En el debate migratorio, la izquierda es parte del problema

El partido conservador de Dinamarca impuso a los solicitantes de asilo a principios de este año la confiscación de lo que ellos definieron como “bienes no esenciales”. La medida fue comparada por algunos con la rapiña de bienes judíos por parte de los nazis, pero la oposición socialdemócrata tenía otra interpretación: tampoco es para tanto, siempre que les dejemos las posesiones de valor sentimental como los anillos de compromiso y los retratos familiares. Después ambos votaron a favor.

La izquierda española no ha llegado al punto de endosarle la factura a las propias víctimas, pero su actitud en el debate migratorio se asemeja a la de sus colegas daneses en un aspecto principal: limitarse al control de daños. Atrapados entre la radioactividad electoral de este asunto y el artificial estado de excepción generado alrededor de la crisis de refugiados, partidos y movimientos del ámbito progresista han concentrado sus esfuerzos en la solidaridad y en la protección de los derechos humanos, pero han renunciado a plantear alternativas radicales a un modelo roto de movilidad humana.

El problema es que hace ya mucho tiempo que no basta con poner tiritas. Seis años de crisis económica y tres años de crisis de refugiados han consolidado una doctrina migratoria nacionalista y aislacionista ajena a cualquier consideración ética y a numerosas obligaciones legales. Más aún, la artificial histeria política y mediática ha puesto freno a las iniciativas para racionalizar la movilidad internacional de trabajadores no comunitarios, que se beneficiaron en los años previos a la crisis de una 'primavera política' en forma de experimentos institucionales como el Proceso de Rabat o una diversidad de partenariados de movilidad temporal.

Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor sugiere que esto vaya a cambiar, por lo que el único modo de no seguir retrocediendo es empujar decididamente hacia delante. Frente a la ofensiva nacional-populista que asola Europa, liberales y progresistas están obligados a ofrecer un plan B que responda a dos necesidades fundamentales: expandir los supuestos de protección internacional –para incluir, por ejemplo, a los 65 millones de refugiados climáticos– y definir los mimbres legales e institucionales que gobiernen la movilidad internacional.

Y es ahí donde la izquierda española ni está ni se le espera.

De acuerdo con el Proyecto Avizor, de las 397 iniciativas de partidos progresistas relacionadas con la inmigración y presentadas en el Parlamento español entre 2011 y 2015, ni una sola iba dirigida a facilitar la entrada y salida del conjunto de trabajadores no comunitarios. De alguna manera mágica, los socialistas han pasado en solo una década de pelear por una Europa abierta a cavar junto a Partido Popular y Ciudadanos un cerco exterior a través de un Frontex reforzado.

Podemos tiene otro tipo de problemas. Tanto en España como en el Parlamento Europeo este grupo ha defendido el “acceso seguro y legal” de los refugiados y ha construido un interesante discurso retórico acerca del derecho a emigrar. Pero, como en el caso de los socialdemócratas, la inmensa mayoría de las acciones estaban orientadas a denunciar la violación de derechos o a garantizar la atención humanitaria de los desplazados forzosos, dos asuntos tan imprescindibles como insuficientes. Eso por no hablar de su posición a favor de un paradójico internacionalismo soberanista en Cataluña y otras regiones, que podría suponer en la práctica el levantamiento de nuevas fronteras dentro de Europa.

Nadie está diciendo que sea fácil. Hay muchos votos en juego y no está la izquierda para perder ninguno. Pero es posible que haya más margen de maniobra del que algunos podrían pensar. Una reciente encuesta realizada por Metroscopia para porCausa señala que el 50% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en el sistema de control de fronteras, mientras que un 61% cree que hay que abrir más vías legales para luchar contra la inmigración irregular. En este asunto al menos, la sociedad está por delante de sus representantes.

La del derecho a prosperar y vivir seguro fuera del lugar de origen es una batalla de largo plazo que –como la de los antiesclavistas o la de las sufragistas– exigirá el empeño de varias generaciones. Pero todas las consecuciones históricas tienen su origen en una radicalidad práctica que transforme la realidad a base de creatividad y liderazgo, tres virtudes escasas en la izquierda española. Esto tiene que cambiar por el bien de todos.

Gonzalo Fanjul es director de investigación de la Fundación porCausa