La CPI se desangra en África

Laurent Gbagbo, ex presidente marfileño, durante su reciente en juicio en La Haya. / EFE

Primero fue Burundi, luego Sudáfrica y ahora Gambia. En apenas veinte días, tres países africanos han iniciado el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, genocidio y contra la Humanidad. En el fondo de la cuestión está el malestar que existe en el continente contra un organismo al que acusan de abrir causas sólo contra africanos, mientras crímenes cometidos en otros lugares del mundo no son sometidos a esta jurisdicción. África ya había amagado en varias ocasiones con desconectarse de la CPI, pero por primera vez la amenaza se ha concretado y se está produciendo una cascada de retiradas que supone un duro golpe para la arquitectura de la justicia internacional.

El terremoto comenzó el pasado 12 de octubre cuando el Parlamento burundés aprobó con 94 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones el proyecto de ley presentado por el Gobierno para iniciar el proceso de desconexión de la CPI. El gran impulsor de esta iniciativa es, sin lugar a dudas, el propio presidente Pierre Nkurunziza, cuyo régimen se encuentra en el visor de la justicia internacional después de que agentes del Estado hayan cometido (y sigan cometiendo) graves violaciones de los Derechos Humanos y posibles crímenes contra la Humanidad y genocidio, según concluyó el pasado mes de septiembre una misión de expertos de Naciones Unidas. “Estas graves violaciones son sistemáticas y constantes y la impunidad es omnipresente”, asegura el informe de la ONU. A la luz de todo ello, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordenó la apertura de una investigación contra doce altos cargos del régimen, entre los que se encuentra el hombre fuerte de Nkurunziza, el general Alain-Guillaume Bunyoni.

Una mujer sujeta un retrato de Nkurunziza durante una marcha de apoyo en Bujumbura. / AFP

Burundi, un país de África oriental de algo más de diez millones de habitantes, se sumergió en una grave crisis política en abril del pasado año 2015 después de que Nkurunziza anunciara su intención de volver a presentarse a las elecciones presidenciales pese a que ya había cumplido dos mandatos, límite recogido en la Constitución. Esta decisión provocó una inmediata reacción ciudadana y de la oposición en forma de manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el régimen. Unos días más tarde un intento de golpe de estado fracasa y eleva, aún más, el nivel de violencia y represión que ha provocado cientos de muertos y desaparecidos. En este contexto, Nkurunziza gana las elecciones celebradas en julio con el 64% de los votos.

Según los investigadores de la ONU, “aunque la intensidad de la violencia ha disminuido en la actualidad, el nivel global de opresión y de control de la sociedad ha aumentado lo que se pone de manifiesto mediante asesinatos arbitrarios y desapariciones forzosas que se suman a relatos creíbles sobre la existencia de lugares secretos de detención, casos de tortura y otras formas de malos tratos y detenciones arbitrarias a escala masiva”. Se cree que puede haber fosas comunes en diferentes lugares del país con cientos de cadáveres en su interior. Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación están sufriendo con especial virulencia esta campaña de represión orquestada por el régimen de Nkurunziza, que, como se ha visto, tiene buenos motivos para tratar de esquivar a la justicia internacional. El martes 18 de octubre la ley de retirada de la CPI era promulgada y firmada por el presidente.

Zuma y Al Bashir bromean durante la toma de posesión de Museveni en Uganda este año. / REUTERS

Sin embargo, la decisión de Burundi no ha venido sola. El pasado día 21 nada menos que Sudáfrica, la gran potencia económica del continente y uno de los países con más peso e influencia de toda África, adoptaba la misma decisión. La tensión entre el régimen de Pretoria y la Corte Penal Internacional se había elevado notablemente a partir de junio de 2015. El presidente sudanés, Omar al Bashir, imputado por el alto tribunal por crímenes de guerra y contra la Humanidad por el conflicto de Darfur, se encontraba entonces de visita en Sudáfrica cuando un juez emite un auto por el que le prohíbe salir del país. Rápidamente, y contraviniendo esta orden judicial, el presidente Jacob Zuma toma las disposiciones necesarias para permitir que el dictador sudanés tome un avión de vuelta a casa. En los días posteriores, Sudáfrica anunció que se retiraría de la CPI. Ahora ha cumplido su amenaza mediante el envío de una carta dirigida al secretario general de la ONU, que es el procedimiento legal establecido para ello. El plazo para que se haga efectiva esta retirada es de un año.

Una vez que las amenazas africanas se han hecho realidad, sumiendo a la CPI en una de las peores crisis de legitimidad de su corta historia, la reacción no se ha hecho esperar y ha venido desde otro país africano. Hace diez días, el ministro de Justicia senegalés y actual presidente de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, lanzaba un llamamiento desde Dakar para pedir a Burundi y Sudáfrica que reconsideran su decisión, aunque entendía las razones alegadas por ambos. “No podemos despreciar las críticas y recriminaciones de los países africanos, hay que examinarlas seriamente y corregir lo que sea necesario”, dijo Kaba. Igualmente el propio Ban Ki-moon, secretario general saliente de la ONU, pedía al Gobierno sudafricano, el que sin duda más preocupa en la comunidad internacional, que diera marcha atrás en su decisión en un intento vano de evitar el contagio a otros países del continente.

Yahya Jammeh, durante una cumbre internacional. / REUTERS

Y es que el incendio se sigue propagando. Horas después, un tercer país africano anunciaba también su retirada de la CPI. Este martes 25 de octubre el ministro de Justicia de Gambia, Sheriff Bojang, lanzaba un mensaje televisado a la nación en el que acusaba a este órgano jurisdiccional de “persecución contra los africanos” mientras que, aseguró, al menos treinta países occidentales han cometido crímenes de guerra en los últimos 18 años sin que sus dirigentes hayan sido investigados o molestados. Por todo ello, Bojang anunció que Gambia había decidido seguir los pasos de Burundi y Sudáfrica e iniciar el proceso de desconexión. Se da la circunstancia de que la Fiscal General de la CPI es la gambiana Fatou Bensouda, ex ministra de Justicia de este país africano.

Gambia, que sufre una feroz dictadura controlada por el presidente Yahya Jammeh en la que periodistas críticos y opositores son perseguidos, reprimidos e incluso asesinados (este año han muerto dos dirigentes de la oposición en la cárcel) y cuyos jóvenes están protagonizando un auténtico éxodo clandestino hacia Europa, había criticado con dureza a la CPI e incluso había intentado que se investigara por crímenes contra la Humanidad a la Unión Europea por la muerte de miles de inmigrantes en el Mediterráneo. El próximo 1 de diciembre se celebran elecciones presidenciales en este pequeño país de apenas 1,8 millones de habitantes que sufre uno de los regímenes más opresivos del continente.

Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, en una imagen reciente. / REUTERS

Las relaciones entre África y la CPI se han ido deteriorando con los años. Aunque este continente aporta 34 de los 123 países firmantes del Estatuto de Roma, del que no forman parte naciones como Rusia, China, EEUU o Israel, lo cierto es que la concentración casi en exclusiva de casos relacionados con África y las investigaciones abiertas en su mayor parte contra africanos, como el citado Omar al Bashir o el presidente keniano Uhuru Kenyatta, han acabado por agotar la paciencia de algunos dirigentes del continente. Precisamente fue Kenyatta quien en enero pasado presentó una proposición a la cumbre de la Unión Africana (UA) para considerar la aprobación de una hoja de ruta para que los países africanos abandonaran el Estatuto de Roma y, por tanto, la CPI. La propuesta fue aprobada y en la siguiente cumbre de la UA, celebrada en julio de este año en Kigali, el tema volvió a estar sobre la mesa. Sin embargo fue Senegal, un país muy respetuoso de los tratados internacionales que acaba de juzgar al dictador chadiano Hissène Habré en aplicación de la justicia internacional, quien se opuso categóricamente a que la Unión Africana profundizara en la resolución adoptada en enero, alegando que la UA no forma parte de este organismo y depende de cada estado soberano adoptar o no esta decisión. Dicho y hecho. Lo están haciendo.

Tras Burundi, Sudáfrica y Gambia otros países podrían seguir la misma senda, entre los que se encuentran Kenia, Chad o la República Democrática del Congo. Y es que si Nkurunziza y Jammeh tienen buenos motivos para intentar desacreditar a la CPI, tampoco les faltan a Idris Déby, Uhuru Kennyata o Joseph Kabila. ¿Serán ellos los próximos? ¿Se les sumarán tiranos como Mugabe (Zimbabue), Dos Santos (Angola), Denis Sassou Nguesso (República del Congo) o Paul Biya (Camerún)? Parece claro que la Corte Penal Internacional tendría que corregir su rumbo para acallar las críticas africanas, cosa difícil mientras no se sumen al Estatuto de Roma las grandes potencias y cambie el orden mundial que se expresa, por ejemplo, en un Consejo de Seguridad concebido como un club de élite, pero también parece evidente que barrer del escenario una de las opciones de Justicia que tienen los pueblos africanos frente a sus sátrapas es un error aún mayor. Esto no es África contra La Haya, es el florido club de dictadores y genocidas africanos peleando por su propia impunidad.