Semana trágica del PP

La semana que se ha cerrado, con una concatenación casi vertiginosa de actuaciones policiales y judiciales, ha sido trágica para la imagen del PP, pero casi tanto o más para la moral de la ciudadanía, obligada a presenciar una vez más el enlodamiento de una tarea, la política, que por su máxima importancia debería ser tan ejemplar como irreprochable.

No se trata, por desgracia, de casos aislados o coincidencias, sino de un rosario de causas que retratan toda una época de laxitud, desgobierno y corrupción en la que el PP aparece siempre como involucrado, bien como beneficiario de financiación ilegal o como nido de altos cargos, militantes o personas afines señalados en graves delitos de corrupción. Desde la Gürtel hasta la Púnica en Madrid o Valencia (casos Ignacio González y Francisco Camps), a los que hay que sumar Baleares (caso Jaume Matas) y Murcia (caso Pedro Antonio Sánchez) más recientemente, lo cierto es que son demasiados los presidentes de comunidades autónomas del PP involucrados en escándalos de corrupción, por no hablar del hecho de que los cinco últimos tesoreros del PP estén acusados de financiación ilegal y el propio partido de beneficiario de ella a título lucrativo.

No cabe, por tanto, sino entender el abatimiento que provoca contemplar cómo personas elegidas para representar y servir a los ciudadanos han mostrado concebir esa actividad como una plataforma desde la que corromperse personalmente con cargo a los impuestos de todos aquellos a los que tenían que representar. Por eso, con las debidas garantías y salvaguardas que ofrece el Estado de derecho, esperamos y deseamos que caiga sobre los corruptos todo el peso de la ley y que España se vea pronto libre de esta lacra.

Pero tan comprensible como resulta la indignación con la corrupción, debemos valorar adecuadamente el hecho de que muchos de estos corruptos están hoy en la cárcel o en proceso de entrar en ella. Aunque tarde y con dificultades, incluso algunas veces, como estamos viendo, pese a la obstrucción del Gobierno, que intenta instrumentalizar a jueces y fiscales para protegerse o dilatar los procesos judiciales, estas actuaciones demuestran que en este país, felizmente, nadie está por encima de la ley.

Hasta la fecha, ni el PP ni Mariano Rajoy han rendido cuentas políticas sobre una corrupción que, como demuestra el caso de Rodrigo Rato, arrancó el mismo día de la llegada al poder del PP en 1996, bajo la presidencia de Aznar. Sin embargo, los tiempos están cambiando: como muestra la actuación de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, aunque sea ayudada por el nuevo escenario de pluralismo partidista, los políticos están entendiendo que frente a la actitud de ignorarlo todo y atribuirlo a conspiraciones, es posible ser proactivo en la lucha contra la corrupción.

Se equivocan, por tanto, quienes aprovechan la situación para, con trazo grueso, dibujar una crisis de la democracia o difundir la idea de que en España hay una trama corrupta que ocupa el poder y no puede ser desalojada de él. Al contrario, las imágenes de los banquillos de estos días, por dolorosas que sean, demuestran que en nuestra democracia, si se quiere, se puede salir de la corrupción.