Beber de la cloaca

¿Hay alguna relación entre las aguas residuales y los derechos humanos? Lamentablemente sí. Sabemos que la contaminación de los recursos hídricos y la falta de una gestión apropiada de las aguas residuales afectan negativamente la salud pública y el medio ambiente y aumentan las desigualdades, todas ellas cuestiones estrechamente vinculadas con los derechos humanos.

Los vertidos de las aguas cloacales de las viviendas y los originados por multitud de actividades económicas contienen organismos patógenos y otros contaminantes que son causantes de múltiples enfermedades, bien porque se vierten directamente al medioambiente con lo que el agua de consumo deja de ser potable, bien porque se produce un contacto directo con los vertidos o porque estos entran en la cadena alimentaria (riego con agua sin tratar, manejo de alimentos con aguas contaminadas, etc.).

Actualmente hay muy pocos datos disponibles que ayuden a cuantificar el problema, pero algunas fuentes estiman que más del 80 por ciento de las aguas utilizadas por el hombre se devuelven al medio natural sin ningún tratamiento previo. Según la Organización Mundial de la Salud esto provoca, entre otros problemas, que cerca de 1.800 millones de personas en el mundo consuman agua contaminada con materia fecal.

Los más afectados por esta realidad alarmante son aquellas personas que viven en asentamientos informales en los márgenes de ríos o cañadas a las afueras de las grandes ciudades, donde tienden a acumularse las aguas contaminadas. Pero también aquellas que deben gestionar el vaciado de sus propias letrinas o fosas sépticas para mantenerlas útiles, sin ninguna protección ni conocimientos de cómo hacerlo. Si bien los beneficios en términos de dignidad e intimidad derivados del acceso a servicios de saneamiento son indiscutibles, los beneficios en términos de salud no se pueden garantizar si los excrementos humanos no se almacenan, transportan, eliminan y se manejan de forma adecuada.

En consecuencia, las comunidades más desfavorecidas son de nuevo las más perjudicadas ya que ven limitado su desarrollo y aumentan su pobreza con el incremento de gastos de atención en salud, porque se ponen en peligro sus medios de vida y se reducen su productividad y sus oportunidades educativas. Todo ello tiene un impacto directo en la realización de sus derechos humanos.

Cuando la contaminación es puntual y a gran escala, ocasionada por algún accidente o mala práctica industrial, saltan las alarmas y se despiertan las conciencias ante lo efectos directos y visibles de tales desastres. Sin embargo, el impacto de una gestión inadecuada de las aguas residuales a largo plazo y de la contaminación difusa de las ciudades y de la agricultura (grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas disueltos en el agua que se infiltran en el terreno contaminando los acuíferos) tiene efectos mucho más devastadores en las comunidades situadas aguas abajo, lejos de la fuente de contaminación, a las que no se presta atención.

Hay todavía quien justifica que la contaminación es una consecuencia inevitable del desarrollo, invocando el derecho al desarrollo ante sus efectos negativos. Sin embargo, un modelo de desarrollo que vulnere los derechos humanos no debe ser una opción para los que opinamos que la dignidad de las personas y la sostenibilidad del planeta están por encima del afán de beneficios económicos. La decisión de gestionar o no las aguas residuales no debe ser solo una opción personal o comunitaria, ya que esta decisión afecta directamente a los medios de vida y la salud de otras personas. Por tanto, como problema colectivo de violación de los derechos humanos, los Estados están obligados a proteger a las personas contra estos abusos derivados de las acciones de cualquier agente, sea cual sea su naturaleza.

Esta realidad ha quedado plasmada en la agenda internacional del desarrollo aprobada por Naciones Unidas que establece como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles para 2030 mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial (ODS 6.3).

Este año, el Día Mundial del Agua que se celebra el 22 de marzo, quiere llamar la atención sobre este problema de magnitudes globales, de manera que los esfuerzos de los Estados y de la Cooperación internacional vayan más allá de garantizar el acceso universal a servicios básicos de saneamiento, en particular en los países que ya lo han logrado. Mientras se continúen sin tratar adecuadamente las aguas residuales y sin limitar los focos de contaminación ya sean de la agricultura, la industria o de los asentamientos humanos, se continuarán violando los derechos humanos.