El señor de Murcia y François Fillon

Se trata de países y situaciones distintas, pero hay una característica común a muchos políticos: la defensa numantina de sus posiciones cuando les pillan en un renuncio y el intento de convencer a las tropas de que todos los sinsabores se deben a un complot del adversario, que no gana en las urnas y recurre a utilizar la justicia para continuar la guerra política al margen de los electores.

Este es el mensaje de fondo que ha emanado del entorno del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante la crisis provocada por su imputación en cuatro presuntos delitos. La situación le ha llevado a incumplir su promesa personal de dimitir si fuera imputado y a difundir extensamente un argumentario, comprado por el propio Mariano Rajoy, sobre su carácter de víctima de numerosos intentos anteriores de hacerle morder el polvo judicialmente, ninguno de los cuales ha prosperado. Que, sin ser falso, nada tiene que ver con la querella que pesa ahora sobre él.

La resistencia a dejar el cargo no conoce fronteras. François Fillon, brillante vencedor de las primarias de la derecha francesa, en las que derrotó contundentemente a pesos pesados como Nicolás Sarkozy y Alain Juppé, es sospechoso de haber beneficiado a su familia con fuertes cantidades de dinero público, principalmente sobre la base de un empleo falso conseguido para su esposa. Discurso similar al de Pedro Antonio Sánchez: al principio consideraba que la investigación iba a cerrarse enseguida, tanto que si llegaban a imputarle dimitiría; cuando Fillon se ha dado cuenta de que el procedimiento continúa y de que un juez le ha convocado para comunicarle la más que probable acusación formal, su reacción ha sido terrible para un defensor declarado de la ley y el orden: “Solo el sufragio universal y no un procedimiento (fiscal y judicial) llevado a paso de carga puede decidir quién es el próximo presidente de la República”. Y tras asegurar que se mantiene como candidato, ha apelado a sus menguantes tropas a resistir “el asesinato político en curso”.

Todas estas situaciones colocan a los electores ante un dilema. O bien el peso de sus ideas e intereses (conservadores, de seguridad, de liberalismo económico) se impone sobre las sospechas o indicios de delito, y mantienen a machamartillo la fidelidad de voto a la opción de siempre; o bien abandonan su terreno electoral habitual y dudan entre abstenerse o buscar otras ofertas. Esa es una de las razones que explican la tensión de fondo entre el Partido Popular y Ciudadanos.

¿Hay que hacer excepciones judiciales para los políticos? La pretensión de escapar a los procedimientos regulares o de que los pasos de los jueces no coincidan con periodos que les vengan mal equivale a reivindicar un régimen de excepción para la clase política. Lo cual es contradictorio con el hecho de que la mayor parte de las veces se denuncian entre ellos mismos; pero, sobre todo, cuestiona el funcionamiento normal del Estado de derecho y la separación constitucional de poderes.