La anti política en terreno fértil
Estamos a tiempo de recomponer el camino para no abonar el terreno a quienes buscan profundizar las crisis para alimentarse de ellas
Las redes sociales amanecieron inundadas hace unos días por una serie de vídeos producidos con calidad y un objetivo claro. Los mensajes de navidad y año nuevo que colapsaron las comunicaciones móviles y nuestra propia capacidad de responder por la cantidad y frecuencia, fueron reemplazados por uno que se repetía estratégicamente: Estado corrupto, 20 billones robados por políticos, la salud en quiebra y no más a los nuevos impuestos con los que el 2017 empezó en Colombia.
Ninguno hizo referencia a la disminución histórica de la tasa de homicidios, la más baja por primera vez en medio siglo. Al contrario, se incrementaron las críticas al presidente Juan Manuel Santos que logró sellar el proceso de paz con las FARC. El silencio de los fusiles del cual Colombia no tenía memoria no fue aplaudido y en cambio se insiste en castigar al mandatario incluso proponiendo la revocatoria de su gobierno.
Imposible no pensar quién está detrás de esa campaña anti políticos que se apropia de un tema de fondo como es la corrupción. La respuesta es simple: son los mismos políticos que aspiran a ser elegidos en el 2018 en contra de otro sector político que roba sistemáticamente de las entidades estatales amacizadas con el sector privado. En algunos casos las organizaciones ciudadanas participan pero para aparecer registradas en las imágenes del mensaje con el que quieren llegar a sus audiencias o futuros votantes.
Aciertan en la escogencia del tema para posicionar una especie de movimiento anti político que le abra espacio a nuevas figuras. Sólo en el último año tuvimos que enfrentar dos escándalos. Primero, los sobrecostos irregulares reportados por la Contraloría en Reficar, una moderna refinería construida en Cartagena por más de 4 mil millones de dólares, y el pago de sobornos de la empresa brasilera Odebrecht en el caso colombiano por valor de 11 millones de dólares para garantizarse contratos de infraestructura. Sin hablar del robo de los alimentos a los niños desnutridos de la Guajira y de un rosario de casos que relaciona el expresidente Alvaro Uribe en uno de sus comunicados de comienzo de año.
No estoy diciendo que los vídeos sean producidos por el Centro Democrático. A pesar de las coincidencias en los casos usados para ilustrar la corrupción, podrían ser realizados también por un sector del Polo Democrático. Incluso por los más Verdes del espectro político colombiano. O desde las mismas Voces de Paz con las que las FARC se inauguran como movimiento político.
Lo cierto es que lo que están buscando tiene riesgos enormes para la democracia, abriendo caminos al populismo que ya recorrieron con consecuencias irreparables países como Venezuela. O Brasil, donde los salvadores llegaron a convertir a esa nación en su botín.
Estamos a tiempo de recomponer el camino para no abonar el terreno a quienes buscan profundizar las crisis para alimentarse de ellas. Y solo será posible si a cada escándalo se le pone fin pero tras las rejas. Ya en ese papel ha empezado a demostrar su capacidad el fiscal Nestor Humberto Martínez pero hay que ir más allá de destapar. Castigar. Le tocará también al nuevo procurador Fernando Carrillo llegar con independencia a hacer lo propio y honrar la expectativa sobre su periodo.
El gobierno actual no puede darse el lujo de mostrar un estado incapaz, preso de su propia reglamentación para no ser eficiente como ocurrió con las demoras para poner a funcionar las zonas veredales para la concentración de las FARC. Ahí sí debían actuar con el conocido fast track pero no solo para aprobar leyes en el Congreso.
Las normativas alcanzadas no son ni mínimamente garantías de la implementación de los acuerdos si en el terreno las cosas no funcionan en los tiempos establecidos.
Una ciudadanía que no parece hacer parte de la red iracunda e impune que castiga a los políticos a los que imita en sus peores delitos, tiene una gran oportunidad para usar las herramientas de participación ciudadana sobre todo en lo que tiene que ver con la vigilancia del quehacer de los mandatarios regionales y locales.
A propósito de las iniciativas de revocatoria de los alcaldes de Bogotá, Bucaramanga, Neiva, Pereira y Cartagena, bien valdría la pena establecer un mecanismo para que los opositores de los mandatarios a los que se pretende tumbar no perviertan una figura que debería ser el “coco” para los ineficientes, y no la plataforma de sus aspiraciones electorales.
