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El “otro” problema de las pensiones

También debemos garantizar que no se produzca la erosión de las prestaciones futuras que, si no cambia la legislación actual, a buen seguro se producirá

Entierro simulado del sistema de pensiones durante una protesta en Valencia

Nuestro sistema de pensiones tiene dos problemas. Del primero de ellos –su sostenibilidad financiera– todo el mundo habla, y se han escrito ríos de tinta. No es para menos, pues garantizar el futuro de dicho sistema exige que la caja de la Seguridad Social no acumule, como sucede ahora, déficits crecientes. Sin embargo, hay un segundo problema que en el debate actual pasa inadvertido, y que es igual de preocupante o más: si nada cambia, las dos últimas reformas del sistema de pensiones (en 2011 con Zapatero, y 2013 con Rajoy) ocasionarán una reducción de la pensión media durante las próximas décadas que, según los expertos, podría alcanzar el 30-35% (I. Zubiri, Cómo reformar las reformas de las pensiones…y el coste de no hacerlo, Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, nº 2, 2015).

La fuerte destrucción de empleo –asociada a la crisis económica y a las políticas de recortes– determinó que en 2010 la Seguridad Social entrase en números rojos. La reforma laboral y la devaluación salarial han agravado el problema, dado que la creación de empleo basura conlleva cotizaciones basura. Así, este año el déficit de la Seguridad Social alcanzará los 18.000 millones de euros. Las dos reformas anteriormente mencionadas han tratado de solucionar este problema de sostenibilidad adoptando el mismo enfoque: reducir el gasto futuro en pensiones, recortando derechos y prestaciones, en lugar de intentar incrementar los ingresos del sistema. Con ello, estas reformas han generado el “otro” problema de las pensiones.

Zapatero amplió la edad de jubilación a los 67 años, aumentó el periodo de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años, e incrementó de 35 a 37 los años necesarios para acceder a una pensión completa. Para la mayoría de quienes se jubilen en las próximas décadas, esto supondrá una reducción de sus prestaciones. Posteriormente Rajoy, al eliminar la obligatoriedad de que las pensiones crezcan de forma paralela a los precios, y al introducir el denominado factor de sostenibilidad, continuó erosionando las prestaciones futuras.

En los próximos años habrá que seguir ampliando la financiación de las pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

Cuando en las próximas semanas las principales fuerzas políticas del país se sienten para negociar la reforma que nuestro sistema de pensiones necesita, alguien deberá recordar que el problema de sostenibilidad no es el único que debemos resolver. También debemos garantizar que no se produzca la erosión de las prestaciones futuras que, si no cambia la legislación actual, a buen seguro se producirá.

Con dicha finalidad, es necesario adoptar algunas medidas de forma urgente: se debe reconectar el crecimiento de las pensiones con la evolución del IPC, derogar el factor de sostenibilidad introducido por el Partido Popular, situar el periodo de cálculo de la base reguladora nuevamente en los 15 años y aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que a lo largo de dos legislaturas sean iguales al Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, reducir el déficit actual y garantizar ingresos suficientes exige medidas en varios planos. En los próximos años habrá que seguir ampliando la financiación de las pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero antes pueden adoptarse otras medidas. Eliminar el tope máximo a las cotizaciones que en este momento tienen los salarios por encima de los 3500 euros al mes incrementaría la recaudación en torno a 6.000 millones. Prescindir de las generalizadas e ineficientes bonificaciones en la cuota empresarial supondría un ahorro adicional para el sistema de 3.500 millones de euros. Y una cifra similar podría añadirse a la financiación de las pensiones si dejásemos de subvencionar con fondos públicos los planes privados de jubilación.

Además, derogar la reforma laboral y fortalecer la negociación colectiva, fijar un suelo salarial en los 950 euros mensuales (para el empleo a tiempo completo), y penalizar el uso generalizado y fraudulento de la contratación temporal evitaría que se consoliden las reducidas cotizaciones al sistema. Si hoy tuviésemos la misma cotización media por afiliado que en 2011, la Seguridad Social ingresaría –dado el actual número de afiliados– en torno a 4.200 millones de euros más.

Finalmente, las urgencias del presente no pueden descuidar las prioridades del futuro. Es necesario impulsar la igualdad de hombres y mujeres en el mercado de trabajo para fomentar la natalidad: igualar los permisos de paternidad y maternidad –estableciendo su intransferibilidad– ayudaría, junto con la progresiva gratuidad de la educación de 0 a 3 años, a cerrar la brecha salarial y a incrementar la tasa de empleo femenina.

Nacho Álvarez es Secretario de Economía de Podemos y Profesor de Estructura Económica de la UAM

 

 

 

 

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