En desagravio de Turing y otros homosexuales

Alan Turing era un genio de las matemáticas. Sus conocimientos contribuyeron de forma decisiva al salto científico que más tarde permitiría la revolución de la informática y fue considerado un héroe nacional por haber logrado descifrar el código Enigma que los nazis utilizaban en sus comunicaciones secretas, lo que contribuyó decisivamente a la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial. Pero todo eso no le sirvió de nada ni pudo impedir que, unos años después, en 1952, fuera condenado por atentar contra la moral pública por mantener relaciones con otro hombre de 19 años. La sanción penal resultó devastadora para Turing. Se sometió a castración química para eludir la cárcel, pero su vida estaba destrozada. Apenas dos años después se suicidó mordiendo una manzana impregnada de cianuro.

Ahora, una ley lleva su nombre, pero no es una ley de la física, sino un hito jurídico destinado a restablecer el honor y reparar la memoria de los más de 65.000 británicos que se estima que fueron condenados bajo las ominosas leyes de la decencia moral por mantener relaciones con personas del mismo sexo. Para desgracia de miles de homosexuales, este tipo de relaciones siguen penalizadas en numerosos países, la mayoría de ellos musulmanes, pero en Reino Unido seguía abierta una herida que ahora se quiere suturar de forma definitiva con una ley impulsada por el diputado liberal demócrata John Sharkey, tras una campaña que reunió 640.000 firmas y fue apoyada por renombrados científicos y personalidades de la cultura.

Todo empezó cuando en diciembre de 2013 la reina Isabel II firmó un indulto a título póstumo para reparar la memoria y los tormentos de Alan Turing. El gesto era justo y necesario, pero ¿por qué solo Turing y no los otros miles de condenados, muchos de ellos anónimos y sin relevancia pública, que también fueron sentenciados por mantener “relaciones indecentes”? Turing hubiera estado de acuerdo. Como ha ocurrido en otros países, la despenalización aprobada en 1967 no incluía la reparación de los casos juzgados. Unos 50.000 condenados están ya muertos, de modo que la reparación es más bien simbólica. Se les cancelarán los antecedentes penales y su historial cívico quedará limpio. Pero se estima que otros 15.000 siguen con vida y en este caso, aunque la reparación incluye la supresión de antecedentes penales, la forma de hacerlo no ha satisfecho a todos.

Al contrario. La figura del indulto implica de algún modo reconocer una culpabilidad por una conducta que, de acuerdo con la nueva sensibilidad social y la correspondiente realidad jurídica, no es merecedora de sanción. No se trata, pues, de pedir perdón. Además, el procedimiento previsto obliga a cada condenado a solicitar la revisión formal de su expediente a las autoridades gubernativas. Es cierto que en algunos casos podían concurrir otras conductas que aún son delito, como mantener relaciones con menores, pero eso podría haberse subsanado de otra forma, sin necesidad de que cada afectado tenga que pedir el indulto en un procedimiento que puede ser enrevesado y oneroso.