“El VIH me dio la oportunidad de enfocar mi vida hacia algo positivo”

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De adolescente, Erika Castellanos (Benque Viejo, Belice, 1975) habría preferido orinarse encima antes que tener que poner un pie en el baño de chicos de su escuela. Desde los ocho años tenía claro que no se sentía a gusto en su cuerpo, aunque desconociera la palabra transgénero. Esta activista trans VIH positiva se vio obligada a huir de su país a los 16 años, vivió en la calle, fue trabajadora sexual y consumidora de drogas, lo que le costó siete meses de cárcel. “Sin embargo, no puedo decir que me fue mal en la vida”, explica Castellanos, que hoy trabaja en abogacía con temas de VIH, derechos humanos, estigma y discriminación en Centroamérica y el Caribe.

Su infancia y adolescencia en un pequeño pueblo agricultor del oeste del país no fue nada fácil, admite. “Mis padres eran sumamente religiosos. Y al no saber qué hacer conmigo, decidieron pedir consejo a un cura”, cuenta. En un contexto en el que las leyes castigaban las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta 10 años de cárcel, el único remedio contemplado para su situación era “una clínica reparativa”, en la que permaneció seis meses. “Por primera vez empecé a sentirme muy culpable, porque se me atormentaba diciéndome que iría al infierno. Vivía un gran conflicto interior”, suspira. Sin embargo, cuando ya frecuentaba la escuela secundaria, le resultó obvio que no podía reprimir esos sentimientos.

Al terminar el ciclo de estudios, ya no pudo lidiar más con la represión de su entorno. “Cuando dije a mis padres que no iba a poder cambiar, reaccionaron de la peor manera y me pidieron que me fuera lejos. Algunas personas de la familia hasta llegaron a afirmar que preferían tener un pariente muerto antes que un puto”, dice.

A los 16 años, sin un duro en el bolsillo y sin conocer a nadie, viajó a Ciudad de México, donde acabó durmiendo en la calle, tomando drogas y ejerciendo trabajo sexual. Incluso así, considera que esta experiencia le brindó, dentro de todo lo malo, “algunas cosas buenas”. Hasta la prisión fue para ella “una gran lección aprendida”, aunque al principio fuera de "terror escalofriante".

En Belice, la homosexualidad estaba castigada por la ley hasta el pasado agosto de 2016

Su primera noche entre rejas se le quedó grabada en la memoria. “Los agentes me dieron jabón para lavarme y ropa limpia. Pensé que eran muy amables, pero no sabía lo que pasaba: me pusieron a la venta entre los reos para ver quién pagaba más para que me quedara en su celda”. Castellanos titubea al describir ese momento: “Lo único que me venía a la mente era la venta de esclavos en el pasado, fue algo muy denigrante”. Le tocó compartir cuarto con siete hombres, que le obligaron a elegir con quién se iba a acostar. “Me dijeron: ‘Escoge a uno o son todos”, recuerda. A lo largo de su estancia, sin embargo, conoció también a gente que le apoyó, como la familia de otro preso, que empezó a preocuparse por ella y que se ofreció a ayudarla al salir de la cárcel.

Entró así en una nueva etapa marcada por el estudio, un nuevo empleo —como trabajadora social— y una relación amorosa con una persona seropositiva. El 24 de diciembre de 1995 su vida volvió a dar un vuelco. El diagnóstico no le pilló por sorpresa: positivo. “Sin embargo, no me arrepiento de nada. El VIH cambió mi existencia, me dio la oportunidad de dar un repaso a lo que había sido mi vida y poder enfocarla hacia algo positivo”, explica.

“El médico me dijo primero que me quedaban seis meses de vida. Luego 12, luego dos años. Luego dejé de hacerle caso”. En la carrera a contrarreloj a la que eran sentenciados los pacientes en ese entonces, empezó a trabajar de voluntaria en clínicas para personas con VIH, a menudo abandonadas por sus familiares. “Esta experiencia me marcó por el resto de la vida. Me propuse que nadie muriera solo y también sentía esta fobia dentro de mí, no quería irme sola”.

Al cabo de unos años, al regresar a Belice por cuestiones burocráticas, se encontró con un trato hacia las personas VIH positivas muy distinto del que había recibido en México. Pese a ser el país de Centroamérica con la tasa más alta de incidencia del virus —en 2015, 3.600 personas vivían con ello, según ONUSIDA, siendo los transexuales los más afectados—, carecía de programas eficaces de atención a los pacientes.

La caída de las donaciones contra el VIH destinadas a países de renta media podría revertir los avances en la lucha contra el virus, según la experta

“Todo era como un secreto de Estado. La enfermera te hablaba bajito y te decía que no le revelaras nada a nadie, espaciaban las consultas para que no coincidieras con nadie en tu misma condición, pero todo esto es contraproducente”. Decidió reaccionar dando vida a la Red Colaborativa para Personas con VIH, de la que actualmente es directora ejecutiva, además de formar parte de la Delegación de Comunidades para la Junta Directiva del Fondo Mundial de lucha contra el sida, tuberculosis y malaria, entre entre otras tareas.

“El VIH nos brindó la oportunidad de hacer crecer la sociedad civil en toda la región y ahora podemos llegar a influir en las políticas del país”, recuerda. Como ocurrió en el caso de la derogación en agosto de 2016 de la ley que castigaba las relaciones homosexuales. “Una de las consecuencias de esta normativa era que los hombres gais y las mujeres trans no iban a los servicios de salud porque se les preguntaba por sus costumbres sexuales. Nadie en sus cabales admitiría que está infringiendo una ley ante un miembro de una institución pública que estaría obligado a avisar a la policía”, explica Castellanos.

Los esfuerzos de los activistas están ahora centrados en eliminar otras leyes discriminatorias, como la de migración (que prohíbe la entrada al país de personas homosexuales, entre otras categorías) y empezar a formular una normativa de identidad de género, una tarea pendiente para todos los países de Centroamérica.

El caso de Belice no es una excepción en la región. “El estigma y la discriminación están muy presentes. Hay asesinatos de mujeres trans todos los días en Brasil, México, El Salvador y Honduras. Desgraciadamente, el acceso a la educación para mujeres trans es aún muy limitado y están obligadas a recurrir a la prostitución para sobrevivir, muchas veces bajo las amenazas del crimen organizado. Estamos trabajando mucho en explicarles los riesgos de automedicarse ante la ausencia de servicios públicos específicos para ellas”, detalla la activista.

Castellanos teme que la caída de financiación por parte de los donantes internacionales a países que pasan a ser de renta media para centrarse solo en los de rentas más bajas pueda afectar la acción de la sociedad civil. “Se están realizando estudios para comprobar si estamos listos en términos de sostenibilidad. No queremos que pase lo mismo que ocurrió en algunos países de Europa del Este o Asia Central, donde la sociedad civil ha desaparecido al acabarse los fondos y la prevalencia del sida no deja de crecer”, advierte.

“Aunque los recursos asignados por el Fondo Mundial a América Latina y el Caribe serán menores, estarán mucho más enfocados a los servicios que el Gobierno no puede o no está dando”, según la activista. “No irán por ejemplo a medicamentos, sino que se centrarán en población clave: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas transexuales y población reclusa”, dice. Y así, añade, intentar evitar que se comprometa el logro de los objetivos de la Agenda 2030.