Autogolpe en Cataluña

Los urdidores del golpe parlamentario catalán contra su propio Estatuto —aún no consumado—, dieron ayer otro paso en su intento de demolición de la autonomía. La presión social les obligó a conceder más tiempo y un formato de ponencia —falsamente conjunta— a la reforma reglamentaria que les permitiría proclamar la secesión sin debate y sin el concurso de la oposición que representa a más de la mitad de los ciudadanos. Pero no la desecharon, como exige el estándar democrático. El portavoz parlamentario convergente, Jordi Turull —más fiel al pujolismo más corrupto que a la nueva cúpula del partido PdeCat—, justificó la deriva crecientemente autoritaria del secesionismo.

Afirmó que en “tiempos excepcionales” se requieren "medidas excepcionales", como ese cambio en el reglamento para sojuzgar y silenciar a los grupos opositores. Los guardianes del Estatut quieren ejecutar el autogolpe al Estatut en silencio, por sorpresa, contra sus propias promesas de transparencia, respeto a la legalidad y compromiso de contar con la mayoría social. Esa proclamación de una República “de derecho” catalana que se pretende realizar cambiando el orden del día de una jornada parlamentaria, y sin conocimiento público previo del pretendido texto de la ley de desconexión, es un verdadero putsch, aunque su ratificación se remita al resultado de un posterior —e ilegal— referéndum.

Encierra una deshonestidad cobarde: derivar la criminalidad del golpe a los parlamentarios secesionistas, liberando a sus jefes —inactivos en este episodio, cómodamente refugiados en el Ejecutivo— de la inhabilitación. Calca las exigencias de la (antisistema) CUP: primero la declaración unilateral de secesión, después el referéndum legitimador. Es la secuencia inversa a la prometida por Junts pel Sí (Esquerra y la exConvergència), ahora plegados a los anticapitalistas: si no se enmiendan, acabarán teniendo que huir de las iras de sus propios votantes moderados.