Jubilación activa

Fomentar la vida activa y aprovechar el caudal de experiencia y de conocimientos de las personas mayores es un objetivo importante para la sociedad y los poderes públicos. Por eso hace falta rectificar urgentemente los chirridos de una política sacada a la luz por un grupo de escritores y artistas, puestos en jaque por la Administración tras haber cobrado derechos de autor, conferencias y otras actividades creativas después de haberse jubilado. Prescindir del talento es una mala opción para la sociedad, como lo es impedir el trabajo en otras profesiones u oficios de los que voluntariamente quieran hacerlo.

En la actualidad, es ilegal cobrar el 100% de la pensión a la que cada uno tiene derecho y percibir ingresos del trabajo que superen el salario mínimo. Por eso es preciso hacer saltar esta barrera. Hoy por hoy solo es posible si el pensionista acepta fórmulas de jubilación que aminoran la pensión en función de otros ingresos —al menos en el sector privado—. Esas fórmulas se usan poco porque suponen para el afectado una penalización bastante alta.

La paradoja es que la incompatibilidad entre trabajo y pensión opera como un incentivo del trabajo irregular. Personas con oficio y profesionales jubilados cobran la pensión y ocultan los ingresos que les produce seguir en activo. Actuar de trabajadores encubiertos al cabo de tres o cuatro decenios de cotizaciones legales es la absurda salida favorecida por el sistema en vigor.

Es verdad que sobre el sistema público de pensiones se ciernen muchos nubarrones. El goteo de decisiones que adelgazan la hucha de las pensiones —el Gobierno anunció ayer otra saca— y el déficit de la Seguridad Social obligan a tomar medidas consensuadas sobre el conjunto del sistema. Si no se pone remedio, se acumularán las razones perversas que convertirán una conquista de la humanidad, como es la mayor esperanza de vida, en una amenaza para todos.

Pero el problema general no debe ocultar que envejecer es una tarea difícil y necesita de cambios sociales y políticos que integren esa realidad. No solo existen problemas para hacer sostenibles las jubilaciones del sistema público, sino que hay que anticiparse a dificultades crecientes para hacer frente a un mayor gasto en salud o residencia, probablemente necesitados de más inversión privada para compensar los déficits y las limitaciones presupuestarias que pesan sobre los recursos públicos. Disponer de otros ingresos también es un modo de ayudar con la contribución de impuestos.

Jubilarse es una cosa; retirarse, otra muy distinta. Son muy respetables las personas que prefieren hacer coincidir el cambio de situación administrativa con la efectiva salida del sistema productivo o de las tareas de creación intelectual, pero sin imponerlo a todos. Los escritores y los artistas no deben quedar reducidos al silencio a partir de los 65 años, como los carpinteros o los electricistas deben tener opciones distintas a la de pasar a la economía en negro para cobrar la pensión que se ganaron con sus cotizaciones. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha prometido soluciones. Hora es de aplicarlas.