secesionismo va adoptando pautas propias del populismo extremo y autoritario. Se apresta a cambiar el reglamento de la Cámara para hurtarle el debate sobre la ley de desconexión exprés (ayer impidió convocar a expertos).

Igual que los extremistas del Brexit, que buscaban impedir a la representación de la soberanía el control de la ley de desconexión de Europa (teóricamente para recuperar la soberanía perdida) con la activación del artículo 50 del Tratado, lo que desbarató la Corte Suprema. Igual que el ultra húngaro Víktor Orbán, estos personajes pretenden saltar por encima de reglamentos, leyes, minorías, comisiones de control, Constitución y tribunales. La soberanía que propugnan es solo para ellos.

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