Alivio a los desahucios

Desde una perspectiva política, el acuerdo para ampliar hasta 2020 la moratoria antidesahucios de la vivienda habitual es un buen ejemplo de lo que puede conseguir la presión inteligente de la oposición para mejorar la situación de los colectivos más afectados por la crisis. El Gobierno ha prorrogado la moratoria y también ha ampliado el grupo de personas beneficiadas por ella a las familias que tengan hijos menores de 18 años. Se suman así a las que tengan menores de edad, estén en situación de desempleo, soporten algún tipo de discapacidad o dependencia, tengan a alguno de sus componentes afectado por una enfermedad grave o hayan sufrido violencia de género.

La sociedad percibió la proliferación de los desahucios de la vivienda habitual como una penalización desmesurada a los grupos de población más castigados por la crisis; e, intuitivamente, como una contradicción flagrante del derecho reconocido por la Constitución a una vivienda digna. El decreto de moratoria, muy mejorable en algunos aspectos, ha contribuido a rebajar el malestar social originado por la crisis financiera y la recesión.

Pero, igual que las medidas para combatir la pobreza energética, estamos ante disposiciones de carácter excepcional, pensadas para frenar (con cierto retraso) el impacto más brutal de la crisis. La vivienda requiere normas hipotecarias estructurales que articulen mejor y de forma más clara la relación de los tomadores de préstamos con los bancos y con la Administración. No sería tolerable la aparición de un problema similar al de las cláusulas suelo;pero está a punto de aparecer en el horizonte inmediato el caso de los gastos de constitución de hipotecas, que hasta ahora pagan los solicitantes, pero que probablemente tengan que pagar los prestamistas. Se trata de aproximar la ley española a la europea para evitar sonrojos como el que sufrió el Gobierno a manos de la justicia europea a cuenta de las cláusulas suelo