Cuando las cosas son lo que parecen

Recientemente la Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE, figurando España como el séptimo Estado donde menos jueces hay por habitante y como el tercero donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente, tras Eslovaquia y Bulgaria. Hasta un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala”. Cabe destacar que, según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

Las sorprendentes revelaciones conocidas en los últimos días a raíz de las investigaciones judiciales en curso sobre casos de corrupción política ponen en evidencia que estamos ante algo más que una mera percepción. En las conversaciones interceptadas a algunos de los principales investigados se habla de “chivatazos” por parte incluso de una magistrada de la Audiencia Nacional alertando sobre las escuchas a que estaban siendo sometidos. También aluden a quitar a un juez que está en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción encargado de la investigación del caso para colocar a su titular, que se encuentra destinado en el extranjero por obra y gracia del Ministerio de Justicia. Sin olvidar los nombramientos en piezas claves de la fiscalía, como es el caso de la jefatura de Anticorrupción, con gran protagonismo en la instrucción del asunto en que aquellos están envueltos.

Tampoco ayudan a desmentir aquella percepción negativa de los ciudadanos la facundia del ministro de Justicia que denunciara en este mismo diario el recién fallecido periodista Joaquín Prieto, opinando cuanto le parece sobre la actuación profesional de juezas y fiscales, elogiando a unas y censurando a otras. Dejando bien a las claras su férrea concepción jerarquizada y dependiente del ministerio público. O la colonización de los partidos políticos en las instituciones de control, colocando al frente del Consejo General del Poder Judicial, órgano que tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces, a quien ha ostentado durante ocho años un alto cargo en los Gobiernos del Partido Popular. Por no citar la designación de sus miembros por cuotas entre los diferentes partidos políticos.

A lo anterior podemos añadir que los españoles no somos indiferentes ante esa lacra que es la corrupción y que acapara las portadas de los principales diarios. En las encuestas que periódicamente realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, a la hora de identificar los tres principales problemas que existen en España, los ciudadanos señalamos de forma repetida e invariable en los últimos años primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.

Siendo por ello algo tan sensible para los ciudadanos, estos necesariamente han de tener confianza en el sistema judicial como medio de luchar contra la corrupción política. Con la separación de poderes, en un Estado de derecho, los tribunales de justicia independientes e imparciales son claves en el control de los abusos del poder. Y no debemos olvidar que el ministerio fiscal, dotado de autonomía, tiene como función establecida en la Constitución, entre otras, la de velar por la independencia de nuestros tribunales. O como dice Perfecto Andrés, “la independencia del juez empieza a jugarse en el estatuto y la praxis del ministerio fiscal”.

Sorprende, a pesar de todo, que una mayoría de españoles conceda un sustancial grado de credibilidad y competencia a sus jueces, a los que en grandes líneas perciben como preparados, independientes —aun cuando estén presionados de forma generalizada por el poder político, los grupos económicos y sociales y los medios de comunicación—, imparciales en su actuación y honestos —el fenómeno de la corrupción es menor, según la percepción ciudadana, en la justicia que en otros ámbitos—. Y de hecho, diariamente, somos muchos los jueces que investigamos y juzgamos casos de corrupción política.

Ante este panorama es imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente y una fiscalía dotada de una autonomía funcional y sin dependencias externas que les haga inmunes a las injerencias y presiones del Gobierno o de los partidos políticos. Para ello hacen falta algo más que explicaciones de los responsables ministeriales, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

Ignacio González Vega es portavoz de Jueces para la Democracia.