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Uber, las reglas del juego

El mercado del taxi debe liberalizarse, pero con normas regulatorias y fiscales iguales para todos

Un usuario utiliza una aplicación para pedir un servicio de taxi
Un usuario utiliza una aplicación para pedir un servicio de taxi

El criterio del abogado general de la Unión Europea sobre Uber y, en general, sobre las empresas de transporte colaborativo establece dos líneas básicas que deberían ser tenidas muy en cuenta en el futuro. La principal es que Uber es una empresa de transporte, que esa es su finalidad operativa principal y que el servicio de “puesta en contacto” entre pasajeros y conductores a través de aplicaciones tecnológicamente avanzadas es un factor secundario. La segunda, derivada de esta y no menos importante, es que los Gobiernos europeos están facultados para imponer las mismas licencias y autorizaciones que se exigen a los taxistas. Este es un cuerpo interpretativo que difícilmente podrán eludir los tribunales europeos cuando dicten las sentencias correspondientes.

Este criterio es tan razonable que apenas es necesario subrayarlo. No puede existir un mercado de transporte público con dos reglas y dos medidas para dos colectivos que ejercen la misma función. Podrá discutirse si el taxi debe ser liberalizado —en cuyo caso habría que proceder a enojosas indemnizaciones y modificaciones regulatorias que, por el momento, no figuran en las agendas políticas—; pero mientras eso no suceda, las empresas no pueden obtener beneficios de las desigualdades competitivas, que en este caso son normativas (licencias) y fiscales (Uber no paga impuestos en España). Estas ventajas, que no proceden de la competencia empresarial, favorecen a Uber; la empresa tiene que aceptar que no pueden mantenerse dos varas de medir, cosa que, tras un ejercicio de realismo, ya ha aceptado, al menos en España.

La vía más correcta es una liberalización pactada del mercado del taxi. Para que esta liberalización sea creíble y atractiva para el mercado (es decir, para los agentes y para los clientes) deben darse varias condiciones. La primera es que las normas sean universales y esté garantizada, mediante una autoridad inapelable, una calidad mínima en el servicio. La segunda es que no debe haber privilegios fiscales. Y por supuesto, hay que acabar con el mercado secundario de licencias, que durante años ha sido una de las lacras del taxi y que ahora amenaza al sector VTC.

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