Sin magistradas, no es Constitucional

El concepto de democracia paritaria ha dado lugar en las últimas décadas a un permanente debate en torno a su significado y, sobre todo, en torno a las consecuencias en que ha de proyectarse en nuestros sistemas constitucionales. Aunque han predominando las discusiones centradas en su dimensión más cuantitativa —la presencia de las mujeres en posiciones de poder y los instrumentos para hacerla efectiva—, no deberíamos olvidar que la paridad tiene también una dimensión cualitativa que nos remite a las raíces mismas de la democracia.

Si efectivamente la igualdad es el principio jurídico y el valor ético que sustenta el sistema que, pese a sus miserias, es el que mejor garantiza los derechos y libertades de los individuos, difícilmente el mismo merecerá el calificativo de democrático si la mitad femenina no goza de un estatuto de ciudadanía igual al de los hombres. Es decir, si no participan en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades en el ejercicio del poder y si el sexo continúa siendo determinante de discriminaciones. Por lo tanto, no es osada sino por el contrario obligada consecuencia afirmar que la democracia o es paritaria o no es.

Es la salud de nuestro sistema democrático, recordemos, la que está en juego.

A la espera de que el principio de paridad se incorpore de manera expresa en una urgente y necesaria reforma constitucional, no podemos negar a estas alturas que el mismo forma parte de las esencias del sistema y que, por lo tanto, ha de proyectarse en cualquier actuación de los poderes públicos y ha de presidir cualquier interpretación que hagamos de nuestro ordenamiento jurídico. Porque, insisto, estamos hablando nada más y nada menos que del derecho fundamental de las mujeres a acceder al espacio público, a participar en el ejercicio del poder y a formar parte de la definición de las políticas que nos afectan a todas y a todos.

El denominado mainstreaming de género nos obliga, y así se subrayó hace años en el Derecho Comunitario, a que la igualdad de mujeres y hombres no solo sea un principio transversal a cualquier política, sino que ha de ser el principal, en cuanto que nos remite a la condición esencial que como individuos nos sitúa en el espacio democrático. De ahí, por tanto, que las mujeres, en cuanto ciudadanas, tengan el mismo derecho que nosotros a estar en las instituciones, sin que en su caso, como suele ser habitual, se les exija un plus de méritos o capacidades. Tienen el mismo derecho que nosotros a estar y, por lo tanto, como diría Amelia Valcárcel, a ser tan malas como nosotros podemos serlo en el ejercicio del poder.

Estas lecciones básicas de democracia —porque no se trata de otra cuestión aunque algunos interesadamente, supongo que para mantener sus dividendos, las identifiquen como una reivindicación feminista y , por tanto, según ellos, parcial— deberían tenerlas presentes los partidos políticos que en fechas próximas tendrán que participar en la selección y nombramiento de las personas que integran el Tribunal Constitucional.

No creo que haga falta recordar el evidente desequilibrio que ha existido y que existe en su composición, como tampoco creo necesario recordar que el importantísimo papel que dicho órgano juega en la garantía de nuestro sistema. Simplemente teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene entre sus funciones decidir cuando una ley es o no constitucional, además de que actúa como último garante de nuestros derechos fundamentales a través del recurso de amparo, bastaría para que fuese más que evidente la necesidad de su composición equilibrada. Y no solo porque se trate de un mandato establecido expresamente en el art. 16 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino porque por exigencia democrática las ciudadanas deben estar presentes en un órgano que permanentemente está interpretando, acomodando y en ocasiones (no siempre) dándole vitalidad a nuestro ordenamiento. De ahí que, por ejemplo, no se entienda que hayamos puesto correctivos para que el Parlamento tenga una composición equilibrada de mujeres y hombres, mientras que dejamos que el Tribunal Constitucional —que con frecuencia actúa como un “legislador negativo”— siga ocupado mayoritariamente por varones.

Insisto: se trata de una reivindicación que deriva del mismo derecho de ciudadanía que tienen las mujeres pero también de la necesidad de que todas las instancias públicas reflejen las múltiples miradas que pueden hacerse sobre la sociedad que vivimos. De ahí que la paridad, también en el Tribunal Constitucional, acabe siendo garantía de mayor justicia social y de respuestas más ajustadas a una realidad marcada por las relaciones de género.

Y, por supuesto, frente a estas exigencias radicales, porque de hecho se nutren de los raíces del constitucionalismo, no vale esgrimir el argumento facilón, y perversamente machista, de que no hay suficientes mujeres juristas para optar a los sillones del Constitucional. Habría que recordarle al ministro de Justicia, que por cierto forma parte de un gobierno en el que la paridad brilla por su ausencia, (no sé si porque en el PP carecen de afiliadas o simpatizantes con el mismo nivel de competencia que los hombres), que las mujeres llevan ya décadas demostrando, también en el ámbito del Derecho, que son tan o más brillantes que nosotros, o como mínimo, igual de mediocres o malas que sus colegas varones. Escudarse en ese tipo de argumentos es la prueba más evidente de que la política y su principal instrumento, el Derecho, siguen en manos de los jerarcas patriarcales que se resisten a abandonar sus posiciones de privilegio. Porque, claro, para que entren ellas, algunos de ellos deberán hacerse a un lado.

Las mujeres tienen el mismo derecho que nosotros a estar en las instituciones, sin que, como suele ser habitual, se les exija un plus de méritos o capacidades

Esperemos pues que próximamente el Tribunal Constitucional, que por cierto no goza de la buena salud que debiera, responda al fin a un equilibrio desde el punto de vista de género, tal y como por cierto responde a otro tipo de equilibrios —territoriales, partidistas— que nadie parece discutir. Así lo reclama la Asociación Española de Mujeres Juezas y con ella todas las personas que hemos firmado un manifiesto llamando la atención de quienes en próximas fechas tendrán en sus manos la posibilidad de hacer un órgano paritario, es decir, democrático, o si por el contrario deciden que siga obedeciendo a los dictados de eso que Clara Campoamor denominó “república aristocrática de privilegio masculino”. Es la salud de nuestro sistema democrático, recordemos, la que está en juego.