El déficit de tarifa eléctrica amenaza de nuevo

Hay una competencia feroz entre Hacienda y Energía para ganar el trofeo a la regulación más cochambrosa. Del departamento de Cristóbal Montoro (incluida la Agencia Tributaria) se tiene cumplida impresión gracias al revuelo público causado por atropellos tan notorios como la Amnistía Fiscal o desarrollos incompetentes como el parcheo continuo en impuestos varios para cumplir con el objetivo de déficit. La subida de la luz, escandalosa e imparable, sin respuesta por parte del ministerio de Energía (sin respuesta inteligible, se entiende), revela que la regulación eléctrica está, al menos, en el mismo nivel de imprevisión y negligencia que la tributaria. Y aquí van dos ejemplos.

Según las proyecciones del ministerio de Energía, en 2017 se registrará un superávit de ingresos en el sistema de 9 millones. Hasta aquí, todo en orden. Pero si se compara esa cantidad con los 550 millones conseguidos en 2014, algo empieza a decaer. Según la Ley, el sistema no puede tener déficit. Así que a todos los agentes del mercado (generadores, comercializadores, consumidores) les encantaría saber que está haciendo o va a hacer el equipo del ministro Nadal para corregir la tendencia descendente de los ingresos. E el caso es que la situación es peor. Si se revisan las partidas previstas por el ministerio, resulta que el superávit se consigue gracias a una partida extraordinaria: los 175 millones de compensación por los costes de los territorios no peninsulares en 2015. En plata, en 2017 el sistema eléctrico tendría otra vez déficit de tarifa de 166 millones de no ser por una cuenta extraordinaria. ¿Es éste el nivel normativo perpetrado durante la era Soria y reiniciada en el mandato de Nadal?

Pero no es esa la única razón para barruntar un desbarajuste regulatorio que, si bien puede no tener efectos a corto plazo, devastará el bolsillo de los consumidores cuando, pasado el tiempo, nadie se responsabilice de la inacción presente. “El minuto perdido —decían los prusianos— ni la eternidad te lo devuelve”. En las cuentas del Gobierno para el sistema eléctrico en 2017 aparece una recaudación estimada (ingreso que se obtiene de los usuarios de electricidad, por supuesto) de 725 millones en concepto de pagos por capacidad (la ayuda extraordinaria que perciben las eléctricas para complementar los ingresos del mercado); pero como el pago a las empresas es de 390 millones, la pregunta lógica es ¿por qué se extraen 335 millones más de los necesarios? En ausencia de una explicación satisfactoria, incluso de una insatisfactoria, una hipótesis aceptable sería que en 2017 habría un déficit real de tarifa de 501 millones (166+335).

Con esta calidad regulatoria (una maraña de normas y correcciones tejida durante decenios de trapisondeo) no es de extrañar que el ministerio carezca de respuesta cuando estalla el precio de la luz. O se ha perdido en el laberinto de resortes que hay que tocar para moderar los precios o se ha creído de verdad que el precio del kilowatio responde a las fuerzas libremente actuantes en un mercado. Cualquiera de las dos hipótesis es una tragedia dolorosa para el consumidor.