Corrupción, mucho por hacer

El último barómetro de Transparencia Internacional arroja resultados muy negativos sobre la corrupción que los españoles perciben. Una amplia mayoría piensa que el Gobierno lucha mal o muy mal contra esta lacra, aunque sean pocos los ciudadanos que dicen haber pagado algún soborno. Más allá de algunas impresiones exageradas, de nuevo estamos ante un aldabonazo sobre la necesidad de reaccionar colectivamente ante una amenaza seria contra el sistema democrático.

Queda mucho por recorrer. Desde mejorar la aplicación de la Ley de Transparencia de 2013 hasta aplicar las recomendaciones de expertos como los del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que proponen medidas para una mayor independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, y elaborar un registro de lobistas que publique gastos, patrimonio, remuneración o regalos recibidos por los políticos. Otra medida importante es la protección de los denunciantes de la corrupción. Los partidos deben llevar a la práctica su compromiso teórico para sacar a España del grupo de países de la Unión Europea donde menos se ayuda a los que informan de corrupción. La experiencia es que más bien se les acosa, como les ocurrió a los primeros denunciantes del caso Gürtel.

Es inquietante verificar la cantidad de casos en los tribunales que afectan a organizaciones políticas o a personas que desempeñaron cargos en ellas, sobre todo del Partido Popular. Como también lo es constatar que, según el CIS, los votantes del PP muestran menos preocupación por la corrupción que los de otras fuerzas. En todo caso, mientras se mantenga el sistema de listas cerradas y bloqueadas, el votante tiene que decantarse entre abstenerse o dar su respaldo a toda la candidatura de un partido, sin posibilidad de discriminar. La corrupción es el segundo gran problema de este país, según coinciden Transparencia Internacional y el CIS, y como tal deben tratarla los responsables políticos.