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La conciliación laboral empieza por las autonomías

Valencia cuenta con un presupuesto dirigido a crear empleo de calidad con perspectiva de género. La demostración empírica del “quien quiere, puede”

Un padre juega con sus hijo.
Un padre juega con sus hijo. EFE

La demostración empírica del “quien quiere, puede” en conciliación laboral ha llegado en forma de nueve millones de euros aprobados por las Cortes Valencianas para crear empleo de calidad con perspectiva de género. La medida ─pendiente de concretar los requisitos que deberán cumplir las empresas para acogerse a esta línea de financiación─ responde a una Proposición no de ley presentada en junio de 2016 por el Grupo Parlamentario Compromís con enmiendas de Ciudadanos, e inspirada en la iniciativa ciudadana capitaneada por la Asociación Yo No Renuncio, con cerca de 300.000 firmas.

El objetivo de la resolución 266/IX aprobada por unanimidad era “establecer incentivos fiscales y crear una línea de ayudas para aquellas PYMES que adopten medidas dirigidas a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, como la flexibilidad de horarios de entrada y salida al trabajo, la jornada intensiva o el teletrabajo entre los trabajadores. Y al mismo tiempo iniciar una campaña institucional de concienciación sobre la importancia de la conciliación, así como de la necesidad de una racionalización de los horarios laborales”. De esta forma, las mujeres trabajadoras y madres no tendrían que acogerse a reducciones de jornada o excedencias para cuidar de sus hijos, evitando así las pérdidas económicas tanto para las familias como para los empresarios.

“Es un motivo de orgullo que los gobiernos del cambio, como han demostrado las Cortes Valencianas con la aprobación de estos presupuestos, den respuesta a las inquietudes ciudadanas. Cualquiera que tenga familia o una madre trabajadora cercana conoce esta problemática. Hablamos de nueve millones de euros, pero podrían llegar a 11 si tenemos en cuenta las medidas de fomento del empleo con perspectiva de género. El mal uso que se estaba dando a las supuestas medidas de conciliación, con reducciones de jornadas y excedencias que alejan a la mujer del mercado de trabajo hace necesario un cambio en el sistema laboral. Y la única forma de hacerlo es apoyando desde las instituciones a las empresas que facilitan la conciliación, para trabajar en la línea de la corresponsabilidad. No tiene sentido que hablemos de jornadas intensivas si no se da un cambio en la sociedad donde participen también los hombres. Pero tampoco tiene sentido que esto sea solo autonómico: sería necesario un Pacto de Estado que favorezca iniciativas conciliadoras en todo el país y por eso la iniciativa se llevará al Congreso de los Diputados para que se debata en la nación”, señala Mónica Álvaro, diputada de Compromís en Valencia y abanderada de la propuesta no de ley aprobada.

Madrid a la espera

El mismo texto para apoyar a las PYMES llegó a la Mesa de la Asamblea de Madrid el mes pasado ─aprobado con el apoyo de los grupos parlamentarios Podemos, PSOE y Ciudadanos─, que incluía la “creación de “bolsas de horas de conciliación” con un mínimo de 40 horas al mes, flexibilizar el horario diario, la reorganización del tiempo y promover el uso de tecnologías para evitar desplazamientos al trabajo”.

En este caso, para que la propuesta no de ley de la Comunidad de Madrid no acabe olvidada en un cajón sería necesario que el Gobierno regional aprobase partidas presupuestarias concretas, como se ha hecho en la Comunidad Valenciana. La oposición seguirá pidiendo que se haga.

“En Ciudadanos apoyamos que las empresas y los centros de trabajo sean eficaces, promoviendo horarios flexibles de entrada y salida, acumular horas de trabajo en “bancos de tiempo” que te permitan reducir la jornada en determinados momentos para acompañamiento de un familiar dependiente, por ejemplo, o atender a un hijo enfermo. También consideramos que sería útil facilitar turnos que se adapten a las necesidades de las familias y fomentar el teletrabajo desde casa, al menos un día a la semana. Para nosotros es esencial incidir y educar en la corresponsabilidad y creemos que conciliación y racionalización horaria van de la mano”, afirma Ana Rodríguez, diputada de Ciudadanos en Madrid, que apoyó junto al PSOE la iniciativa presentada por Unidos Podemos.

Para la Asociación Yo No Renuncio y el Club de Malasmadres, estos pequeños avances autonómicos son la prueba de que se podría aspirar a un Pacto de Estado. “Como asociación, vamos a reunirnos con los dirigentes de los partidos a nivel nacional para presentarles las conclusiones del Informe Somos Equipo, acompañado de la petición de un compromiso con la conciliación y medidas concretas. Nos parece que no se puede dar una discriminación por comunidades y el ejemplo de que las Cortes Valencianas hayan aprobado un presupuesto destinado a la conciliación demuestra que en el resto del país se podría hacer. Queremos saber si se va a plantear un Plan Nacional más allá de salir a las seis de la tarde, si se puede apoyar a las PYMES con incentivos fiscales y por qué no se toman medidas para favorecer la conciliación familiar real con los permisos de paternidad iguales e intransferibles”, señala Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.

Racionalización horaria y paternidad

Todas las iniciativas políticas y sociales coinciden en señalar que la corresponsabilidad pasa por dos cambios fundamentales. Por una parte, la racionalización de los horarios ─como reivindica la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles-ARHOE, con 50 propuestas concretas para favorecer la conciliación y que van más allá de salir a las 18 horas─ y por otra parte, la igualdad en el reparto de los permisos de paternidad, que también están por debajo de la media europea. Ambas propuestas todavía no encuentran compromiso político real.

“En PPINA [Plataformas por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción] llevamos 11 años reivindicando esto, con varias propuestas no de ley que han llevado distintos grupos políticos y que han sido aprobadas, incluso por unanimidad, en varias ocasiones. Pero nunca llegan a una aplicación práctica: ningún Gobierno las aplica con medidas concretas”, denuncia María Pazos, coportavoz de PPIINA. Y añade: “La última vez que lo han vetado fue el pasado 8 de marzo ante la Propuesta de Ley llevada al Congreso por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, argumentando que costaría más de 2.000 millones de euros. Además de que los números son falsos, están inflados con partidas destinadas a guarderías y podemos demostrar que no saldría tan caro igualar los permisos de paternidad, el Gobierno aprobó el gasto de 1.400 millones de euros en trenes AVE el año pasado, sin ir más lejos. Para trenes sí hay, pero para igualar los permisos de paternidad, no. Seguiremos perpetuando el papel de mujer cuidadora y padre trabajador si dejamos que los permisos de paternidad sean transferibles. Incluso por una cuestión económica: los padres van siempre a ceder las semanas a las que tienen derecho para volver al trabajo. Pedimos que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% a todas las personas, para que los hombres no tengan que renunciar a sus derechos sociales por motivos económicos y para que puedan ejercer la corresponsabilidad”.

¿Quién concilia en España?

La Fundación Más Familia promueve la iniciativa ‘Empresa Familiarmente Responsable’ (EFR), que reconoce las buenas prácticas empresariales en materia de conciliación. El certificado EFR ─que ostentan 554 empresas españolas─ fomenta una cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibilidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión. El perfil suele ser empresas del Ibex35, exportadoras acostumbradas a trabajar con diferentes países y horarios, sector servicios y tecnológicas, entre otras. “Una empresa con EFR tiene de 80 a 200 medidas de conciliación que no se limitan a salir a las seis de la tarde. Es mucho más. Suelen ser empresas de tamaño mediano y grande, porque para las más pequeñas es difícil dar el paso hacia la conciliación si no son apoyadas por las instituciones”, reflexiona Roberto Martínez, director de la Fundación.

“Entendemos que los poderes públicos no puedan hacerse cargo de todo el problema de la conciliación por el déficit, pero sí podrían ayudar a las pequeñas y medianas empresas con medidas como beneficios fiscales y contratación pública de proveedores que estén certificados con estas buenas prácticas. Nosotros pensamos que en España salir todos a las seis de la tarde no soluciona nada: un jefe que no cree en eso, no va a dejar salir a sus trabajadores a las 18.00 horas y muchos sectores no pueden aplicarlo porque perderían ventas. Habría que apostar por la flexibilidad y que se aplique a los horarios en función de las necesidades de los empleados y de las posibilidades del trabajo. Pero para esto necesitamos un compromiso político que beneficie fiscalmente y favorezca de verdad la conciliación”.

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